Derecho a la vivienda
La PAH lleva su Ley de Vivienda al Congreso de los Diputados

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no se rinde en su exigencia de dotar la legislación española de una normativa que garantice el derecho a la vivienda. Cuatro años después de que el PP bloqueara en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular por el derecho a la vivienda presentada con el aval de un millón y medio de firmas y con un apoyo social de un 90%, la PAH ha registrado en el Congreso, el miércoles 10 de enero a las 11h, una propuesta de Ley de Vivienda que pretende “acabar con la emergencia habitacional y sentar las bases de un nuevo modelo que garantice el derecho a la vivienda”.

Frente al relato del Gobierno que habla de recuperación económica y ante un silencio mediático en torno a unos desahucios que no han dejado de producirse, la PAH recuerda que la emergencia habitacional no es cosa del pasado. “La ILP se bloqueó por decisión del Partido Popular, y esto ha provocado que a día de hoy se sigan produciendo desahucios”, dice Luis Sanmartín, portavoz de esta campaña de la PAH.

Desde 2009 se han ejecutado más de 500.000, según datos del Consejo General del Poder judicial. Según indica Sanmartín, “a nivel proporcional estamos hablando de un desahucio cada ocho minutos, y es una debacle porque actualmente más del 60% de estos desahucios son por alquiler; no se quiso resolver la emergencia de 2013 con las hipotecas y como resultado tenemos que esa crisis hipotecaria se mantiene y se le une la del alquiler y la de la ocupación por necesidad”. De estos últimos no existen datos. Además, el parque de vivienda pública sigue siendo el 1% del total del parque de viviendas, frente a una media del 15% en la Unión Europea.

A esto se añade el problema de la pobreza energética. Hoy, cinco millones de hogares son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada por no poder hacer frente a las facturas. “Ante esta situación hacen falta nuevas medidas que protejan a las familias”, indica Sanmartín.

Avances en la Ley de Vivienda de la PAH

Por estos motivos, la Ley de Vivienda de la PAH incorpora las peticiones que ya estaban previstas en la ILP (dación en pago retroactiva, alquiler social y moratoria en los desahucios) y le añade nuevas reivindicaciones para resolver la emergencia actual y garantizar el acceso universal a una vivienda digna. La ley incorpora principalmente dos nuevos avances.

Uno aborda la problemática del alquiler, “exigiendo la creación de un índice para regular los precios, como existe en Berlín y en París, pero que no solo contemple las características o localización de la vivienda, sino también la capacidad adquisitiva de la población”, además de contratos de alquiler a cinco años con posibilidad de renovación cuando el tenedor de la vivienda sea un pequeño propietario y a diez años con posibilidad de renovación a otros diez cuando se trate de un gran propietario, como bancos o inmobiliarias.

El segundo avance es el abordaje de la pobreza energética. Se basan en la experiencia catalana, donde la parte relativa a pobreza energética de la ley autonómica impulsada por la PAH sigue en vigor y se han parado más de 39.000 cortes de suministro. La Ley de Vivienda de la PAH propone el principio de precaución, por el que las grandes suministradoras no podrán hacer cortes de suministro si las familias se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Además, propone una tarifa social por la que la parte de las facturas que no puedan asumir las familias sean asumidas por las suministradoras "para corresponsabilizar a los mismos que están produciendo la emergencia habitacional con unos precios absolutamente desorbitados para que den soluciones a las familias afectadas", dice este portavoz. 

Sanmartín recuerda que la PAH ya logró que estas medidas se incorporaron en nuevas legislaciones autonómicas en Catalunya, País Valenciano y Murcia, “pero el PP, cada vez que hemos logrado legislar una nueva ley que funciona en una comunidad autónoma la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional alegando que los parlamentos no tienen competencias, por lo que hay un bloqueo absoluto a nivel competencial por parte del PP de cualquier avance social”.

La respuesta de los grupos políticos

Tras presentar este nueva propuesta de Ley de Vivienda a los grupos parlamentarios en marzo de 2017, se inició un proceso de negociación en las que la PAH evaluó las propuestas presentadas por todos los grupos excepto el PP. Tras estas negociaciones, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, Compromís y EH Bildu se han comprometido a apoyar tanto el registro como el posterior trámite en el Congreso.

Por otro lado, PSOE y PDeCAT no participarán en el registro pero han prometido apoyar la medida si llega a trámite: “Se trata de una promesa al aire por ahora”, indica Sanmartín. Por último, Ciudadanos “dijeron que no bloquearían pero que tampoco le darían apoyo, mientras que el PP ha dicho de manera abierta que no comparte la ley y niegan que haya emergencia habitacional a pesar de que ninguna de las reformas que ha sacado el PP ha sido capaz de llegar a más del 1% de las familias dando soluciones permanentes”.

Tras su registro, el principal escollo al que se puede enfrentar el texto legislativo es a la posibilidad de que el PP imponga un veto, dentro de los próximos 30 días hábiles, alegando que afecta a los Presupuestos Generales del Estado. “Pero esta ley no afecta a los presupuestos, no hay justificación formal para plantear un veto”, dice Sanmartín, que añade que “las personas afectadas ponen soluciones sobre la mesa y es un mínimo democrático que se pueda debatir en el Congreso; el PP debe estar a la altura”. Si la Ley de Vivienda es aceptada a trámite, todos los grupos políticos mantienen sus compromisos y Ciudadanos se abstiene, la ley podría aprobarse aun con la oposición del Partido Popular.

En los próximos días, la PAH hará “una interpelación pública al Gobierno para que nos diga antes de febrero si va a interponer el veto, y a partir de febrero daremos próximos pasos”, que incluirán, si el PP no da una respuesta pública, “movilizaciones ciudadanas pacíficas para reivindicar la necesidad de que la Ley de Vivienda se legisle”.