Galicia
El Gobierno tumba el intento de la Xunta de regularizar la ciudad deportiva del Celta declarada ilegal

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil emite un informe que echa por tierra los intentos del Gobierno gallego de declarar Proyecto de Interés Autonómico por la puerta de atrás una ciudad deportiva con centro comercial en montes comunales expropiados.
Infografia Ciudad deportiva Celta
El proyecto GS360 ya ha arrasado un gran entorno verde rodeado de bosques donde históricamente no ha habido nada construido.

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, dependiente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha emitido un informe desfavorable que echa por tierra los intentos de la Xunta de Galicia de regularizar, por la puerta de atrás, la ciudad deportiva que el Celta de Vigo comenzó a construir con licencias urbanísticas ilegales emitidas por el Ayuntamiento de Mos (Pontevedra), gobernado por el Partido Popular. Tras la ratificación de la sentencia por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y un pleito que comenzó cuando los propietarios de montes comunales de Tameiga (Mos) se opusieron a los planes de la empresa gestionada por la familia Mouriño, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y ahora de Alfonso Rueda intentaron declararla Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para regularizar su situación al margen de las sentencias judiciales.

El informe, al que ha tenido acceso en exclusiva El Salto, es preceptivo, vinculante y un paso necesario para que la Xunta de Galicia, gobernada al menos hasta el próximo 18 de febrero por el Partido Popular, pueda convertir en papel mojado una sentencia del alto tribunal gallego. Sin ese informe favorable, el camino se acaba aquí para el empresario Carlos Mouriño y su hija Marián, ahora presidenta del club vigués. “El pronunciamiento [es] desfavorable en cuanto a la disponibilidad jurídica de los recursos hídricos necesarios para el desarrollo del PIA, al no encontrarse, en la documentación aportada, claramente evaluados estos ni su procedencia, ni el futuro de las concesiones que se pueden ver afectadas”, reza el documento que firma el presidente de la Confederación, Manuel González Sarria. Y constata que, “a día de la fecha, en el ámbito del plan informado no existe ninguna reserva hidrológica declarada”. 

Informe de la Confederación Hidrográfica sobre la ciudad deportiva del Celta de Vigo by El Salto periódico on Scribd

Ecoloxistas en Acción y los comuneros de Tameiga celebran la contundencia del informe. Obviamente, explican a esta redacción, la insuficiencia hídrica señalada por la Confederación Hidrográfica condiciona totalmente la tramitación del PIA: “Este defecto no es subsanable en el corto plazo, no pueden fabricar agua ni sacarla de donde no la hay”. Ecologistas en Acción destaca que la propia construcción del proyecto GS360 agravaría la escasez de agua, ya que la construcción de un proyecto de esta envergadura que ocupa 150.000 metros cuadrados de terreno forestal “es muy perjudicial para las captaciones de agua, porque que ponen en riesgo nacimientos y cauces de arroyos dada la fragilidad de la capa geológica”, ahonda Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas. 

“El informe deja bien claro que no hay agua suficiente para abastecer el millón de litros diarios que demanda el proyecto, que además hasta planea un parque de atracciones de agua”, dicen desde Ecoloxistas

Subrayan que una vez ejecutado el proyecto se reducirá significativamente la capacidad de infiltración en toda la zona debido a la propia transformación del relieve y a los movimientos de tierra en primera instancia y, sobre todo, de manera permanente en todas aquellas árelas que se vean sometidas la algún tipo de pavimentación. “La Confederación Hidrográfica deja bien claro que no hay agua suficiente para abastecer el millón de litros diarios que demanda el GS360 —así se llama oficialmente el proyecto—, pero además el despropósito es tan grande que los promotores del GS360 han anunciado la construcción de un gran parque de atracciones de agua en el complejo de ocio”, se reafirma el portavoz de Ecoloxistas en Acción.

