Frontera sur
Melilla-Nador, 24 de junio de 2022: anatomía de un crimen racista

No fue un accidente ni el fruto de una avalancha, sino una trampa planificada durante las jornadas anteriores para que cientos de personas migrantes cayeran en ella. Una  investigación, conducida por un equipo multidisciplinar, vuelve a abrir una serie de interrogantes sobre la actuación de la policía nacional española en los hechos de Melilla del 24 de junio de 2022 y arroja esa conclusión: no un trágico accidente sino una acción premeditada.

Las acusaciones, fundamentadas en un trabajo de investigación internacional publicado hoy con el nombre de La trampa de la frontera entre Nador y Melilla, apuntan directamente a que las autoridades fronterizas españolas presenciaron y participaron de la violencia en la frontera. Una violencia que solo se entiende, subrayan estos investigadores, por las condiciones de racismo —" específicamente, de negrofobia”— y de colonialismo de la frontera sur.

Tendayi Achiume, exrelatora sobre las formas contemporáneas de racismo y presidenta de honor de la organización Border Forensics, uno de los proyectos implicados en el informe, ha destacado cómo este informe “provee una imagen de lo que ocurrió: una trampa generada a conciencia; la masacre no fue una operación que salió mal, sino que se basó en una exclusión racial”. Mahamat, superviviente de la masacre, coincide en señalar ese punto: “no solo nos querían detener, nos trataban de enseñar que no éramos importantes”. Cuenta Mahamat que, durante la hora y media que estuvo atado de pies y manos en el suelo, se preguntó: “¿Somos humanos? ¿son humanos quienes nos están matado?”

El trabajo ha contado con la participación de varias organizaciones internacionales. Border Forensics ha llevado a cabo el principal trabajo de análisis de imágenes, fotografía y documentos. Charles Heller, presente hoy en Madrid en la presentación del informe, señalaba que aunque la muerte de personas negras en la frontera sur “no es un evento único”, sí deben considerarse los eventos de Nador y Melilla como un evento singular, por lo que hubo de “trampa fronteriza”.

El contexto

Sani Ladan, otro de los investigadores involucrados en la búsqueda de la verdad de los hechos, ha explicado cómo hay que entender el contexto específico de las relaciones políticas entre el Reino de Marruecos y el Reino de España para alcanzar a comprender cómo se produjo la celada que tuvo lugar aquel viernes. En ese sentido, el informe señala cómo se produjo una “rápida oscilación entre un período de laissez-faire (mayo de 2021-marzo de 2022) y una represión intensificada (abril de 2022), que culminó en la masacre del 24 de junio de 2022”.

Ese cambio desde una política de relativa manga ancha hacia las personas —en su mayoría originarias de Sudán, pero también de otros países del oeste y el este de África— coincide en el tiempo con el giro de la posición española respecto al Sáhara anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunciado el viernes 18 de marzo de ese año 2022.

Desde el 23 de mayo hasta el día de los hechos, el hostigamiento por parte de las autoridades fue in crescendo. Los campamentos fueron destruidos y los agentes de la ley confiscaron o quemaron bienes y alimentos

El efecto trampa, según Ladan, se muestra en hechos como que los agentes marroquíes, en los días anteriores, habían incrementado el hostigamiento sobre las personas que estaban en los bosques de la región de Nador. “Durante 18 días, los ataques fueron casi cotidianos”, explica la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador en el informe, “en un intento de desalojar a los migrantes, que no comprendían este cambio repentino en el comportamiento de las autoridades marroquíes, que ahora querían expulsarlos de los campamentos”. 

Desde el 23 de mayo hasta el día de los hechos, el hostigamiento por parte de las autoridades fue in crescendo. Los campamentos fueron destruidos y los agentes de la ley confiscaron o quemaron bienes y alimentos. Se produjeron también enfrentamientos, por la resistencia de muchas de las personas que estaban en los campamentos, algo que cabe reseñar, indican los autores del informe, por la posibilidad de que la policía marroquí tomase represalias en la masacre del Barrio Chino. Desde los pequeños campamentos del bosque, se produjo un reagrupamiento de unas 1.500 personas en torno a dos núcleos: los campamentos de Lakhmis Akdim y Bekoya.

El 23 de junio, la víspera de los hechos, se produjo “el culmen de la violencia”, explica Ladan. Los gendarmes marroquíes rodearon el campamento y dieron un ultimátum a los habitantes de los campamentos. Iban a ser expulsados al día siguiente. A la amenaza le siguió un nuevo incendio del asentamiento y de las reservas de comida. 

El informe reseña por primera vez la existencia de un infiltrado, un topo de la policía que habría convencido al grupo de dirigirse al paso del Barrio Chino, un cruce que ha sido evitado a lo largo de la historia, en el que se han producido contados intentos de llegar hasta Melilla, según refieren los investigadores. “Las conversaciones entre las fuerzas y cuerpos de seguridad demuestran que se estaba dirigiendo a las personas hacia ese punto”, ha señalado este investigador.

Las fotografías satelitales corroboran la presencia de vehículos policiales que no trataron de impedir el paso a los cientos de personas que trataban de llegar al paso Nador-Melilla. Según la investigación, es plausible que se pastorease a estas personas a un punto concreto de la valla, donde se perpetró la masacre.

A Ahmed Babiker y todos nuestros muertos en Melilla

Sarah Babiker

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Opinión

Masacre del 24J A Ahmed Babiker y todos nuestros muertos en Melilla

Sarah Babiker

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La dignidad y la decencia se nos mueren cada día en la frontera, con los cuerpos que nadie se molesta en contar y las vidas cuyos nombres se pierden. Nuestra vida de cómplices no es una vida que merezca la pena ser vivida.

