Personas sin hogar
El albergue en el que nadie quiere vivir

Al menos seis personas se han contagiado de la covid-19 en el Centro de Acogida a Familias Inmigrantes San Roque, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo durante el último mes. Las familias vulnerables, en su mayoría inmigrantes, denuncian faltas de respeto, amenazas, chantajes y humillaciones. Mientras esto pasa, la administración pública hace la vista gorda y le da la titularidad de estos centros de acogida a organizaciones como la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM), una ONG que recibe subvenciones públicas para acompañar y acoger a personas refugiadas, migrantes y de colectivos vulnerables.

El centro actualmente está ocupado por 61 usuarios, que se reparten en módulos individuales por familias. Los usuarios denuncian que han sufrido vejaciones por parte de las administraciones y trabajadores de ACCEM. La organización declina responder a las preguntas de este medio y deriva toda la comunicación al Ayuntamiento, que a su vez niega que esto sea así. “La gestión del centro tiene la obligación de aplicar las normas de convivencia como se haría en cualquier espacio residencial”, afirma un portavoz del consistorio sin explicar cuáles son estas normas. 

Los usuarios denuncian que han sufrido vejaciones por parte de las administraciones y trabajadores de ACCEM

Desde la Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social (PAVPS), conformada por familias en estado vulnerable que han pasado por el centro de San Roque y Valdelatas, aseguran que las represalias forman parte del modus operandi dentro del albergue cuando se hace una denuncia o se produce una situación incómoda para los responsables. “Siempre que nos quejamos, nos amenazan con expulsiones, las familias que vivimos aquí no tenemos otra vivienda”, afirma un portavoz de la Plataforma. Esta no es la primera vez que esta situación se ha denunciado. En 2019, varios migrantes denunciaron ante el Defensor del Pueblo haber recibido tratos inhumanos y vejatorios en el centro de Acogida de San Roque y Valdelatas, que también está gestionado por ACCEM.

ACCEM ha recibido del Ayuntamiento de Madrid más de 3,5 millones de euros para la “prestación y reforzamiento de un servicio de gestión de dispositivos de atención a personas sin hogar y, en su caso, otras emergencias, destinado a paliar las consecuencias sociales del COVID-19” durante siete meses, según el contrato publicado en el Portal de Contratación del Estado. Este contacto ha sido otorgado a “dedo”, mediante el procedimiento negociado sin publicidad tramitado de emergencia, la modalidad más opaca que contempla la legislación española. Gracias a esta adjudicación discrecional, ACCEM recibe 16.772 euros al día para “paliar las consecuencias sociales” de la pandemia.

Carmen Nava, una ex usuaria del centro, denuncia haber sido amenazada y sancionada por luchar en defensa de sus derechos y de las demás familias del centro. “Me expulsaron bajo falsas acusaciones por parte del personal técnico junto con mis tres hijos. Toman represalias ante cualquiera que quiera hacer prevalecer sus derechos”, explica. Un hecho denunciado desde mayo de 2019 en las redes sociales de PAVPS junto a un vídeo donde se ve a altas horas de la noche a la familia con sus hijos menores, esperando que se les abra la puerta del centro.

La semana pasada algunas familias decidieron manifestarse, después de denunciar que no les querían hacer un test PCR, a pesar de que estaban conviviendo con positivos

La situación no ha cambiado en el centro a pesar de la pandemia. La semana pasada algunas familias decidieron manifestarse, después de denunciar que no les querían hacer un test PCR, a pesar de que estaban conviviendo con positivos. Desde el Consistorio aseguran que se han realizado test PCR a prácticamente todos los que viven en el centro, correspondientes a los contactos de las personas contagiadas y que no se han presentado nuevos casos. 

“¡No quiero morir!”, ¡Estamos en el abandono!”, ¡Por favor, que alguien nos ayude!”, se escucha como gritan los usuarios en otro vídeo grabado dentro del centro que muestra a un hombre cargando una cruz con una máscara. Después de esta protesta pacífica uno de los participantes recibió una carta de expulsión del centro. El Ayuntamiento afirma que el hombre de nacionalidad rumana fue expulsado por agredir a una trabajadora del servicio de limpieza del centro. Por su parte, las familias que estaban presentes durante el altercado explican que él solo quería que la trabajadora dejara de grabar, pero nunca la agredió.

La familia denuncia que no les está  dando comida suficiente. “Nos dieron para tres personas, un menor incluido, una bolsa con mercado para 15 días que tenía solo un tarro de aceite, una caja de atún, una bolsa de legumbres, una bolsa de macarrones y un zumo de clementinas”, afirma un usuario del centro, Stefan. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid niega que esto esté sucediendo, aunque reconocen algunas situaciones de tensión.

Desde PAVPS han hecho una recolecta de comida y se las han donado para que no tengan que pasar hambre. “Nuestra estancia en este centro es precaria y con grandes limitaciones para las familias que en él residimos, no ha sido nada fácil hasta el momento”, afirma Maria G., colombiana de 45 años, que llegó a España hace tres años y lleva un año viviendo en el centro con sus dos hijos.

El albergue, ubicado cerca de Colmenar Viejo, acoge a familias inmigrantes que no tienen los recursos necesarios para encontrar una alternativa habitacional. Algunas de ellas, de hecho, han sido desahuciadas. María y el resto de personas que relatan su vivencia en el centro prefieren permanecer en el anonimato. Según explican, el personal del centro no suele recibir con agrado las críticas. Por eso hablan de indefensión. Y es que cualquier queja tiene respuesta. “Si solicitamos algo o reclamamos mejoras, amenazan con dejarnos sin abono transporte, con la disgregación familiar o la pérdida de ayudas”, lamentan. 

El Consistorio tiene otra versión de los hechos: “En el centro hay usuarios a los que ya no corresponde permanecer allí por haber superado el tiempo máximo y por no estar en la situación de vulnerabilidad para la que el centro está pensado. Algunas asociaciones, como forma de presión, han denunciado situaciones que no se están produciendo, incluso ante el Defensor del Pueblo”, justifican. “A raíz de una de las denuncias al Defensor del Pueblo, el área llevó a cabo una inspección por sorpresa al centro para comprobar la situación, y el resultado fue que se estaba trabajando correctamente”, afirma un portavoz del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

La realidad es que el Gobierno de España gasta ocho veces más dinero en contratos públicos para detener y expulsar a migrantes que en facilitar su acogida e integración social y laboral.

Las Comunidades Autónomas tienen la mayoría de las competencias en materia de primera acogida e integración. Por otro lado, el Gobierno tiene un convenio con Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y ACCEM para la acogida temporal, orientación e integración de quienes obtienen asilo en España. Este convenio cuenta con una subvención directa del Gobierno con parte de financiación europea. La subvención es aprobada año tras año “con carácter urgente” y sin convocatoria pública. Cada vez con más frecuencia, los empleados de estas organizaciones critican la falta de recursos y medios para dar una asistencia digna a las personas con las que trabajan.