Ainhoa Ruiz Benedicto

Cuando el estado de emergencia se convierte en la norma, se produce una erosión de los procesos democráticos y se facilita la toma de decisiones mediante canales excepcionales.

En 2020, Frontex destinó más de 69 millones de euros de su presupuesto para llevar a cabo estas operaciones de retorno, sobre las que, cabe señalar, tenemos muy poca información sobre la forma en que se realizan.

Los potenciales usuarios de este tipo de armamento, cuerpos de seguridad y militares, banalizan su uso y la peligrosidad que comporta, ya no por un posible mal uso, si no por su utilización en sí.

Una de las consecuencias del progresivo proceso de militarización de las fronteras es el de criminalizar la solidaridad entre personas y comunidades.

La frontera continúa siendo un instrumento de los privilegiados, un síntoma de la cartografía de la desigualdad global que nos rodea. Nueve países de la Unión Europea han construido muros para impedir la entrada de personas migradas.