Renta básica
Renta básica incondicional, un remedio efectivo contra la pobreza

Una “nueva vacuna para la vida” está en marcha. Un nuevo remedio que pretende acabar con la pandemia que ha estado en todas las pandemias. Una renta que redistribuya la riqueza, repiense el trabajo y garantice una vida digna. Una inyección mensual cuyo coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales —la actual Renta de Garantía de Ingresos supone 550 millones— y que se financiaría a través de los Presupuestos Generales de Euskadi, subiendo los impuestos a quienes más tienen.

Según la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del Gobierno Vasco, en 2018 había en Euskadi 197.185 personas en riesgo de pobreza, el 9,1% de la población. De ellas, casi una de cada tres, el 30,1%, no recibe ninguna prestación económica debido a los exigentes requisitos establecidos por la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Y de las que sí lo han hecho, apenas la mitad, 66.219 personas, el 48,5%, han conseguido superar su situación de pobreza.

Tras la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la Renta Básica de 1996, el Parlamento Vasco aprobó en 2008 la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. Y nacía así la RGI, una prestación económica, periódica y condicionada que hoy perciben 54.816 personas. Una renta que no ha logrado terminar con la pobreza en Euskadi, que incluso ha crecido en los últimos años.

Ante esta situación, 16 personas de trayectorias y asociaciones diversas presentaron el 18 de febrero en la Mesa del Parlamento Vasco, que la ha admitido a trámite, una “nueva vacuna contra la pobreza”, materializada ahora en la ILP por una Renta Básica Incondicional (RBI). Se trata, en esta ocasión, de una asignación económica mensual, universal e individual de 900 euros para todas las personas mayores de 18 años y de entre 270 y 450 euros para todos los menores de edad. Una renta cuyo único requisito para recibirla, de ahí su incondicionalidad, será llevar tres meses de residencia en Euskadi antes de su solicitud. “Aunque solo se exigen 10.000 firmas, recogidas en un periodo de cuatro meses, nosotros aspiramos a mucho más. Queremos recoger el máximo de firmas posibles para mostrar un sentir mayoritario de la sociedad vasca en favor de la Renta Básica Incondicional”, afirma Iosu Balmaseda, promotor de esta nueva ILP.

La nueva renta ahorrará costes administrativos, evitará que las personas que están percibiendo un subsidio queden atrapadas en la pobreza y acabará con el estigma social que persigue a la población perceptora de ayudas sociales. Además, según sus promotores, garantizará unos recursos mínimos para que el conjunto de la sociedad tenga “más libertad y menos miedo para decidir”, una mayor autonomía a la hora de elegir empleos “más dignos”, aumentando, por ejemplo, la posibilidad de autonomía de miles de mujeres que se encuentran en situación de dependencia respecto a sus parejas. “Tenemos que pasar a la ofensiva”, reivindica Balmaseda.

Compromiso fallido

El 30 de abril de 1977, el Estado español firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) comprometiéndose, entre otras cosas, a garantizar “un nivel de vida adecuado para las personas y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. Para Ángel Elías, decano de la Facultad de Relaciones Laborales de la UPV/EHU y promotor de la RBI, “aunque todavía no es un derecho subjetivo, como la sanidad y la educación, porque no se ha concretado en una ley”, todos los Estados firmantes de este tratado internacional “tienen obligación jurídica de utilizar el máximo de los recursos que dispongan para que se cumpla esa ley”.

Desde la ratificación del PIDESC se han llevado a cabo diversas medidas como el Primer Plan Integral en contra de la pobreza de 1989, la Ley del Ingreso Mínimo de Reinserción de 1990, la ILP por una Renta Básica de 1996, la Ley de Garantía de Ingresos de Euskadi de 2008, y la Ley que establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en mayo de 2020. No obstante, desde la implantación de la RGI, la pobreza en Euskadi ha aumentado un 40,4%. “Nos sorprende que año tras año el propio Gobierno vasco saque su encuesta de pobreza, cuyos datos demuestran que las políticas sociales son un desastre, y lo único que se plantee sea hacer recortes”, lamenta Balmaseda. En cuanto al IMV, en sus primeros cuatro meses de vigencia, ha denegado el 75% de las solicitudes, más de una cuarta parte de hogares en extrema pobreza.

“La renta básica rompe el vínculo de la subsistencia con la tenencia de un empleo”, señala el economista Julen Bollain

“El problema es de concepto”, resume Elías. “Las prestaciones sociales que conocemos hasta ahora se producen a posteriori, es decir, exigen que las personas que quieran recibir estas ayudas se encuentren en unas situaciones de extrema pobreza”. La condicionalidad de las prestaciones sociales no es el único elemento que, según indican desde la promotora, pretenden erradicar. La burocracia, las limitaciones presupuestarias y los errores de cobertura son otros factores que “no se han atajado” y también contribuyen a que las prestaciones sociales “hayan fracasado en cuanto a sus objetivos”.

