Ayuntamiento de Madrid
Victoria para ‘Padrón por derecho’: la justicia anula el decreto de Almeida que impedía empadronar a personas

En 2018, el gobierno de Manuela Carmena concedió un permiso en forma de aval al colectivo Agar, entidad que lleva veinte años desarrollando proyectos comunitarios con migrantes en el madrileño barrio de Lavapiés. Este aval permitía a dos de sus asociaciones inscribir en sus locales a quienes no podían empadronarse por cuenta propia. Entre esas entidades estaba Valiente Bangla, que empadronó en su local a más de seiscientas personas hasta 2024. Se trataba de un experimento del ayuntamiento de entonces, que las asociaciones esperaban que se extendiera, pero sucedió lo contrario: en 2024, tras el cambio de gobierno, el concejal del Distrito Centro, Carlos Segura, retiró ese aval.

El Colectivo Agar recurrió entonces esa resolución y hoy un juzgado les ha dado la razón. Según el fallo judicial, las razones que dio el ayuntamiento para quitarles el aval (haber incumplido las condiciones de autorización y haber inscrito a demasiadas personas) carecían de pruebas. La sentencia también reconoce que la labor de las asociaciones es importante y considera el impacto de la turistificación y encarecimiento de los alquileres en la zona, contexto que ha dificultado aún más el acceso a una vivienda digna para colectivos vulnerables.

Denuncian que el acceso al padrón se niega sistemáticamente a miles de personas, casi siempre migrantes, en Madrid y otros municipios gobernados principalmente por PP o Vox

El Colectivo Agar y la Coordinadora estatal Padrón por derecho celebran esta sentencia. Denuncian que el acceso al padrón se niega sistemáticamente a miles de personas, casi siempre migrantes, en Madrid y otros municipios gobernados principalmente por PP o Vox, con todo lo que ello supone: discriminación, personas cuyos derechos han sido dañados y mucho sufrimiento.

Una tendencia que va a más

El empadronamiento es una obligación de las administraciones: según el marco jurídico español, toda persona que habite en un municipio debe y tiene derecho a inscribirse, sin distinción de nacionalidad, situación administrativa o condición habitacional. Pero, además, es un trámite que abre la puerta a otros derechos: hace falta para inscribirse en un centro escolar, acceder al médico, optar a ayudas o becas o completar los trámites de extranjería.

A pesar de la claridad de la legislación, organizaciones de la sociedad civil y el Defensor del Pueblo han documentado una tendencia: las administraciones están impidiendo o dificultando el acceso de las personas migrantes al padrón. Un reciente informe de la Coordinadora estatal de 'Padrón por derecho' compila las excusas más habituales para la vulneración del derecho al empadronamiento de personas migrantes en España: entre ellas, la exigencia de documentación no obligatoria (un contrato de alquiler o de la titularidad de la vivienda, permisos de residencia, etc.), la denegación arbitraria de citas previas o casos en los que el funcionario municipal rechaza sistemáticamente solicitudes bajo argumentos sin base legal, como que “la vivienda está superpoblada” o “esa persona no tiene un estatus administrativo que le permita empadronarse”.

Por ejemplo, en el municipio de Ripoll (Gerona), tras la llegada a la alcaldía de Silvia Orriols (del partido de ultraderecha Aliança Catalana) se implementaron prácticas administrativas que obstaculizan de forma sistemática el empadronamiento, como retrasos deliberados en la tramitación de solicitudes, la exigencia de documentación no obligatoria e incluso la negativa directa a admitir solicitudes de personas alojadas en viviendas compartidas o realquiladas.

“Algunas administraciones locales han aplicado políticas restrictivas con el objetivo (explícito o no) de dificultar la vida a los inmigrantes en situación irregular, esperando que así no se establezcan en sus municipios”

Para los autores de este informe, la mercantilización del padrón se usa como mecanismo de control migratorio: “Algunas administraciones locales han aplicado políticas restrictivas con el objetivo (explícito o no) de dificultar la vida a los inmigrantes en situación irregular, esperando que así no se establezcan en sus municipios”. Añaden que en los últimos años muchas organizaciones sociales han alertado de un preocupante aumento de municipios que ponen trabas al padrón, marcados por un discurso que vincula migración con inseguridad.

Qué es vivir sin padrón

Todas estas restricciones se traducen, como recoge también el informe, en discriminación: menores migrantes que no logran matricularse en centros escolares y ven vulnerado su derecho a la educación, personas excluidas del sistema de salud o trabajadores empujados a la economía sumergida al no poder regularizar su situación. Estar empadronado proporciona una prueba de residencia y arraigo fundamental para numerosos trámites legales, lo que aporta seguridad jurídica. En cuanto a la vivienda, quienes no pueden acreditar un domicilio legal quedan excluidos del mercado formal de alquiler y de las ayudas, viéndose forzados a soluciones informales y de hacinamiento.

“Hay muchas casuísticas de exclusión muy duras por falta del padrón”, dice María Teresa Zabalza, portavoz de la Coordinadora estatal Padrón por derecho. Las que le parecen más graves: “Personas que se quedan sin derecho a la atención sanitaria, a la escolarización o a solicitar su permiso de residencia o la regularización”. Esta discriminación afecta de forma especial a mujeres (que conforman un 61,4 % de quienes vieron denegada atención sanitaria por no estar empadronadas, según Médicos del Mundo), concretamente al perfil de trabajadora interna, “mujeres sin papeles totalmente invisibilizadas, por miedo los empleadores, como las tienen sin papeles no las quieren empadronar”, añade.

La campaña de 2024 Padrón por derecho recopiló algunos testimonios reales que ilustran lo que es vivir sin estar empadronado. Por ejemplo, el de Judith, que no puede optar a una plaza en una escuela infantil para su bebé y eso la impide trabajar; Farzana, que quiere hablar con su madre a la distancia pero no puede, porque para tener un contrato de teléfono necesita una cuenta bancaria, y para tenerla necesita el padrón, o Abass, trabajador de un almacén, que se lesionó la espalda pero el hospital se negó a darle un parte médico.

Un impulso para la lucha por el padrón

Para el colectivo Agar, la sentencia reconoce la importancia del acceso al padrón y las dificultades que enfrentan personas migrantes o en situación de exclusión social.

“La sentencia dice que el trabajo de las asociaciones es importante y que el domicilio ficticio es posible. Por tanto, utilizando esa argumentación, hay que pedir al ayuntamiento que extienda este modelo, y no que lo restrinja”: Patuca Fernández, abogada

En la rueda de prensa ofrecida por las diferentes organizaciones este martes, la abogada Patuca Fernández, que ha llevado el caso, señala que el padrón es un ejemplo paradigmático de cómo operan los discursos y políticas antiderechos: “Empiezan ensayando con las personas migrantes, pero tienen una vocación expansiva: ahora mismo se ven afectadas en la dificultad de acceder al padrón personas migradas, personas autóctonas en situación de exclusión social, personas en situación de carencia de vivienda. Todos los discursos antiderechos acaban afectando a la población en su totalidad”.

Por eso, cree que la lucha por el padrón es una lucha metaderechos y este éxito judicial, una oportunidad para impulsarla: “La sentencia en su razonamiento dice que el trabajo de las asociaciones es importante y que el domicilio ficticio es posible. Por tanto, utilizando esa argumentación, hay que pedir al ayuntamiento que extienda este modelo, y no que lo restrinja”, dice. ¿Cuál es el siguiente paso? Desde el colectivo animan al resto de asociaciones a unirse y organizarse para pedir una mesa de diálogo y exigir que se garantice el acceso al padrón para todas las personas.