Opinión
Megacausa argentina: “Que los genocidas se sientan acorralados”

“El futuro va a ser contagioso. Y sus señorías lo saben. Mañana, otros tribunales del mundo pondrán en práctica estos principios. Que los genocidas se sientan acorralados, que la humanidad quede liberada de ese flagelo cada vez más, que se respire cada vez mejor en el mundo...”, alegó el abogado Carlos Slepoy Prada en la mañana del jueves 29 de octubre de 1998 ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN). Un día después, el viernes 30, los once magistrados por unanimidad confirmaron “la atribución de la jurisdicción de España” para perseguir los crímenes de las dictaduras argentina y chilena.

La condena a 48 imputados por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura que asoló Argentina entre 1976 y 1983, ratifica que el por entonces letrado de la Asociación pro Derechos Humanos de Madrid, tenía razón. Veintinueve cadenas perpetuas y diecinueve condenas entre ocho y 25 años, son el resultado de una historia de Justicia Universal escrita a ambos lados del océano.

Una historia que comenzó un 28 de marzo de 1996, cuando la Unión Progresista de Fiscales (UPF) presentó ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 del juez Baltasar Garzón una denuncia contra militares argentinos por genocidio y terrorismo. Según explicó en aquella oportunidad el fiscal Carlos Castresana, el objetivo fue que no quedaran impunes las acciones de los militares argentinos.

Dos elementos importantes formaron parte de esa denuncia inicial: la interposición penal paralizaba la prescripción de los delitos, justo cuatro días después de que se cumplieran los veinte años del golpe militar argentino del 24 de marzo de 1976. Y la denuncia incluía, además, la certeza de que al menos 35 ciudadanos españoles habían desaparecido bajo aquel régimen. A decir de la UPF, era “una exigencia indeclinable de la soberanía nacional la persecución penal del asesinato de los ciudadanos españoles víctimas del terror desatado por los denunciados”.

El marino Adolfo Scilingo narró con precisión los “vuelos de la muerte”, el lanzamiento al mar desde aviones militares de los cuerpos narcotizados de los presos políticos, quizá protegido por los aires de impunidad

Si bien el escrito presentado no fue dirigido contra personas concretas, en un relato somero de los hechos denunciados ya aparecieron nombres como los de Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, dos de los condenados ayer junto a, entre otros, Ricardo Miguel Cavallo “Sérpico”, que en el año 2000 fue detenido en México a petición de la justicia española y tiempo después extraditado de Madrid a Buenos Aires para ser juzgado allí.

Quizá protegido por los aires de impunidad de la Argentina menemista de los 90, el marino Adolfo Scilingo narró con precisión al periodista Horacio Verbitsky los métodos de exterminio ahora conocidos como “vuelos de la muerte”, el lanzamiento al mar desde aviones militares de los cuerpos narcotizados de los presos políticos.

En 1995 el periodista editó aquellas revelaciones en el libro El Vuelo que conmovió a toda la sociedad. “Si usted cree que una banda de diez tipos puede llegar a movilizar aviones de Prefectura y de la Armada está un poco equivocado. Era una fuerza armada que se estaba movilizando. La gran diferencia que tenemos es que usted le llama la banda. Yo digo que la Armada actuó como Armada hasta que se me crearon dudas. ¿Por qué no se dice la verdad si se actuó como Armada Argentina, si estábamos cumpliendo órdenes perfectamente dadas a través de la cadena de comando? Toda la Armada sabía lo que se estaba haciendo”, admitió el marino sin mostrar un solo signo de arrepentimiento.

Dos años más tarde, el 7 de octubre de 1997, Scilingo fue demorado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, para declarar ante Garzón. Una vez admitió lo que ya había relatado a medios argentinos, quedó detenido por orden del juez. Venía con todos los costes pagados, invitado por Televisión Española para participar en el programa de Carlos Herrera. Jamás pudo pisar el estudio del ente público.