La masacre

Maite Daniela Lo Coco, coordinadora de Migraciones del Centro Iridia, otra de las organizaciones implicadas en el informe presentado hoy, desmiente los argumentos que tanto la Fiscalía española como las autoridades marroquíes —a través de una carta enviada a Naciones Unidas— emplearon para justificar la masacre. Esos argumentos son que las muertes tuvieron lugar en Marruecos, que fueron causadas por las propias personas migrantes a consecuencia de empujones, las aglomeraciones y el pánico y que las autoridades españolas tuvieron constancia del salto tardíamente.

El informe reseña por primera vez la existencia de un infiltrado, un topo de la policía que habría convencido al grupo de dirigirse al paso del Barrio Chino

“Las muertes fueron causadas por la brutalidad de ambos Estados”, contrarresta Lo Coco. El uso del material antidisturbios contravino la legislación internacional, abunda esta investigadora, hasta el punto de que pudo dar lugar a actos de tortura. Se ha documentado que se empleó gas lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma y palos. 

“Literalmente no se podía respirar, no había salida”, las fuerzas de seguridad “cerraron cualquier vía de escape”. Así, en un espacio limitado, los estragos de los golpes y el gas causaron la masacre: “Hubo tres causas principales de muerte: el gas, los empujones y los golpes. Los golpes causaron más daño que los empujones”, explicó uno de los supervivientes citados en el informe. La opacidad en torno “a la gestión de los cuerpos de los fallecidos”, señala el documento, impide diseccionar la causa de cada una de las muertes. 

Hay un espacio de tres horas del que no hay imágenes, pese a que el puesto fronterizo español tiene cámaras que registran ininterrumpidamente el lugar en el que se produjeron los hechos. Esas imágenes fueron reclamadas por la oficina del Defensor del Pueblo en sus pesquisas —de las que no se sabe nada nuevo desde finales de 2022— pero nunca se han proporcionado. “Todo apunta a que esas imágenes registraron el culmen de la violencia”, ha explicado Sani Ladan.

La responsabilidad recae en las fuerzas y cuerpos de seguridad de los dos Estados. Los agentes españoles actuaron “como perpetradores y testigos”. Según Lo Coco, hay pruebas fundadas de que se seguía expulsando a las personas al lado marroquí de la valla, a pesar de que había constancia de que se les estaba matando. “Siguieron deportando a personas a pesar de que veían lo que pasaba”, señala esta investigadora de Iridia. En el lado español, un contingente de la Cruz Roja formado por cuatro personas —tres de ellas voluntarias— permanecía junto a la valla sin hacer nada. “Como no les llamaron, no actuaron”, resume Lo Coco: “Nadie activó la atención sanitaria; al menos cuatro personas se desvanecieron y no se activó esa atención”, lamenta.

Sin consecuencias

La Fiscalía española archivó la investigación sobre los hechos en diciembre de 2022. Desde entonces, nada. Se consideró probado que hubo agentes de la Guardia Civil que tiraron piedras a las personas que trataban de alcanzar territorio español, pero no se tomaron medidas porque no se los consiguió identificar. Hanaa Hakiki, abogada del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), recuerda que la estructura de la valla donde ocurrieron los hechos está en territorio español. Aunque es una práctica habitual que se ceda el paso, “España no puede renunciar a su jurisdicción ni a su responsabilidad legal”, subraya. Ambos Estados, Marruecos y España, tenían la responsabilidad de proteger las vidas y en particular de protegerlas de actos de tortura y trato degradante, como impone el derecho internacional. 

Eso obligaba a la Guardia Civil a rescatarles de una situación peligrosa. En lugar de eso, el Estado, a través del Ministerio de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha usado tres técnicas “clásicas” para tratar de escurrir el bulto sobre esa responsabilidad, refiere Hakiki. Esas técnicas son la negación de la jurisdicción española sobre esa franja de terreno —algo que fue desmentido por diputados de una delegación del Congreso—, usar los rechazos en frontera o “devoluciones en caliente”, que fueron hasta 470 según la oficina del Defensor del Pueblo, e imposibilitar el acceso a las fuentes audiovisuales que deben esclarecer los hechos especialmente los ocurridos entre las 09:30 y las 13:30h, cuando se produce el linchamiento y se de forman sendas pilas de cuerpos dentro y fuera del puesto fronterizo.

Hakiki cree que el foco no se debe localizar únicamente sobre la acción de los gendarmes marroquíes, sino que se debe responsabilizar al Estado español, que utiliza “el vacío de derechos en Marruecos” como una herramienta para su gestión de fronteras. 

Elsa Tyszler, otra de las investigadoras de Border Forensics, ha subrayado el contexto colonial y de negrofobia en el que se produce la masacre de junio de 2022, cómo se identifica a “poblaciones enteras como masacrables”. La impunidad en torno a los hechos se ha perpetuado, denuncia Tyszler, quien refiere como las organizaciones sobre el terreno refieren que a comienzos de este mes, dos años después de la matanza, se han identificado entierros secretos que, según se ha especulado sobre el terreno, pueden tener relación con las desapariciones registradas en la trágica fecha del 24 de junio.

Las cifras no se han movido desde 2022. Aquella mañana en Nador murieron 27 personas, pero todavía hay 70 que están desaparecidas. Se cree que cientos de aquellas 1.500 personas que se dirigieron al Barrio Chino permanecen hoy en cárceles de Marruecos, pero los datos son inconexos y las acciones legales de las víctimas para llegar a alguna forma de verdad y justicia son caras y complicadas de coordinar. Oficialmente es un caso cerrado a ambos lados de la frontera.