Referéndum del 1 de octubre
Un informe enviado a la ONU detalla las agresiones policiales del 1 de octubre

Cargas con pelotas de goma, patadas, porrazos… contra gente de todas las edades. Un informe detalla las cerca de 900 agresiones policiales sufridas durante el pasado 1 de octubre en toda la Catalunya y las vulneraciones de derechos sociales y políticos que han tenido lugar, en general, en relación al Procés catalán.

Desde la campaña #Somdefensores han trasladado el informe a Naciones Unidas, al Consejo de Europa, a la Organización por la Seguridad y la Cooperación en Europa, al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges. También han pedido a los relatores especiales de la ONU que soliciten una visita oficial a las autoridades españolas y catalanas para abordar las agresiones contempladas en el informe.

El informe, titulado ‘Violación de derechos civiles y políticos’, ha sido elaborado por el abogado Jordi Palou-Loverdos en el marco de la campaña #Somdefensores, en la que participan de Iridia, Novact, el Institut de Drets Humans de Catalunya, lafede.cat y el Grup de Periodistes Ramón Barnils. El texto se centra en las posibles violaciones de derechos civiles y políticos a la población civil por parte de las autoridades e instituciones públicas durante el mes de septiembre y hasta el 7 de octubre, sobre todo en Catalunya, dando continuidad al informe previo presentado el 29 de septiembre en una cita en la que anunciaron la campaña de más de 70 observadores de derechos humanos que vigilaron el desarrollo de la jornada de referéndum. A lo ya retratado se añade ahora los cierres de colegios electorales del 1 uno de octubre y las cerca de 900 agresiones policiales sufridas este día.

Explica cómo, hasta las 9,30 horas los Mossos d'Esquadra habían clausurado 90 centros de votación. Durante la jornada, siguiendo la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra clausuraron hasta 160 centros de votación sin incidentes remarcables. Por su parte, la Guardia Civil y la Policía Nacional cerraron otros 90 centros de votación con uso desproporcionado de la fuerza, causando 893 heridos, cuatro de ellas hospitalizadas y dos en estado grave, según los partes médicos recogidos en los centros de salud. Para ello usaron porras extensibles, agresiones con manos y botas de seguridad, balas de goma y gases lacrimógenos –en el municipio de Aiguaviva–.

En el informe se detalla que la mayoría de partes médicos fue por agresiones sufridas en la ciudad de Barcelona (302). También que, a día de hoy, hay procedimientos judiciales abiertos sobre las agresiones policiales sufridas en 26 colegios electorales de Barcelona. Uno de ellos es el colegio Tomás Moro, donde El Salto fue testigo de cómo los vecinos pudieron esquivar a la Policía Nacional, que se llevó urnas y votos falsos.

Sin embargo, la dinámica habitual en los colegios fue la de la violencia, según detalla el informe. A la escuela Ramón Llull, la policía llegó a las 8,45h, abriéndose paso violentamente entre las decenas de personas que bloquearon la puerta pacíficamente con una sentada, según se ve en los vídeos de lafede.cat. Al salir del colegio con las urnas, la Policía Nacional disparó con balas de goma, causando varios heridos, uno ellos sufrió un impacto en un ojo y tuvo que ser intervenido de urgencia y un no se sabe si recuperará la vista.

En la escuela Mediterrània, la Policía Nacional cargó a las 9,10h, según fueron testigos algunas de las más 70 personas observadoras de derechos humanos que participaron en la vigilancia de la jornada en el marco de la campaña #Somdefensores. Fueron identificadas nueve víctimas, algunas de ellas con el labio roto, otra con heridas en la cabeza. Algunos afirmaron haber recibido golpes por parte de los agentes de policía con la culata de la escopeta. Diez minutos antes, en la escuela de adultos Freire, 20 agentes de policía entraron en el centro, dejando heridas al menos a tres personas. Una de ellas, de 75 años, recibió un golpe de porra que le dejó una brecha en la cabeza.

En el resto de Catalunya, se han abierto procesos judiciales por los hecho ocurridos en otras 34 escuelas, la mayoría de ellas en Lleida y Girona.

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