En este sentido, el economista Julen Bollain señala que las rentas mínimas condicionadas no sacan a la gente de la pobreza porque “su objetivo no es otro que la creación de capital humano” y, aclara, “la renta básica no comulga con esa concepción hegemónica productivista, esa concepción del más es siempre mejor. La renta básica lo que hace es quebrar ese sometimiento de las personas hacia el mercado y romper de raíz el vínculo de la subsistencia de las personas a la tenencia de un empleo”. Además, destaca que una renta básica dotaría a la ciudadanía “de seguridad y estabilidad económica” y ahondaría “en la reducción del tiempo de trabajo y en la redistribución del trabajo existente”. Por su parte, desde la promotora reconocen que, aunque estamos ante “un instrumento profundísimo”, no deja de ser “una herramienta para seguir avanzando”.

Una historia perversa

“La historia de la Renta de Garantía de Ingresos es perversa de partida”, asiente Tinixara Guanche, activista de Argilan, plataforma contra la exclusión social. En noviembre de 2011, cuatro años después de la implantación de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, con la vuelta del PNV a Ajuria Enea y con los indicadores de pobreza en alza, los derechos reconocidos en la ley de la RGI “se subsumen” al derecho a la inserción laboral. “De ser reconocido el derecho a contar con unos ingresos mínimos para vivir, pasamos a contar con unos ingresos mínimos siempre y cuando no tengamos empleo”, explica la activista. Del mismo modo, la RGI pasa de estar en manos de las diputaciones a Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, y, todavía sin desarrollo legislativo, establece una serie de requisitos dentro del llamado Documento de criterios. Guanche denuncia que este texto funciona “como un reglamento, aunque técnicamente no lo es” y “las personas que quieran recibir esta prestación tienen que hacerse cargo de una serie de requisitos que no están recogidas en una ley”.

La inseguridad jurídica derivada de la falta de desarrollo reglamentario de la RGI ha provocado confusiones, sanciones y protestas que han acabado, en ocasiones, en los tribunales. Uno de los últimos cambios de criterio que suscitó gran malestar en las asociaciones que trabajan contra la exclusión social y acabó en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) fue la “reconsideración” de la aplicación de la RGI a unidades de convivencia con menores a cargo. Hasta el 4 de diciembre del pasado año, las familias monoparentales con menores de más de dos años a cargo podían acceder a la RGI como una unidad de convivencia diferenciada desde la fecha en que realizaban la solicitud de la prestación, pero a raíz de la “reconsideración” por parte de Lanbide, solo podrán acceder a la RGI como una unidad de convivencia diferenciada hasta que el menor tenga dos años.

“La RGI solo reconoce el derecho a contar con unos ingresos mínimos siempre y cuando no tengas empleo”, explican desde Argilan

En este sentido, Guanche explica que si una mujer —“porque en estos casos fundamentalmente son mujeres”— decide abandonar su vivienda particular y volver a casa de sus padres por una situación de violencia, separación o por no poder pagar el alquiler, solo recibirá la RGI hasta que su hijo cumpla dos años. La “reconsideración”, para el Gobierno vasco, y “el cambio de criterio”, para las asociaciones y oposición, afectó a 291 familias monoparentales. “Lanbide entiende, a pesar de que supuestamente el interés superior de la infancia esté extendido en las instituciones, que dejar sin dinero a las madres de los niños no vulnera los derechos de ese menor”, sentencia Guanche.

Desde 2015, según las propias cifras de Lanbide, el número de personas perceptoras de la RGI ha descendido un 17,4%, mientras que los datos de pobreza en Euskadi se han mantenido. Para Iñaki Uribarri, economista y promotor de la ILP, “Lanbide no solo gestiona una renta mínima que en sí misma deja fuera a decenas de miles de personas pobres”, sino que lo hace “cada vez de forma más ilegal para expulsar a la gente del sistema y limitar su presupuesto para el pago de los derechos subjetivos, convirtiendo dichos derechos en papel mojado”. En este sentido, Tinixara Guanche asegura que las personas “tienen mucho miedo a Lanbide” y muchas prefieren vivir “con muy poco dinero antes que recibir la RGI”.

Las más golpeadas

El 95% de las personas que, además de percibir la RGI, reciben el complemento social por ser una familia monoparental son mujeres. Los hogares monoparentales de Euskadi, encabezados en un 87% por mujeres, tenían en 2018, según Emakunde, una tasa de pobreza real dos veces más elevada que la media. Además, pese a que Lanbide entiende que “dejar sin dinero a las mujeres no vulnera los derechos del menor”, el Servicio Vasco de la Mujer asegura que la situación de las mujeres y de la infancia “están estrechamente ligadas” ya que “el bienestar de niñas, niños y adolescentes también se está resintiendo como consecuencia del impacto que esta crisis está teniendo sobre las mujeres”.

