Opinión
¿Están mejorando los salarios de los trabajadores y las trabajadoras?

Antes de entrar en materia para contestar esta pregunta, procede hacer una acotación. En las páginas que siguen me centraré en el comportamiento de los salarios, siendo plenamente consciente de que las condiciones de vida de las personas trabajadoras están determinadas por un conjunto de factores que, aunque muy relacionadas con la dinámica salarial, trascienden esa esfera, como el disparatado precio de los alquileres y compra de las viviendas o el continuo deterioro de la sanidad y la educación públicas. Al poner el foco en la dimensión retributiva dejo asimismo de lado otros aspectos que nos hablan de la reconfiguración e intensificación de los ritmos de trabajo o a la precarización de las relaciones laborales. Un conjunto de temas que es imprescindible poner sobre la mesa para conocer la problemática y los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras.

Teniendo muy presentes estas restricciones, podemos intentar contestar la pregunta que está en la cabecera del texto. Su respuesta es clave para un gobierno que se reclama de izquierdas y, muy especialmente, para las organizaciones sindicales que pretenden defender los intereses de las personas trabajadoras, defensa que, entre otras cosas, pasa ineludiblemente porque mejoren sus retribuciones. Para contestarla, me propongo analizar el trienio 2021/2023, periodo que se caracterizó por dos rasgos fundamentales para el objeto de análisis.

Por un lado, la economía española dejó atrás la recesión provocada por la irrupción y generalización de la pandemia. Según la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en estos años experimentó una marcada recuperación de la actividad, con aumentos del Producto Interior Bruto (PIB) real intensos y superiores a los registros comunitarios; con el resultado de que en 2023 nuestro PIB era un 15,4% mayor que el de 2020 y cuatro puntos porcentuales superior al crecimiento obtenido en el conjunto de la Unión Europea (UE).

El segundo elemento a tener en cuenta es el comportamiento seguido por la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC), Este indicador registró su pico más elevado en 2022, un 8,3%, siendo en 2023 un 16,1% superior al nivel alcanzado en 2020.

En este escenario, me planteo dos cuestiones. En primer lugar, dado que cabría suponer (un supuesto fuerte del pensamiento económico conservador, aceptado asimismo por una parte de la “economía crítica” y de los sindicatos mayoritarios) que el crecimiento económico -que, como acreditan los datos que acabo de presentar, ha sido intenso- amplia el margen de maniobra para la implementación de políticas redistributivas, ¿ha mejorado la posición de las personas trabajadoras en materia salarial? En segundo lugar, me pregunto si, en un contexto de volatilidad en los precios y en todo caso con unos niveles todavía alejados del objetivo fijado por el Banco Central Europeo (un 2% anual), han conseguido preservar su capacidad adquisitiva.

Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el trienio considerado el salario medio del empleo principal aumentó un 11,5% en términos nominales (esto es, antes de descontar el aumento de los precios). Este crecimiento no ha impedido, sin embargo, que la participación de las retribuciones salariales en la renta nacional se haya reducido en algo más de 3 puntos porcentuales, pasando del 57,0% en 2020 al 54,1% en 2023.

Que su peso en el PIB se haya erosionado quiere decir que una parte creciente de las mejoras registradas en la productividad del trabajo (medida por el PIB por persona empleada, en euros corrientes), cuyo crecimiento en ese periodo, según Eurostat, fue del 21,3%, se ha convertido, sobre todo, en beneficios de las empresas. Una cuestión importante, pues, en efecto, en estos años se ha operado una redistribución, pero de naturaleza regresiva, a favor de las rentas del capital.

Una parte importante de las personas trabajadoras con empleo se mantiene en situación de pobreza

Por otro lado, el INE ofrece información actualizada y desagregada de los salarios correspondientes a cada decil de ingreso. Desde esta perspectiva, se aprecia en el periodo que estamos analizando una menor dispersión salarial. Si en el año 2020 las personas trabajadoras situados en el decil superior ingresaban 9,5 veces más que los que se encontraban en el inferior, en 2023 esa proporción era de 8,3. En otras palabras, las retribuciones de los colectivos que perciben salarios más bajos han crecido por encima del promedio y de los ingresos de los trabajadores situados en los niveles más altos de la escala salarial. Sin duda, el sustancial aumento del salario mínimo, que ha pasado de 950 en 2020 a 1080 euros en 2023, ha contribuido a esta favorable evolución. Con todo, una parte importante de las personas trabajadoras con empleo se mantiene en situación de pobreza. Las mejoras registradas en este sentido son escasas y, desde luego, claramente insuficientes. El porcentaje de las que se mantienen en situación de pobreza ha pasado del 11,8% en 2020 al 11,3% en 2023, lo que en términos absolutos supone 2337 mil trabajadores (2485 mil en 2020).

