Perú
El nuevo Gobierno peruano deja su primer fallecido en medio de protestas masivas

Una bala le perforó el pecho en plena manifestación. Apenas cayó al suelo, Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, fue rodeado por otros manifestantes para auxiliarlo. Fue llevado en una moto ya inconsciente hasta el hospital Loayza, al que llegaría sin vida. En la plaza Francia, en el centro de Lima, según testigos, policías encubiertos dispararon a manifestantes varias veces al verse descubiertos para luego huir. Los casquillos quedaron en el suelo. El Gobierno defendió a la policía. El ministro del interior, Vicente Tiburcio, dijo en un programa televisivo que en ningún momento se desplegaron policías encubiertos durante las protestas en el centro de Lima.

Este 15 de octubre se habían convocado manifestaciones en las ciudades principales del Perú. Decenas de miles acudieron a la cita de forma pacífica alzando su voz en contra del ahora nuevo inquilino de palacio de gobierno hasta el próximo julio de 2026, José Jerí, y de aquellos que le pusieron la banda presidencial después de forzar la dimisión de la expresidenta Dina Boluarte. Hartazgo y decepción siguen siendo la imagen popular de estas protestas lideradas por la llamada generación Z en respuesta a un país que apunta a tener el año con más asesinatos violentos desde 2017. Desde ese año, siete presidentes y tres parlamentos han encarado una ya nada sorprendente inestabilidad política.

Mientras a Ruiz, que utilizaba el nombre rapero de Truko, lo llevaban al hospital, enfrentamientos entre manifestantes y policía se reproducían en diversos puntos del centro de la ciudad y se intensificaron a medida que avanzaba la noche. Heridos se iban poniendo a los bordes de las calles y eran atendidos de forma apresurada por las brigadas médicas en el suelo. Algunos eran llevados en brazos con las marcas de los perdigones en el cuerpo: en las piernas, el pecho y la cabeza. Periodistas se encontraron en fuego cruzado entre perdigones y piedras. Los choques dejaron un saldo de más de 100 heridos, entre ellos 71 policías y 24 manifestantes, según la Defensoría del Pueblo.

Sobre el nuevo presidente recae una denuncia por violación a inicios de 2025, la cual fue archivada por falta de pruebas hace dos meses por el fiscal supremo

La arteria principal del centro de Lima se pintó del humo blanco, dispersando a punta de ardor en la piel y los ojos a los miles de manifestantes en estampida, quienes dejan en el suelo sus carteles y banderolas. “Que se vayan todos”, consignan la mayoría de estas. Algunos se posicionan a pocos metros de la barricada de escudos policiales. Con el rostro cubierto, les señalan, les gritan y otros se les unen con escudos improvisados de madera y de metal. La policía sigue avanzando cuadra tras cuadra, los sobrepasa, el gas y perdigonazos chocan con fuegos artificiales y el fuego de los cócteles molotov. Policía encubierta sale entre los escudos, empujan a los manifestantes y se los llevan uno a uno.

Nuevo presidente, mismas manifestaciones

El descontento popular no se vio apaciguado por la destitución de Boluarte ni por el nuevo presidente. El primer día, grupos feministas protestaron a las afueras del Palacio de Justicia en el centro de Lima: sobre Jerí recae una denuncia por violación a inicios de 2025, la cual fue archivada por falta de pruebas hace dos meses por el fiscal supremo, Tomás Gálvez, a quien se le vincula con la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto. Además, sobre Jerí pesan sus antiguas publicaciones en X con comentarios machistas con respecto a mujeres, expuestas por periodistas y usuarios de redes sociales.

Fue el desborde de la criminalidad lo que dejó sin apoyo político a Dina Boluarte, llevándola a la destitución por el congreso que siempre evitó cualquier tipo de destitución, y abrió el camino al sillón presidencial para José Jerí, quien también fue su acérrimo defensor. Y aunque el ahora presidente prometió atacar el crimen con firmeza, a este se le cuestiona su historial legislativo, pues como congresista del partido de derecha Somos Perú respaldó leyes que, según críticos, favorecieron este desborde. Entre ellas destacan la Ley N.º 32181, que limita la acción de la Fiscalía y la Policía Nacional al eliminar la detención preliminar en casos sin flagrancia de concusión y tráfico de influencias, y la Ley N.º 32054, que otorga inmunidad a los partidos políticos frente a actos ilícitos cometidos por sus miembros.

El último domingo, Aldo Carlos Mariños llegó a Lima desde Pataz, el pueblo que es alcalde y en el que bandas criminales involucradas en la minería ilegal buscan el control de la zona. El evento más traumático y que puso el nombre Pataz en boca de todos sucedió en mayo cuando 13 trabajadores de una mina fueron secuestrados y luego asesinados dentro de un socavón minero por mafias ligadas a la minería ilegal.  

Mariños caminó por más de un mes más de 900 kilómetros para entablar una reunión con Boluarte, pero cuando llegó lo recibió el nuevo presidente; mientras que afuera cientos de quienes lo acompañaron en su caminata esperaban el resultado de la conversación. Mariños llegó exigiendo un hospital provincial, el asfaltado de vías y seguridad. Al salir, declaró que ya no participaría en las siguientes protestas; había pactado con la clase política que vino criticando durante toda su caminata. Esto desató indignación en los asistentes, quienes se mantuvieron protestando. 

Dos años después, otro muerto por la policía

No muy lejos de la Plaza Francia, en la avenida Abancay, en enero de 2023, Víctor Santisteban Yacsavilca, de 55 años, se convertía en la primera víctima asesinada por la policía peruana en la capital y uno de los 60 muertos del régimen de la ya destituida expresidenta. En la noche del miércoles, varios uniformados desenfundaron sus armas y las apuntaron en contra de manifestantes. La muerte de Ruíz llegó como caída de un domino en la noche caótica. 

Para la madrugada del 16 de octubre, Jerí le sigue los pasos a Boluarte con su primer muerto en su régimen interino. El controvertido presidente peruano había declarado en un post de X su apoyo a la policía, condenando los actos de violencia de algunos manifestantes quienes, según sus palabras, “tienen agendas distintas y buscan generar caos”. Después de que la muerte del manifestante fue confirmada, Jerí publicó condolencias para la familia del fallecido y afirmó que que las investigaciones determinarán “con objetividad los hechos y responsabilidades”.