Argentina
“Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad”

El segundo cuatrimestre debería haber comenzado esta semana en Argentina. Sin embargo, trabajadoras y trabajadores de todos los gremios y federaciones universitarias convocaron una huelga o paro nacional en protesta al ajuste en educación.

El lunes 12 de agosto comenzó el paro nacional docente en universidades de toda la Argentina. Esta acción es respuesta al fracaso de la reunión sobre el ajuste salarial del Gobierno con las universidades nacionales, los gremios y los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El “plan de lucha” ratificado pone sobre la mesa otra posible manifestación como la multitudinaria marcha del 23 de abril frente al recorte de fondos que afectó a las más de 50 universidades nacionales desde el norte a la Patagonia que llegan a sumar dos millones de estudiantes.

Argentina cuenta con una importante estructura de universidades nacionales públicas y gratuitas, que se organizan de manera autónoma y en un cogobierno entre estudiantes, docentes, graduados y no docentes generando un espacio permanente de participación.  Sin embargo, el actual gobierno de Javier Milei —cuyos apenas ocho meses de gestión en el día a día se han hecho largos— pone a este modelo de educación superior como uno de los principales blancos de ataque. Paula Varela, docente de la UBA (Universidad de Buenos Aires) e Investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) explica la situación que vive la educación argentina remontándose a “la tradición de la Reforma de 1918 que fue de vanguardia en la democratización de la Universidad no solo en Argentina sino en toda América Latina”. Y es que para Varela la “resistencia y la calidad internacional que tiene nuestra educación superior ha transformado a la Universidad Pública en una institución que es percibida como valor a defender por amplios sectores de la sociedad, incluso por sectores que hoy están excluidos de la universidad pero que aspiran a que sus hijas e hijos puedan acceder a ella”.

Después de meses de acciones de lucha y con la gran movilización del 23 de abril como precedente se logró revertir parcialmente el recorte del presupuesto universitario. Varela afirma que la magnitud de esta marcha “es equiparable, únicamente, a la marcha del 3 de junio de 2015, conocida como la Marcha del Ni Una Menos con alrededor de un millón de personas”. Sin embargo, la recomposición fue sólo para los gastos de funcionamiento —electricidad, mantenimiento, becas, etc— que representan el 10% del total, pues el 90% del presupuesto restante en datos del CIN está conformado por los salarios de los docentes y no docentes, lo que quedó fuera de la negociación. Además, en un primer momento, esta medida fue destinada sólo a la UBA.

Nuria Yabkowski, investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y Secretaría Adjunta de ADIUNGS (Asociación de Docentes e Investigadores de la UNGS) denuncia los problemas para “reponer computadoras o conseguir materiales” ya que “estamos funcionando con dos tercios del presupuesto anterior” . Se trata de “una total desfinanciación de las universidades públicas a través del congelamiento del presupuesto, con una inflación interanual que se sitúa alrededor del 270%”, denuncia Varela. Yabkowski declara que “el ajuste continúa a pesar de las declaraciones de aumento del gasto de funcionamiento por parte del Gobierno”.

“Todos los sectores de la sociedad están poniendo el hombro” es la apelación a una suerte de  sacrificio que debería estar haciendo la sociedad argentina, que suele formar parte de la retórica de los funcionarios del gobierno de Milei. Así comienza un comunicado del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, en el que declara que el gobierno ha aumentado los sueldos docentes un 70% durante su gestión. Sin embargo, la comunidad universitaria hace ver que este porcentaje queda muy por debajo de la inflación acumulada en el primer semestre del año. A los actuales reclamos de un aumento del 40%, la oferta del Gobierno ha sido un insuficiente aumento del 3% en agosto y del 2% para septiembre. 

“La gran mayoría de docentes universitarios no tienen dedicación exclusiva sino dedicaciones parciales, lo que obliga a tener distintos trabajos en distintas universidades

Se recrea el clima que permitió la gran convocatoria de abril, donde más de un millón de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país para reclamar por la falta de fondos para el elemental funcionamiento de las instituciones educativas. Cinco días de huelga bajo el nombre de paro de 72 horas las dos primeras semanas de inicio de cuatrimestre, dando paso a jornadas de clases públicas que ocupan las calles cercanas a los centros universitarios. El Frente Sindical de Universidades Nacionales sigue sumando actividades a las jornadas de “visibilización del conflicto”. Yabkowski aclara que este plan de lucha se organiza “de cara a una nueva marcha” ya que “la calle sigue siendo un espacio donde mostrar lo que a la sociedad le importa”.

Para entender la situación de las universidades públicas en Argentina, Varela diferencia entre dos tiempos. Por un lado, “un tiempo corto, de coyuntura, que tiene que ver con el ataque del Gobierno de Javier Milei que es un ataque económico e ideológico”, donde lo ideológico supone “una denostación de la universidad o educación pública que tiene como supuesto último que la única educación deseable es la educación privada, regida por las reglas de la oferta y demanda: de fuerza de trabajo, de oficios, de ideas, de teorías, y de todo lo que se pueda mercantilizar”. Por otro lado, el ataque actual “se monta sobre un deterioro de muchos años de las condiciones salariales y de trabajo de la docencia universitaria” señala Varela. La congelación de los salarios es, por tanto, sólo una parte visible del “deterioro que tiene como responsables a políticas públicas que Nancy Fraser llamaría de un neoliberalismo progresista”.

