Ley de Extranjería
“No son cromos”: colectivos piden que se respeten los derechos de los menores no acompañados en su reparto

“No son cromos. Imagínate que a uno de los menores españoles que están en mi centro de repente le trasladamos a Málaga. Eso no se puede hacer así como así. Pues igual con los niños y niñas no acompañados”. Valeria Mastroianni, integrante de la Red Canaria por el derecho de los migrantes, trabaja en un centro de acogida de menores. Valora que la reforma de la Ley de Extranjería para hacer vinculante un reparto de la infancia migrante no acompañada que llega a las islas es un mecanismo necesario, pero que ha de tener en cuenta el respeto de los derechos humanos de estos niños y niñas. El pasado lunes la ministra de Infancia, Sira Rego (Sumar) presentaba una proposición de ley acompañada de representantes del PSOE y Coalición Canaria para que las comunidades asuman de manera obligatoria el reparto de esta infancia.

Securitización vs acogida: ¿para cuándo el debate sobre el “reparto” del presupuesto migratorio?

Sarah Babiker

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Infancia migrante

Menores que migran solos Securitización vs acogida: ¿para cuándo el debate sobre el “reparto” del presupuesto migratorio?

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En el paradigma de la migración como problema a neutralizar, “repartir” a los menores parece lo más acertado, solidaridad, que cada cual se haga cargo de su parte del problema. En este debate, quedan sin discutir otros “repartos” más problemáticos.

En la Proposición de Ley se establece una “contingencia migratoria extraordinaria” en la que el órgano competente de la Administración General del Estado decidirá cuál debe ser la comunidad autónoma a la que se traslade para su ubicación a la persona menor de edad no acompañada en cada caso “siempre que se produzca una sobreocupación” respecto del número de plazas disponibles de al menos un 150%. El texto fija para Canarias un total de 2.000 plazas disponibles. Hoy son 6.000 los menores que se alojan en grandes centros masificados. Mastroniani sitúa en la “mala gestión del sistema de acogida” el problema: “6.000 menores no serían un problema si se gestionasen bien los recursos, hay un problema de mala gestión”.

“En 2018 comenzaron las llegadas importantes de menores y desde entonces no se han articulado mecanismos ni recursos para acogerles de manera estable. Todo se cubre con contratos de emergencia”

Redwan Baddouh Bejja, miembro de Regularización Ya que acompaña a migrantes en Canarias, recalca que la situación de los recursos de menores está así por responsabilidad del Gobierno insular. “En 2018 comenzaron las llegadas importantes de menores y desde entonces no se han articulado mecanismos ni recursos para acogerles de manera estable. Todo se cubre con contratos de emergencia, con recurso de emergencia, y este no es el procedimiento. Hay que articular recursos estables que den una acogida digna a los menores y que se termine esta situación”, expresa Baddouh. Y como Mastroniani comparte que el reparto que se planea, que valora como necesario, ha de realizarse “con cautela y responsabilidad” para que no sean tratados “como mercancías”. No se puede trasladar a una persona que lleva un año en Lanzarote, que ya tiene familiares o amigos, a otra comunidad autónoma donde no tiene a nadie, esto sería desastroso e iría en contra del interés de los menores".

Un parche ante un problema estructural

Días antes de que la ministra de Infancia presentara la reforma de la Ley de Extranjería, el Estado y las autonomías debatían el traslado voluntario de 2.000 niños y adolescentes en una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El PP se limitaba a desbloquear el traslado de 347 niños y niñas. Acto seguido, Vox decidía romper los Gobiernos con este partido en cinco autonomías. Durante dos años España a acogido a 62.000 niños y niñas procedentes de Ucrania sin ningún revuelo político.

Las niñas, niños y adolescentes que migran solos, en el centro del último pulso partidista

Sarah Babiker

Infancia migrante

Fronteras Las niñas, niños y adolescentes que migran solos, en el centro del último pulso partidista

Sarah Babiker

Junts, PP y Vox se resisten a la reforma de la Ley de Extranjería que propone el gobierno para regular el “reparto” territorial de las personas menores no acompañadas que llegan a Canarias.

Las entidades de acogida hacen hincapié en que si se quiere, se puede. El director general de CEAR, Mauricio Valiente, ponía como ejemplo lo ocurrido en 2020, cuando se dio una situación de sobreocupación en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) y “se vio cómo era perfectamente posible un sistema que derivara al conjunto de la península y que hiciera que a las personas se les pudiera atender, no en las condiciones óptimas, pero sí evitando situaciones extremas y dramáticas”.

