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Control de fronteras
Frontera sur confidencial: la Comisión Europea oculta sus informes sobre Ceuta y Melilla
La Comisión Europea mantiene en secreto una serie de informes sobre las prácticas de control de fronteras de la administración española. La eurodiputada Marina Albiol critica la falta de transparencia en un caso que atañe al cumplimiento de los derechos humanos.
Sin móvil, sin lápiz ni bolígrafos, ni grabadora, pero, sobre todo, sin posibilidad de divulgar el contenido de los informes, la eurodiputada Marina Albiol (IU) ha accedido a documentos de acceso restringido de la Comisión Europea sobre la aplicación del acuerdo de Schengen en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Después de la sesión, Albiol ha declarado a El Salto que los documentos se mantienen ajenos a la opinión pública “simplemente porque quieren ocultar la vergonzosa política migratoria de España y la Unión Europea”. En este sentido, la eurodiputada valenciana reclama que no continúe la opacidad, “por una cuestión de principios”.
La cláusula de confidencialidad aceptada por la eurodiputada para acceder a estos informes, acarrea “consecuencias administrativas, disciplinarias y penales” si Albiol difunde el contenido de estos documentos. No obstante, la eurodiputada explica que se trata de informes de la Comisión Europea que “vienen a confirmar las denuncias de una política migratoria de externalización de fronteras, acuerdos formales e informales para que nadie entre en Europa”.
Son informaciones referentes a ejercicios anteriores, durante la Administración de Mariano Rajoy, que atañen a los factores principales de las políticas públicas sobre migración: Centros de Internamiento de Extranjeros, devoluciones en caliente —o exprés—, y la situación de los menores extranjeros no acompañados. Según Albiol, no hay referencias a acuerdos comerciales o información sensible de tipo económico que pueda justificar que los documentos sean escamoteados a la opinión pública.
La eurodiputada tiene previsto remitir una carta al comisario Europeo de migraciones, Dimitris Avramópulos, y a la ombudsman —defensora del pueblo europeo— Emily O'Reilly para exigir la desclasificación inmediata de la información recabada por la Unión Europea en las fronteras internas (CIE) y externas del territorio español. Para Albiol, mantener la restricción a estas informaciones “solo puede entenderse si su objetivo final es ocultar prácticas cuestionables que ponen en serio riesgo el reclamo de la Unión Europea de ser un lugar donde los derechos humanos se otorgan a todas las personas”.
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