Ecofeminismo
La Europa que no ama a las mujeres rurales

    La Comisión Europea reveló el pasado 1 de junio sus planes para la Política Agraria Comunitaria, la famosa PAC, más allá de 2020, desatando una fuerte reacción por parte de agricultores y organizaciones medioambientales, ya que la propuesta incluye un gran recorte presupuestario. Los documentos van en la línea marcada por el Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, tras la presentación el pasado noviembre del documento El futuro de la alimentación y la agricultura, que ya hacía prever que sus sugerencias no serían demasiado ambiciosas. La propuesta de la Comisión cierra la puerta a la urgente reforma radical que se viene exigiendo desde hace años: Europa apuesta por el continuismo y no da señales de pretender cambiar el actual sistema de subvenciones por superficie y pretende seguir sometiendo la política agraria europea a las exigencias del mercado global.            

    Sin embargo, ninguna de esas voces de protesta parece darse cuenta de que la propuesta no presenta ni un solo programa de apoyo a las mujeres del campo: no se ven representadas en los espacios de toma de decisiones, no hay políticas de apoyo a la maternidad, ni a la crianza, ni a los cuidados. La PAC nunca ha recogido estas medidas, y el silencio en torno al tema demuestra la gran miopía política que padece la sociedad en su conjunto.        

    Existe una gran preocupación en torno al abandono de las tierras de cultivo y de las profesiones más tradicionales, pero desde todos los estratos de la sociedad, incluidas la mayoría de ONG trabajando en la materia, se obvia algo fundamental: no habrá próxima generación en la agricultura si la vida en el campo sigue siendo insoportablemente difícil para las mujeres.

    Una PAC hecha por hombres y para hombres    

    La política agraria comunitaria se creó en el año 1962 por un grupo de hombres e hicieron lo que era, y aún hoy sigue siendo, algo habitual: políticas de hombres para hombres. Los objetivos que se establecieron entonces permanecen hoy inamovibles. En aquella época, todavía Europa adolecía de las consecuencias de dos terribles guerras mundiales y asegurar el suministro de alimentos seguía siendo una obsesión para los gobernantes. De esta forma, los objetivos de la PAC se establecieron bajo una perspectiva productivista que impulsaba a las personas dedicadas a la agricultura y la ganadería a fomentar la innovación y la tecnología y a producir cada vez más. Nadie reparó entonces, en que iban a ser las mujeres las principales receptoras de estas políticas, ya que las guerras habían dejado los campos prácticamente vacíos de hombres.

    Nadie pensó en ellas entonces. Como tampoco nadie lo hizo en las sucesivas reformas a las que se ha ido sometiendo la política agraria común. Ni tras los movimientos emancipadores de los años 70 y 80, que trajeron grandes avances en materia medioambiental; ni tras la agenda 2000, que introducía el concepto de desarrollo sostenible y, por ende, la dimensión social de la sostenibilidad. Una dimensión social, sí, pero machista.

    En pleno revuelo del #MeToo y con el debate feminista en boga, nadie ha planteado en el seno de Europa que el futuro del mundo rural pasa por dignificar la vida de las mujeres rurales.

    Radiografía de la mujer en el mundo rural

    “La mujer del agricultor”, un rol bien conocido y asentado en la raíz de muchas culturas, ha ido cambiando con paso lento y mirada larga en Europa. A día de hoy, una media del 30% de las granjas y fincas de la UE están gestionadas por mujeres, según datos de Eurostat, aunque existen considerables diferencias entre este y oeste: del 5% en Holanda al 47% en Lituania. Sin embargo, las mujeres controlan o son dueñas del 12% de la tierra, frente al 61% de los hombres (el 28% restante está gestionada por empresas públicas o privadas).

    ¿Y qué dice la UE al respecto? Prácticamente nada: “La mayoría de las medidas apoyadas o financiadas por la Unión Europea están encaminadas a hacer más atractiva la agricultura a ambos géneros”, reza en un artículo de la Comisión Europea de octubre de 2017, en el que señala a “jóvenes agricultores” y asevera que la “perspectiva de género está abordada en los programas de desarrollo rural”.

    ¿Programas de desarrollo rural? Sí, enfocado en seis prioridades: (1) transferencia de conocimiento e innovación; (2) viabilidad y competitividad; (3) gestión de la cadena alimentaria y riesgos; (4) restauración, preservación y mejora de los ecosistemas; (5) economía eficiente en el uso de los recursos y resistente al clima; (6) inclusión social y desarrollo económico. Sin referencia explícita a mujeres y mundo rural, la PAC sigue siendo, en esencia y tendencia, puramente misógina.

    Machista e ineficaz

    Hace ya dos décadas que existe un amplio consenso sobre la ineficacia de la PAC para dar respuesta a los problemas que se planteaban y que debía resolver. El estudio internacional llevado a cabo, entre otras organizaciones, por SEO Birdlife y la Oficina Ambiental Europea, Is the CAP fit for purpose?, publicado poco después de la propuesta de la Comisión en noviembre, incidía nuevamente en la alta ineficacia de la legislación agrícola de la UE. En dicho estudio, un grupo de economistas, sociólogas y ecologistas habían sometido a la política agrícola a un "control de aptitud" neutral e independiente. El estudio concluía que las subvenciones, principalmente, los pagos directos por hectárea, el principal instrumento de la PAC, crean dependencia entre los agricultores y no conducen a un nivel de vida adecuado para nadie.

    Por otra parte, las medidas agroambientales específicas a las que se ven sujetas las subvenciones, reciben tan sólo una fracción muy pequeña de la financiación y, por tanto, no producen un impacto tangible en la detención de la pérdida de especies, ni la contaminación de suelos y acuíferos, ni tampoco pueden garantizar la protección de la salud humana. Nadie duda ya de la necesidad de reformar la PAC y organizaciones de diversa índole se afanan a proponer respuestas y soluciones sobre cómo debería de diseñarse una política agraria común. Sin embargo, es difícil encontrar espacios en estas propuestas en los que se tenga en cuenta a las mujeres rurales y a sus problemáticas específicas.  

    La política agraria comunitaria absorbe alrededor del 40% del presupuesto de la UE. Organizaciones de la sociedad civil reclaman la necesidad de redistribuir los fondos hacia quienes trabajan en la transición sostenible del sistema agroalimentario y para quienes producen “bienes públicos”, representado en el famoso eslogan Public money for public goods (dinero público para bienes públicos). Curiosamente, nadie habla del bien público que supone parir, criar y cuidar en las zonas agrarias. ¿Acaso no tendría sentido destinar parte de estos fondos públicos a bajas por maternidad, a programas de apoyo a las mujeres rurales y de integración en la toma de decisiones?

    Mantener la vida en el campo pasa por contar con las mujeres rurales y dar un papel fundamental a agricultoras, ganaderas, pastoras, artesanas y tantas mujeres valientes que se enfrentan a una situación de absoluto desamparo legal e institucional. Mientras tanto, lo que vivimos es un despotismo ilustrado: todo para las mujeres, pero sin las mujeres.