México
Violencia hacia mujeres periodistas: la marca de género en la prensa mexicana

La violación del derecho humano a la libertad de expresión que sufre la profesión periodística en México es un reflejo de la ausencia de garantías democráticas y de la extralimitación de poderes en los tres niveles administrativos que conforman la federación de estados. El primer semestre de 2017 fue especialmente nefasto para la prensa mexicana: en solo seis meses se documentaron 276 agresiones, un 23 por ciento más respecto al mismo periodo de 2016, incluidos los asesinatos de seis periodistas y la desaparición de uno más. Artículo 19, organización que promueve el derecho a la libertad de expresión e información, vincula el incremento de las agresiones, especialmente, en estados del norte del país, con los procesos electorales celebrados en ese periodo y con las movilizaciones sociales motivadas por el aumento del precio de la gasolina. Es así como también se explica que el 50,7 por ciento de las agresiones a periodistas procedan de funcionarios públicos, especialmente en municipios pequeños donde el crimen organizado se relaciona estrechamente con el poder institucional y, de la misma manera, que prácticamente el total de las investigaciones hayan quedado sin resolver.

Aunque los casos de ataques a mujeres periodistas son inferiores en términos absolutos, el aumento exponencial de la violencia hacia ellas en los últimos años y los mayores obstáculos en el acceso a la justicia revelan una marca de género que incluso penetra al interior de la profesión. Desde 2002, la organización Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) investiga y documenta las agresiones a mujeres periodistas en México, habiendo registrado hasta 2015 un total de 331 hechos violentos y 15 feminicidios. En el periodo 2014-2015 se produce un aumento del 70 por ciento de las agresiones que se relacionan con las formas de poder y control de los representantes de algunas entidades federativas. En los casos de Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca y Morelos, se han documentado amenazas públicas a periodistas por parte de quienes deben garantizar la seguridad, llevando a CIMAC a hablar de un “cacicazgo” en cuanto a la utilización de la violencia como forma de control y poder. En el informe titulado El poder del cacicazgo, la organización recoge 147 casos de violencia contra mujeres periodistas en México durante 2014-2015, de los que el 89,6 por ciento se produjo en municipios donde los agresores ocupan cargos políticos o, directamente, pertenecen al crimen organizado.

El derecho a ser víctima

Los obstáculos en el acceso a las mujeres periodistas a la justicia y a la reparación están intrínsecamente relacionados con el menosprecio a su labor profesional y a la influencia que esta pudiera tener en la escena pública, a tal punto de poner en riesgo su vida. Desde hace años, México cuenta con mecanismos institucionales suficientes para investigar y perseguir las agresiones a la prensa, sin embargo, organismos creados a tal fin, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no logran esclarecer estos crímenes, dejando abierta la puerta a la repetición, como de manera recurrente denuncian las relatorías para la libertad de expresión de la OEA y de Naciones Unidas.

La incapacidad de las instituciones para resolver estos delitos provoca que sobre la persona amenazada repercuta la tarea de evidenciar la relación entre el hecho violento y su labor periodística. Es en estos casos cuando la marca de género recae sobre las mujeres comunicadoras: primero, deben demostrar que son profesionales de la comunicación y, luego, que es su labor periodística la causante de las amenazas y hostigamientos denunciados. De manera habitual, el impacto que pudieran tener las denuncias realizadas en columnas de opinión o en investigaciones que revelan tramas de corrupción son infravaloradas por unas instituciones que priorizan líneas de investigación relacionadas con la delincuencia común o, incluso, con la vida íntima de la periodista. La propagación de rumores e injurias supone una revictimización de las comunicadoras amenazadas: en poblaciones pequeñas, la reputación entre la comunidad se ve afectada, provocando la pérdida de apoyo social y, a su vez, una mayor vulnerabilidad a las agresiones. Cuando se trata de profesionales vinculadas a medios de comunicación locales, se añade la falta de apoyo de jefes que les instan a que el nombre del medio no sea revelado en la denuncia por miedo a represalias.

Pero, más aún, un elemento fundamental que disuade a las mujeres periodistas de denunciar las situaciones de violencia y exigir protección sobre sus vidas es el prejuicio que existe dentro de la profesión respecto a una posible búsqueda de notoriedad a partir de la denuncia, o la sospecha de exagerar sucesos que terminan por ser frecuentes en una profesión de riesgo en México. A nivel social, pero también dentro del gremio, existe mayor solidaridad con los periodistas amenazados: el trabajo de ellos sí recibe reconocimiento y no hay intentos de vincular los hechos violentos con supuestas relaciones íntimas, como lo es en el caso de ellas.

Las agresiones documentadas por CICAM demuestran que las agresiones a las mujeres periodistas están relacionadas con la transgresión de roles tradicionales por parte de quienes se convierten en fiscalizadoras del poder masculino. En México, las mujeres conforman solo el catorce por ciento de los profesionales de la sección de política y el 28 por ciento de la sección sociedad, en la que se cubren los asuntos relacionados con la justicia. Sin embargo, en el periodo 2014-2015, siete de cada diez mujeres periodistas agredidas se ubicaban en estas áreas, lo que evidencia la conexión entre las denuncias de tramas de corrupción y la violencia hacia las comunicadoras por parte de funcionarios públicos.

Miroslava Breach y Regina Martínez:
dos casos emblemáticos

Los asesinatos de las periodistas Regina Martínez, en 2012, y Miroslava Breach, el pasado mes de marzo, se han convertido en casos emblemáticos que han puesto en alerta a las mujeres periodistas acerca de la importancia de la denuncia. En los dos casos, fue después de sus muertes cuando se supo que ambas habían recibido amenazas.

Regina Martínez trabajaba como corresponsal del diario Proceso en el estado de Veracruz cuando fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda, con signos de haber sido estrangulada. A pesar de contar con una trayectoria profesional, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz priorizó como línea de investigación una supuesta relación personal como móvil del homicidio y descartó desde el inicio la conexión entre los artículos críticos de la periodista y el ataque que le provocó la muerte. Cinco años después de su asesinato, aún no se han encontrado culpables y su caso sigue impune.

Aunque tampoco había denunciado las amenazas que pesaban sobre ella, en el caso de Miroslava Breach sí se investiga el vínculo entre su asesinato y el trabajo que realizaba como periodista del diario La Jornada en la capital de Chihuahua. Miroslava fue víctima de un ataque por parte de pistoleros encapuchados cuando llevaba a su hijo a la escuela. Sin embargo, aunque su muerte recibió la atención incluso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se observa que la solidaridad y la atención de la profesión periodística se han dirigido hacia otros compañeros asesinados en el mismo periodo, mientras que sus compañeras tratan de mantener viva su memoria.

Mª Cruz Tornay es colaboradora de Pueblos - Revista de Información y Debate.