Opinión
El bumerán de la droga en Vallecas

A finales de septiembre una mujer era asesinada de un tiro por un hombre y su cómplice en la avenida de Monte Igueldo, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. A escasos metros se había producido otro ataque a tiros apenas unos meses antes; la coincidencia y la persistencia de los problemas de inseguridad –relacionados en su mayoría con la venta y consumo de droga en pisos ocupados para ese fin– colmaron la paciencia del vecindario, primero de forma espontánea mediante caceroladas, luego a través de una manifestación liderada por la asociación vecinal y convocada para este miércoles 15 de noviembre con el lema Recuperemos Vallecas.

El problema de degradación urbana y social del conocido como casco histórico de Puente de Vallecas coincide aproximadamente con los límites del barrio de San Diego (40.000 habitantes), que se expande al sur de la avenida de la Albufera y hasta las vías del tren que lo separan de Entrevías. La parte más pegada a la almendra central de Madrid del antiguo arrabal de Puente de Vallecas ha saltado a las noticias locales por las denuncias vecinales sobre el menudeo de droga en los narcopisos, el proxenetismo, el abandono y los estallidos de violencia. Problemas que, en combinaciones e intensidades diferentes, no son nuevos ni en el distrito ni en el barrio, pero que se suceden tras 30 años de políticas urbanas neoliberales y tras el paisaje devastado de la crisis social y económica de estos años.

Un lento –y parece que definitivo– desmantelamiento de los puntos de venta en la Cañada Real estaría trayendo de vuelta al barrio a narcotraficantes y consumidores

Empecemos por el más inmediato: la venta de heroína y base en hasta 30 puntos de venta y consumo (según la Junta y la asociación vecinal) conocidos como ‘narcopisos’ o ‘guetos’, que se concentran especialmente en la zona más pegada a la M30 y hacia el final de la avenida Monte Igueldo. Simplificando mucho, fue otra movilización vecinal, la de las Madres contra la Droga, la que consiguió alejar los puntos de venta de heroína (instalados en los conocidos como Bulevar o la Plaza Vieja, entre otros lugares), que a partir de los 90 pasarían a localizarse en los poblados.

Un lento –y parece que definitivo– desmantelamiento de los puntos de venta en la Cañada Real estaría trayendo de vuelta al barrio a narcotraficantes y consumidores. Pero este bumerán vuelve 15/20 años después a otro barrio: afectado por los recortes de los dispositivos sanitarios de atención a drogodependientes, y trufado de pisos y bloques vaciados por nueve años de desahucios masivos (o pisos que nunca llegarían a terminarse ni a habitarse de manera regular).

La permisividad de las propiedades –bancos y fondos, de nuevo según la Junta– con las ocupaciones de narcopisos contrasta con la política de desahucios masivos ejecutada por entidades como Bankia en el barrio, con 60 personas desalojadas de las casas –sin alternativa alguna en la mayoría de casos– en las que habitaban como deudores hipotecarios, como inquilinos no regulares o como ocupas solo entre abril y junio de este año, tal y como denunció PAH Vallekas.

La sospecha vecinal es que se está dejando morir al barrio. Aunque se recupera desde 2015, San Diego tiene menos población que al inicio de la crisis: inmigrantes retornados (la población extranjera ha pasado de un 33% en 2008 a un 25% según el padrón municipal), nueva migración juvenil, parejas mayores que se vuelven al pueblo o parejas que prefieren vivir en el Ensanche, o en la vecina Rivas, por sus mayores zonas verdes, equipamientos y tranquilidad.

La petición de responsabilidades apunta alto, desde el Gobierno central con su Ley Montoro, al Gobierno autonómico, pasando por una leve crítica al Ayuntamiento de Ahora Madrid

La escasez de oferta de pisos en alquiler no concuerda con los anuncios de grupos inversores que siguen adquiriendo casas procedentes de desahucios, ni con la persistencia de vivienda vacía. Un deterioro que puede ir a más si, como adelantó la Junta en el último pleno, los recortes a los que obligará la aplicación de la Ley Montoro se concretan en cinco millones menos para el distrito, cuando todavía el Ayuntamiento no ha ejecutado la mayoría de inversiones acordadas con las asociaciones vecinales.

En todo este proceso de movilización vecinal, podemos alegrarnos del discurso que el tejido asociativo y la asociación vecinal de Puente de Vallecas han logrado imprimir a la indignación espontánea: la petición de responsabilidades apunta alto, desde el Gobierno central con su Ley Montoro, al Gobierno autonómico –al que acusan de desatender el distrito-, pasando por una leve crítica al Ayuntamiento de Ahora Madrid.

No obstante, más allá del discurso la realidad es que las asambleas vecinales (una de más de 300 personas) tienen un claro sesgo generacional (más de 50 años) y de raza, dos caras de la misma moneda en un barrio donde la media de edad de la población extranjera (30 años) es diez años menor que la española. Sin un claro protagonismo de los sectores más precarizados, el peligro de que se pretendan barrer los problemas bajo la alfombra es grande. Es difícil pasar por alto el racismo y xenofobia de algunas expresiones de descontento en grupos de Facebook y en las propias asambleas vecinales.

Por último, en una ciudad cada vez más desigual, este tipo de protestas suponen también una prueba para el Gobierno de Ahora Madrid. Con un papel completamente subalterno con respecto al bloque de poder oligárquico del PP, puede ser fuerte la tentación de atender sólo a la parte más ‘securitaria’ de las reivindicaciones vecinales, en un barrio donde la abstención no ha bajado del 39% en ninguno de los últimas convocatorias electorales, incluidas las municipales donde se rozó el 44%. El papel del concejal, Paco Pérez Ramos y de su equipo tanto en las asambleas como en artículos publicados en prensa apunta ahí: valga como ejemplo la absurda reivindicación de la instalación de cámaras, o su insistencia en dotar de comisario de Policía Nacional al distrito.

Dichas propuestas tienen el dudoso mérito de enmarañar la reivindicación principal de las protestas –el cierre de los narcopisos ocupados–. Merece la pena detenerse en esto, dado que tanto la Delegación del Gobierno como los mandos policiales insisten estos días en que el desalojo de pisos ocupados se hace ahora en 15 días tras poner la denuncia. Una de dos: o mienten (nuestra experiencia en la PAH es que el plazo efectivamente se ha acortado), o pasan por alto el doble rasero de la propiedad en los juzgados al presentar denuncias, algo que merecería la pena ser investigado. Llama la atención que la Junta señale genéricamente a ‘los fondos’ propietarios de los edificios donde se trafica y no se publique una lista de estos fondos, ni se les envíe requerimiento alguno para que presenten denuncias en los juzgados con respecto a aquellos pisos o bloques donde quede demostrado que se está moviendo y consumiendo droga a gran escala.