Por otra parte, antes del confinamiento, las mujeres dedicaban aproximadamente un tercio más de tiempo a las tareas del hogar y de cuidados que los hombres y, con la pandemia, esta brecha no ha hecho más que aumentar. En esta línea, se estima que en Euskadi el 66% de las trabajadoras del hogar no están afiliadas a la Seguridad Social y, aunque se aprobó un subsidio extraordinario, al menos la mitad de estas trabajadoras no se ha podido beneficiar de la prestación u otra ayuda por encontrarse en situación irregular. Desde Emakunde insisten en que “mientras no haya corresponsabilidad social para el reparto de tareas del cuidado estará en riesgo el bienestar, la autonomía y desarrollo profesional de las mujeres”.

“La Renta Básica Incondicional ahondaría con eficacia en una de las principales razones de desigualdad y subordinación de las mujeres, otorgando una razonable autonomía financiera”, aseguran las promotoras de la RBI. Además, denuncian que los trabajos de cuidados han sido “históricamente infravalorados” y desarrollados por las mujeres “de forma gratuita e invisibilizados fuera del mercado”, lo que las “ha obligado a vivir con menos autonomía”. Sin embargo, avisan, aunque la RBI “evidentemente” no presupone “acabar con la sociedad heteropatriarcal y sus consecuencias”, sí que “supondría una valiosa herramienta para encarar situaciones de violencia y otorgar mayor capacidad de negociación o independencia”.

Baladre, coordinación de colectivos en contra de la desigualdad, empobrecimiento y exclusión, coincide con los promotores de la nueva RBI en la necesidad de una asignación económica universal e individual pero apuesta por un modelo diferente: la Renta Básica de las Iguales (RBIS). Una propuesta que tuvo su propia ILP en 2012. Ruth Herrero, portavoz del colectivo, señala que la principal diferencia radica en que la renta básica “tiene que ser equitativa”, ya que “no se debería dejar que los menores cobraran menos”. La creación de un fondo colectivo, donde cada persona destinaría un 20% de lo que recibe para la satisfacción de necesidades colectivas, y un aumento significativo de la asignación económica son otras diferencias que propone la RBIS. “Para nosotras, la renta básica tiene que servir para acabar con la riqueza, no para paliar la pobreza”, concluye Herrero.

Más renta, más confianza

La asociación Red Renta Básica, constituida en 2001 e integrada en la organización internacional Basic Income Earth Neatwork, la Red Mundial de Renta Básica, ha sido una de las pioneras en reclamar la necesidad de una renta básica. Además de publicar centenares de informes y artículos, una de sus herramientas más eficaces para “probar” la viabilidad de la renta básica han sido los proyectos piloto desarrollados en diferentes países.

Así, en 2017 y 2018 se realizó en Finlandia, a escala nacional y por primera vez por iniciativa de un gobierno, un proyecto piloto de renta básica en el que participaron un total de 2.000 personas desempleadas de entre 25 y 58 años, que recibieron un pago mensual de 560 euros. Para el economista Julen Bollain, las conclusiones “son más significativas en comparación con otros proyectos hechos en el pasado porque eran de participación voluntaria y con menos presupuesto”. No obstante, la limitación en el tiempo, la nula aplicación impositiva y que la muestra no pueda ser extrapolable al resto de la población siguen siendo algunas de las “limitaciones más importantes” de sus datos.

“Lanbide gestiona cada vez de forma más ilegal la RGI para expulsar a la gente del sistema”, señala Iñaki Uribarri, promotor de la RBI

Entre los resultados más significativos de la iniciativa finlandesa, destacan que “la incondicionalidad de la renta básica tuvo como resultado una mayor participación en el mercado laboral” y que recibir una cantidad periódica de dinero “no solo aumenta la confianza que las personas tienen sobre sí mismas” sino que, además, “incrementa la confianza que las personas tienen sobre las demás”. Para este economista, “al no ser una renta condicionada se refuerza la cohesión social de la ciudadanía” porque no está “socialmente dividida”. Y, en su opinión, “eso deja caer el mantra de que una renta básica traería un ejército de vagos, que tantísimas veces utilizan como argumento, sin datos que lo sopesan, las personas contrarias a una renta básica”.

“¿Dónde pones el foco?”, pregunta Iosu Balmaseda, promotor de la RBI. “¿En la vida o en el trabajo?”. Por su parte, Julen Bollain coincide también en que “toca repensar” los modelos de protección social, sin vincular la subsistencia de las personas “a la tenencia de un empleo”. Algo tan básico, termina, como que “todas las personas podamos tener lo mínimo para vivir de manera digna independientemente del mercado laboral”.