La precarización del trabajo universitario toma distintas formas. Varela explica cómo “la gran mayoría de docentes universitarios no tienen dedicación exclusiva sino dedicaciones parciales, lo que obliga a tener distintos trabajos en distintas universidades” a lo que se suma el fenómeno de “docentes Ad Honorem, o sea, sin salario” con alrededor de 8.000 docentes no pagados en la UBA. Yabkowski habla de “expulsión de la universidad” ante salarios de pobreza que no alcanzan para cubrir la canasta básica y una precarización que incluye también el transporte así como el aumento de las tarifas públicas: “para quiénes están proyectando su vida, pensar en la docencia universitaria es difícil”. Nos encontramos ante un proceso de precarización que no ha hecho más que agudizarse tras el Gobierno de Milei. En este sentido, Varela denuncia que “desde 2011 el salario en el sector público está estancado y desde 2017 viene cayendo”. Según declaraciones del CIN, “la universidad pública argentina atraviesa un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional”.

“Los estudiantes como cualquier trabajador o trabajadora están sufriendo las consecuencias de esto que llaman licuadora o motosierra”

Yabkowski explica que  “tampoco hay fondos para la investigación” en un país donde  “no existe apenas la investigación privada”, el ajuste igual de brutal es realizado “incluso a pesar de que en términos de mercado la inversión en la Universidad Pública es rentable”. Sin embargo, Yabkowski no le da mayor importancia a ese argumento ya que cree “en la Universidad pública como un derecho”. La profesora del conurbano bonaerense explica cómo  en las universidades del conurbano entre el 80 y el 90% del estudiantado son primera generación de universitarios, habiendo muchos casos donde tal vez incluso sus padres no terminaron el secundario, y en este contexto, “los estudiantes como cualquier trabajador o trabajadora están sufriendo las consecuencias de esto que llaman licuadora o motosierra”, que está generando una vida más costosa e incierta.

Este ataque tan evidente a la educación pública parece formar parte de lo que Milei y sus seguidores llaman “batalla cultural”. La propia existencia del Ministerio de Capital Humano —que reemplazó y absorbió a los ministerios de educación, trabajo, desarrollo social y cultura— recuerda la profunda disputa ideológica que el gobierno busca encabezar, con el horizonte de un proyecto de sociedad del “sálvese quien pueda”, lejos de la regulación estatal del mercado y del papel activo del Estado en la redistribución y la justicia social. 

Para abrirse paso, apuesta por la construcción de un nuevo sentido común basado en el socavamiento de lo público —visible en el continuo ataque cultural— y la imposición, por la fuerza y represión, del modelo de mercado.  Para Yabkowski, el “ensañamiento particular con la universidad pública y el sistema científico y tecnológico” es especialmente grave. Frente al proyecto de Milei y su batalla cultural basada en el individualismo, la universidad “ataca los fundamentos de su filosofía política” por “la comunidad que genera” y “la construcción colectiva del conocimiento”. Además, “la propia existencia de la universidad pública es un acto de soberanía y una respuesta a la idea de que el mercado es el único y mejor regulador y asignador”, afirma Yabkowski, explicando a su vez cómo la idea de la universidad “discute con el mercado, con el individuo y con la idea de que tenemos que estar sometidos a las grandes potencias del norte”.

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El modelo educativo de Milei “se choca con la experiencia vital de generaciones y generaciones de argentinos y argentinas que han accedido a la educación superior gracias al carácter libre y gratuito que la Universidad tiene en nuestro país” señala Varela, haciendo hincapié en que este es producto de las “enormes luchas del movimiento universitario ante los ataques privatizadores de la década del 90 y los intentos de implantar en Argentina formas locales del Plan Bolonia”. 

Paralelamente, el 15 de agosto, en la misma semana de inicio de clases, el proyecto de ley de Actualización de Gastos de Funcionamiento y Salarios y Becas Estudiantiles obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con el acuerdo de tres sectores políticos muy diversos. A un paso —una cámara— de convertirse en ley, las comunidades universitarias, las representaciones gremiales docentes, no docentes y estudiantiles aguardan. “Estamos a la expectativa”, afirma Yabkowski esperando que estén las fechas de debate en el Senado, ya que “el plan de lucha tiene esta otra pata de presionar al Congreso”. Este proyecto de ley permitiría una actualización bimestral del presupuesto universitario —gastos de funcionamiento, extensión e investigación— así como equiparación salarial mensual, al Índice del Precio del Consumidor (principal indicador de la inflación).

“La defensa de la Universidad Pública termina siendo un valor transversal a diversos sectores sociales y también diversas posiciones ideológicas” sentencia Varela, poniendo sobre la mesa que en la Argentina perdura el sentimiento de que “la igualdad es un valor a defender, lo cual se da de patadas con la ideología individualista” de Milei. Por ello, Varela reclama “recuperar no sólo las demandas que ponen en el centro las condiciones de trabajo y estudio en la universidad pública” señalando que se trata de “demandas que incluyen el salario pero que lo exceden” sino también salirse de una posición defensiva y continuar “la tradición de debate sobre qué tipo de universidad queremos para qué tipo de sociedad”.

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