Si ponemos el foco en aquellos grupos de población mejor retribuidos, encontramos unas diferencias escandalosas con respecto a los salarios medios y bajos, diferencias que lejos de corregirse tienen a enquistarse o ampliarse. En este sentido, la Comisión Nacional del Mercado de valores proporciona una valiosa información. En un informe reciente figuran los ingresos de los altos ejecutivos de las grandes empresas. Un botón de muestra: en 2023 las retribuciones promedio de los presidentes ejecutivos y de los consejeros delegados de las empresas cotizadas en bolsa eran, respectivamente, de 2 y 2,6 millones de euros; en el caso de las empresas que cotizan en el Ibex esas cantidades aumentan de manera sustancial: 5,6 y 3,9 millones de euros, lo que supone varios cientos de veces los salarios de los colectivos de trabajadores peor retribuidos. Estos datos nos hablan de un escenario de polarización retributiva plenamente instalado en nuestra economía.

Todo lo anterior se refiere a los salarios nominales, pero finalmente lo realmente decisivo para las personas trabajadoras es su capacidad de compra; por esa razón importa saber lo que ha pasado con los salarios reales, los que resultan de descontar el aumento de los precios.

El 62,6% de las personas ocupadas vieron cómo el aumento de sus salarios se situó por debajo de ese promedio, lo que ha supuesto un deterioro todavía mayor de su capacidad adquisitiva

Lo primero a señalar es que el IPC ha aumentado entre 2020 y 2023 un 15,7%, cuatro puntos porcentuales por encima del crecimiento promedio de los salarios, lo que, en consecuencia, supone una clara pérdida de poder de compra. Más aún, el 62,6% de las personas ocupadas vieron cómo el aumento de sus salarios se situó por debajo de ese promedio, lo que ha supuesto un deterioro todavía mayor de su capacidad adquisitiva.

Hay que tener en cuenta, además, que las pautas de consumo son muy dispares dependiendo de los niveles de renta. Así, el 20% de la población con menores ingresos dedica una proporción sensiblemente mayor que la situada en los tramos de renta más alto al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas (21%) y a la vivienda, gas, electricidad y otros combustibles (42,5%).

Destaca, sobre todo, el primero de esos ítems, que en el periodo analizado ha experimentado une aumento de los precios del 27%. Un nivel de información más desagregado, que también ofrece el INE, ayuda a dimensionar mejor la brecha existente entre los salarios y el IPC. Algunos ejemplos muy significativos: en el trienio analizado el precio de los aceites y grasas ha aumentado el 94,5%, los combustibles líquidos, un 83,2%, los carburantes y lubricantes para vehículos, un 36,6%, las leches, quesos y huevos, un 33,1%, y el agua mineral, los refrescos y los zumos de frutas y vegetales, un 30,1% (y así se podría seguir con una amplia relación de rubros cuyos precios han sido muy superiores al promedio).

Ese tiempo de trabajo “regalado” a las empresas todavía representaba en 2023 el 42,1% del volumen total de horas extraordinarias, lo que cada semana supone unos 2,5 millones

Otro dato que apunta en la misma dirección, la erosión de los salarios reales, es la estimación de horas extraordinarias no pagadas. Ciertamente, en el periodo analizado se ha producido una mejora, pero el trabajo no retribuido continúa siendo enorme. Ese tiempo de trabajo “regalado” a las empresas todavía representaba en 2023 el 42,1% del volumen total de horas extraordinarias, lo que cada semana supone unos 2,5 millones.

Así pues, de los datos anteriores nada justifica la optimista valoración que ofrecen el gobierno y las cúpulas de los sindicatos mayoritarios. Las mejoras, cuando han existido, han sido claramente insuficientes: el aumento de la productividad ha beneficiado en mayor medida a las rentas del capital, la pobreza salarial continúa instalada en nuestra economía, los salarios reales han perdido capacidad adquisitiva y la inflación ha impactado sobre todo en los colectivos peor situados en la escala retributiva.