Familias y medio ambiente tras las expropiaciones aupadas por la Xunta

En 2017, desde los despachos de la empresa propietaria del Celta de Vigo, salieron algunas de las primeras ofertas de negociación para hacerse con cerca de medio millón de metros cuadrados de terreno mancomunado. Al otro lado, casi 450 familias propietarias del monte vecinal de Tameiga, en Mos (Pontevedra), un pequeño ayuntamiento gobernado por el Partido Popular y limítrofe con la ciudad de Vigo, histórica sede del Celta.

Los comuneros y comuneras dijeron que no, que querían sus tierras y que, además, esos precios estaban muy por debajo de lo marcado por el mercado. Al entonces presidente de la Xunta de Galicia y hoy líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, le importó poco y, como tantas otras veces, acudió a la llamada de Carlos Mouriño para presentar junto a él lo que las vecinas y vecinos de Mos apenas unas semanas tardaron en catalogar como el gran “pelotazo urbanístico” en su tierra. Ni a Feijóo, y ahora tampoco a Rueda, le importaron las sentencias que lo declaraban ilegal. Tenían a a toda la prensa de su parte publicando día sí y día también las cifras de empleo que supuestamente generaría y elaboradas infografías de las presuntas bondades deportivas  y económicas que traería el destrozo sin parangón de uno de los pulmones verdes del área metropolitana más poblada de Galicia. Les dio igual el clamor social y pusieron en marcha una declaración de PIA para facilitar, más todavía, la expropiación de este casi medio millar de familias y el beneplácito para ejecutar los negocios del club vigués.

De hecho, desde Ecoloxistas denuncian la interpretación torticera de este tipo de instrumento legal. Según la propia Xunta, los PIA tienen por objeto planificar y proyectar la ejecución de aquellas actuaciones que trascienden el ámbito municipal por su incidencia territorial, económica, social o cultural, su magnitud “o sus singulares características que las hagan portadoras de un interés supramunicipal cualificado, que no tienen previsión ni acomodo en el planeamiento urbanístico”. Algo que fue previsto para poder ampliar o instalar infraestructuras indispensables como un hospital público o una planta de reciclaje, como efectivamente ya ha ocurrido en el pasado en Galicia.

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Galicia
O Goberno tomba o intento da Xunta de regularizar a cidade deportiva do Celta declarada ilegal

A Confederación Hidrográfica Miño-Sil emite un informe que bota por terra os intentos da Xunta de declarar Proxecto de Interese Autonómico pola porta de atrás unha cidade deportiva con centro comercial en montes comunais expropiados.
Infografia Ciudad deportiva Celta
O proxecto GS360 xa arrasou unha gran contorna verde rodeada de bosques onde historicamente non houbo nada construído.

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, emitiu un informe desfavorable que bota por terra os intentos da Xunta de Galicia de regularizar, pola porta de atrás, a cidade deportiva que o Celta de Vigo comezou a construír con licenzas urbanísticas ilegais emitidas polo Concello de Mos (Pontevedra), gobernado polo Partido Popular. Tras a ratificación da sentenza polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) e un preito que comezou cando os propietarios de montes comunais de Tameiga (Mos) opuxéronse aos plans da empresa xestionada pola familia Mouriño, o Goberno de Alberto Núñez Feijóo e agora de Alfonso Rueda tentaron declarala Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para regularizar a súa situación á marxe das sentenzas xudiciais.

O informe, ao que tivo acceso en exclusiva O Salto, é preceptivo, vinculante e un paso necesario para que a Xunta de Galicia, gobernada polo menos ata o próximo 18 de febreiro polo Partido Popular, poida converter en papel mollado unha sentenza do alto tribunal galego. Sen ese informe favorable, o camiño acábase aquí para o empresario Carlos Mouriño e a súa filla Marián, agora presidenta do club vigués. “O pronunciamento [é] desfavorable en canto á dispoñibilidade xurídica dos recursos hídricos necesarios para o desenvolvemento do PIA, ao non atoparse, na documentación achegada, claramente avaliados estes nin a súa procedencia, nin o futuro das concesións que se poden ver afectadas”, reza o documento que asina o presidente da Confederación, Manuel González Sarria. E constata que, “a día de hoxe, no ámbito do plan informado non existe ningunha reserva hidrolóxica declarada”.

