Cuidados
Violeta Assiego: “Hay que crear hogares seguros y no gestionar centros para adolescentes”

Violeta Assiego (1971) conoce a la perfección el funcionamiento del sistema de protección de adolescentes. Es abogada, feminista y experta en Derechos Humanos de la Infancia y de la población LGTBI. Lleva años trabajando desde la abogacía, la investigación, el activismo, y de manera más reciente desde las instituciones, para asegurar y blindar los derechos de los adolescentes. Así lo atestigua su experiencia como Directora General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, desde donde ha trabajado en implantar la ley de protección a la infancia y adolescencia. Es insistente cuando explica que se prima la mirada adulta sobre las necesidades de los niños, niñas y adolescentes; tiene claro que lo importante para ellas y ellos es que los hogares sean seguros, no que los centros estén privatizados.

“Cuidar mirando el Excel” es el titular del reportaje central de este monográfico. ¿Qué te sugiere?
Protección, infancia y cuidado son términos incompatibles con el programa informático de Microsoft Excel. Cuando lo leí pensé que era una equivocación, pero lo cierto es que se ajusta a cómo están estructurados los centros de adolescentes en la actualidad. En estos espacios se han creado procesos ajenos a lo verdaderamente importante: los chicos y las chicas. Los profesionales, a veces, están más tiempo rellenando informes y hojas de excel que acompañando y cuidando a los niños y las niñas.

Los profesionales, a veces, están más tiempo rellenando informes y hojas de excel que acompañando y cuidando a los niños y las niñas.

Si los centros se están gestionando como empresas privadas, ¿cómo afecta esto a la protección de la infancia que vive ahí?

La realidad es que el presupuesto se está destinando, principalmente, a atender las plazas de los recursos residenciales, por eso el dinero va directo a las entidades y empresas que los gestionan. Y, ¿qué sucede? Que es más fácil y rentable una retirada de patria potestad o una suspensión de guarda que generar todo un sistema público de apoyo económico, social y educativo para las familias y los hogares. Estas medidas no se deben adoptar de acuerdo con criterios de vulnerabilidad social, porque esto implicaría una vulneración de sus derechos, sino en los casos en que la integridad del adolescente esté en riesgo. Hay que apostar por la intervención comunitaria, aunque esto requiere una mayor inversión y control público. El acogimiento familiar puede ser otra opción, pero la clave es que estos niños y niñas vivan en hogares seguros y no en centros institucionalizados. 

En los casos en los que sí es necesaria esa institucionalización, ¿cómo deberían ser los centros públicos?
Tienen que estar en el centro de las ciudades, cerca de los centros escolares y de los lugares de ocio y deben ser hogares más pequeños de titularidad pública. En definitiva, más hogar y menos centro. No puede ser que tengan que coger tres autobuses para ir al cole o que no tengan nada cerca para disfrutar de un ocio gratuito. Tampoco pueden generar vínculos de calidad y con responsabilidad afectiva si la rotación de los profesionales es enorme. 

Además, tienen que estar integrados en las comunidades que habitan y trabajar la relación con el vecindario. Algo fundamental es que estos centros trabajen de forma integral en combatir el estigma. A todos nos parece bien la protección de la infancia, pero nadie quiere un hogar de menores en su vecindario. Existe un imaginario muy estigmatizante que debemos romper. 

A todos nos parece bien la protección de la infancia, pero nadie quiere un hogar de menores en su vecindario. Existe un imaginario muy estigmatizante que debemos romper.

¿Son espacios seguros?
Son lugares rígidos, llenos de normas muy estrictas. Los gestores priman el orden y la paz social. Creo que no hay que buscar ni la paz ni el conflicto, pero no hay que tener miedo a que pasen cosas. Por eso hay que contratar de forma estable perfiles profesionales con formación integral, que sepan abordar y acompañar las situaciones complicadas, no que se dediquen simplemente a contenerlas. 

El sistema dual de acogida me genera mucho rechazo. Una vía de protección para los menores autóctonos, y otra diferente para los migrantes. ¿Qué sentido tiene?
Está pensado desde las necesidades de los adultos, no desde la perspectiva de la infancia y adolescencia. Se entiende que los niños y las niñas que migran solos tienen unas necesidades específicas, que es verdad, pero bajo esta premisa se genera una compartimentación de la protección. Es decir, a un sitio van los adolescentes migrantes, a otro los que tienen problemas de salud mental, etc.

En el caso de las niñas y niños que han migrado solos, diferenciándolos no se busca tanto la especialización en su atención, sino crear otro sistema de institucionalización paralelo, que busca sacarles cuanto antes de la red de protección, sin haberles acompañado, sin haber trabajado con ellos y sin haberles apoyado. Esto abre más la herida de la soledad que acompaña su proceso migratorio. Además, no es cierto que sean niños y niñas sin familia. De hecho, sus madres tienen un papel fundamental y no se trabaja el vínculo con ellas. Cuando llegan a los centros emergen los niños y niñas que son. 

La privatización va en detrimento de una buena protección, ¿qué pasos hay que dar para caminar hacia un mayor control público?
Lo primero es frenar la adjudicación de contratos públicos para gestionar estos centros a empresas que no están especializadas en la protección ni tienen una implicación con lo social. Lo segundo es que el presupuesto destinado a estas adjudicaciones se reserve para constituir equipos de profesionales y funcionarios públicos que después puedan desempeñar estas funciones y habilitar espacios de titularidad pública en el centro de las ciudades. En el fondo es fortalecer un municipalismo centrado en lo social. Y eso es una apuesta política.