El camino hasta conseguir la documentación puede tardar hasta siete años. “Muchos menores salen de los recursos cuando ya cumplen la mayoría de edad sin la documentación en regla”

En un contexto más amplio, las entidades hablan de soluciones cortoplacistas ante un fallo estructural que tiene que ver con la ausencia de vías seguras para migrar. “La reforma de un artículo de la Ley de Extranjería es solo un parche cuando no se ataca lo estructural. Estos menores no acompañados en su gran mayoría están en el tránsito a ser adultos. Ahí tenemos un gran problema en esa transición”, explica la portavoz de la Red Canaria por el derecho de los migrantes, quien detalla que cuando un adolescente llega a España, lo primero es determinar su edad. Si está indocumentado recurren a pruebas óseas “que tardan mucho y pueden dar errores”. Tras esto, el camino hasta conseguir la documentación puede tardar hasta siete años. “Muchos menores salen de los recursos cuando ya cumplen la mayoría de edad sin la documentación en regla”. 

Por tanto, ¿cuál es el cambio estructural necesario? Desde Regularización Ya hablan de una reforma consensuada de la Ley de Extranjería que elimine las barreras para que las personas migrantes accedan a su documentación. “Todo lo que va en contra de la libertad de circulación y la privación de las personas de poder contar con situación regular está generando estas situaciones que se podrían evitar”, expresa Redwan Baddouh, quien hila esto con la necesaria aprobación de la ILP por la regularización de las más de 500.000 personas que se encuentran en este país de manera irregular y que actualmente está varada en el Congreso en su trámite de enmiendas, tras aprobarse su toma en consideración en abril. Baddouh avisa del efecto de esta ILP sobre otros menores, aquellos que nacen en este país, cuyos progenitores se encuentran en situación irregular y heredan esa irregularidad. A través de esta ILP estos niños y niñas que han nacido en España podrían obtener también una documentación en regla.

Otro modelo de acogimiento

Desde la Fundación Raíces recalcan que el número de niños y niñas que se encuentran en España sin protección no es un problema real, “el problema real es la mala gestión que nuestras instituciones llevan a cabo” en materia migratoria. “La política migratoria de Europa y España obliga a las personas que migran a arriesgar sus vidas y miles la pierden intentando llegar a nuestras costas y entre ellas, muchas son niños y niñas. Hay que habilitar vías seguras que garanticen el derecho a migrar y el derecho a la vida”, destacan.

El nuevo modelo “debe garantizar el derecho del menor a ser oído y a acceder a una defensa letrada que mire por sus intereses”

Desde esta fundación recalcan que el nuevo modelo “debe garantizar el derecho del menor a ser oído y a acceder a una defensa letrada que mire por sus intereses y que le permita recurrir cualquier decisión que le afecte, incluso en contra de sus representantes legales”.

Para esta fundación la respuesta actual propuesta por el Gobierno “debe ir de la mano de un fortalecimiento del sistema de protección y del impulso de formas de acogimiento alternativas a la institucionalización contempladas en la ley, que garanticen adecuada protección en todo el territorio de manera equitativa y corresponsable”.

En España la infancia no acompañada puede estar un máximo de 24 horas en lugares de detención denominados Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) y luego son derivados a los sistemas de protección. Estos sistemas, en manos de las Comunidades Autónomas, no están faltos de polémica. Según el informe La acogida de Menores Migrantes en España en 2021 realizado por el colectivo Por Causa, cada comunidad establece sus propios criterios y pone a disposición diferentes recursos. Según las leyes de protección a la infancia, el acogimiento familiar tendría que ser el modelo prioritario de tutela. Sin embargo, en España, las cifras de este tipo de acogida son mínimas, y prevalece en la mayoría de los casos el internamiento en centros de menores. El informe pone un ejemplo: en el año 2020 en Andalucía se registraron 1.379 menores extranjeros no acompañados acogidos en centros de protección, mientras que únicamente 41 fueron acogidos en familias.

Para el portavoz de Regularización Ya, se está recurriendo a la improvisación sin generar soluciones estables. “El problema es que todo el rato lo ven como algo de emergencia y la situación demuestra que esto no es algo temporal. ¿Por que España no habilita vías legales? Mientras sigan viniendo en patera seguiremos recibiendo a menores en estas situaciones”, zanja Baddouh.