Informe de la Confederación Hidrográfica sobre la ciudad deportiva del Celta de Vigo by El Salto periódico on Scribd

Ecoloxistas en Acción e os comuneiros de Tameiga celebran a contundencia do informe. Obviamente, explican a esta redacción, a insuficiencia hídrica sinalada pola Confederación Hidrográfica condiciona totalmente a tramitación do PIA: “Este defecto non é emendable no curto prazo, non poden fabricar auga nin sacala de onde non a hai”. Ecoloxistas en Acción destaca que a propia construción do proxecto GS360 agravaría a escaseza de auga, xa que a construción dun proxecto desta envergadura que ocupa 150.000 metros cadrados de terreo forestal “é moi prexudicial para as captacións de auga, porque que poñen en risco nascentes e leitos de regatos dada a fraxilidade da capa xeolóxica”, profunda Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas.

“O informe deixa ben claro que non hai auga suficiente para abastecer o millón de litros diarios que demanda o proxecto, que ademais ata planea un parque de atraccións de auga”, din desde Ecoloxistas

Subliñan que unha vez executado o proxecto reducirase significativamente a capacidade de infiltración en toda a zona debido á propia transformación do relevo e aos movementos de terra en primeira instancia e, sobre todo, de maneira permanente en todas aquelas árelas que se vexan sometidas a algún tipo de pavimentación. “A Confederación Hidrográfica deixa ben claro que non hai auga suficiente para abastecer o millón de litros diarios que demanda o GS360 —así se chama oficialmente o proxecto—, pero ademais o despropósito é tan grande que os promotores do GS360 anunciaron a construción dun gran parque de atraccións de auga no complexo de lecer”, reafírmase o portavoz de Ecoloxistas en Acción.

Familias e medio ambiente tras as expropiacións apoiadas pola Xunta

En 2017, desde os despachos da empresa propietaria do Celta de Vigo, saíron algunhas das primeiras ofertas de negociación para facerse con preto de medio millón de metros cadrados de terreo mancomunado. Alén, case 450 familias propietarias do monte veciñal de Tameiga, en Mos (Pontevedra), un pequeno concello gobernado polo Partido Popular e limítrofe coa cidade de Vigo, histórica sede do Celta.

Os comuneiros e comuneiras dixeron que non, que querían as súas terras e que, ademais, eses prezos estaban moi por baixo do marcado polo mercado. Ao entón presidente da Xunta de Galicia e hoxe líder do Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, importoulle pouco e, como tantas outras veces, acudiu á chamada de Carlos Mouriño para presentar xunto a el o que as veciñas e veciños de Mos apenas unhas semanas tardaron en catalogar como o gran “pelotazo urbanístico” na súa terra. Nin a Feijóo, e agora tampouco a Rueda, importáronlle as sentenzas que o declaraban ilegal. Tiñan á toda a prensa da súa parte publicando día si e día tamén as cifras de emprego que supostamente xeraría e elaboradas infografías das presuntas bondades deportivas e económicas que traería a desfeita sen parangón dun dos pulmóns verdes da área metropolitana máis poboada de Galicia. Deulles igual o clamor social e puxeron en marcha unha declaración de PIA para facilitar, máis aínda, a expropiación deste case medio milleiro de familias e o beneplácito para executar os negocios do club vigués.

De feito, desde Ecoloxistas denuncian a interpretación torticera deste tipo de instrumento legal. Segundo a propia Xunta, os PIA teñen por obxecto planificar e proxectar a execución daquelas actuacións que transcenden o ámbito municipal pola súa incidencia territorial, económica, social ou cultural, a súa magnitude “ou os seus singulares características que as fagan portadoras dun interese supramunicipal cualificado, que non teñen previsión nin acomodo no plan urbanístico”. Algo que foi previsto para poder ampliar ou instalar infraestruturas indispensables como un hospital público ou unha planta de reciclaxe, como efectivamente xa ocorreu no pasado en Galiza.

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