En esos días la Audiencia Nacional decidió sobre el fondo de todo lo realizado: la competencia de los juzgados españoles para actuar en estas causas

Desde hacía muchos meses Slepoy junto a un nutrido grupo de abogados entre los que destacaban Manuel Ollé, José Luis Galán, Juan Puig de la Bellacasa, Carmen Lamarca y Jaime Sanz de Bremond, trabajaban en torno al procedimiento abierto a partir de la denuncia de la UPF. Incluso habían solicitado a Garzón la detención de diez mandos de las Fuerzas Armadas y la imputación de otros treinta y ocho altos oficiales, involucrados en la desaparición de casi cinco mil personas detenidas ilegalmente en la ESMA. También tenían presentada una denuncia contra el dictador chileno, por entonces senador vitalicio, Augusto Pinochet.

Precisamente aprovechando una visita de Pinochet a Reino Unido, Garzón solicitó una “orden internacional de detención” contra él. El escándalo internacional estuvo servido, pero también la movilización popular para presionar a la justicia británica. “Una noche sin sueño para que la humanidad duerma tranquila” fue el lema que acompañó las vigilias en diferentes ciudades de España y el mundo.

En esos días la Audiencia Nacional decidió sobre el fondo de todo lo realizado: la competencia de los juzgados españoles para actuar en estas causas. En la vista de aquel 29 de octubre Carlos Slepoy emocionó a todos con sus alegatos. Además de transmitir ese sentimiento de que “los genocidas se sientan acorralados”, persuadió al tribunal de la necesidad imperiosa de resolver a favor, pese a las innumerables presiones ejercidas desde los gobiernos de Argentina y Chile, incluso en la figura de sus presidentes, Carlos Menem y Eduardo Frei, respectivamente.

“El mandato del legislador no sólo es el de sancionar a los genocidas, sino prevenir que no existan. Y, si la resolución es como la que creemos que va a ser, como la que deseamos que sea, como la que debe ser, entonces los genocidas, los grandes violadores de los derechos humanos, los grandes asesinos de la humanidad, habrán recibido un golpe histórico y ya no será posible pensar sólo en el castigo de ellos sino en la prevención del genocidio”, aseveró. Los jueces resolverían positivamente.

En Argentina, además de juicios como el de ayer, se lleva adelante la causa por los represaliados del franquismo: Se han librado órdenes de detención e instruido toma de testimonios y apertura de fosas

Semanas después la Cámara de los Lores concluyó que el pasaporte diplomático de Pinochet no era suficiente para evitar la extradición a España. “La Justicia internacional entro ayer en el Siglo XXI. A partir de este histórico 25 de noviembre los dictadores que detentaron el poder a sangre y fuego sin respetar los derechos de sus conciudadanos saben que, en cualquier momento, podrán ser perseguidos por sus crímenes”, dijo el periódico Cambio 16 en su edición del día siguiente.

Pinochet estaría sin poder volver a Chile hasta marzo de 2000, cuando por razones humanitarias y fingiendo un agravamiento de salud mayor al que tenía, se burló de la Justicia. Sin embargo ya nada sería igual. Se había sentado precedente.

En el 2005 Scilingo fue condenado a 640 años de cárcel por los delitos de detención ilegal, torturas y el asesinato de 30 personas con alevosía.Hoy cumple condena en una cárcel española. Se sucedieron otras luchas, causas sobre Argentina, Guatemala, Chile y España.

En Argentina, además de juicios como el de ayer, se lleva adelante la causa por los represaliados del franquismo. Se han librado órdenes de detención e instruido toma de testimonios, apertura de fosas y otras medidas que garanticen del principio de la Justicia Universal.

Un viejo tema musical del rock de aquel país dice que “si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiere oír que oiga”. La de la Justicia Universal lleva ya 21 años escribiéndose con manos de ambos lados del océano.

La historia, la verdadera historia, daba sus primeros pasos.