Migración
Claudia Charles: “Hay una crisis migratoria de la política de asilo de la Unión Europea”

Un año después de la entrada en vigor del acuerdo entre la UE y Turquía, entrevistamos a Claudia Charles, jurista del colectivo internacional Migreurop, sobre la nueva política de externalización de las fronteras de la UE.

Claudia Charles
Claudia Charles.

El 20 de marzo de 2016 es una fecha señalada en la historia de la vergonzante gestión de la acogida de los refugiados en Europa. Ese día entró en vigor el acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Turquía. Pese a la tensión diplomática actual entre Bruselas y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prácticamente ningún dirigente europeo cuestiona este polémico tratado un año después de su entrada en vigor.

Éste redujo de forma significativa la llegada de refugiados a través de las costas griegas y la ruta de los Balcanes. De varias decenas de miles cada mes en el otoño de 2015, éstos pasaron a ser unos centenares a partir de marzo del año pasado. Desde entonces, la UE firmó un nuevo acuerdo migratorio con Afganistán en octubre y negocia actualmente con Libia, Sudán, Níger, entre otros.

La jurista francesa Claudia Charles, integrante del Groupe d’Information et de Soutien des Immigré(e)s (Grupo de Información y de Apoyo de los Inmigrantes, GISTI) y del colectivo internacional Migreurop, analiza para El Salto las consecuencias de los acuerdos migratorios entre la UE, Turquía, Afganistán y Libia. Un nuevo paso en la política de externalización de las fronteras europeas que ahora se concentra en unos países en concreto, considerados como las principales puertas de entrada en el continente.

Ha pasado un año de la entrada en vigor del acuerdo sobre los refugiados entre la UE y Turquía. ¿Cuáles han sido sus consecuencias?
Cuando la UE anunció el acuerdo con Ankara, dijo que serviría para mejorar las condiciones de los refugiados sirios en Turquía. Pero en cambio la UE no ha dado actualmente ninguna cifra sobre la manera en que éste ha servido para mejorar las condiciones de los sirios en Turquía. 

El único aspecto en que la Comisión Europea es muy clara es cuando dice que ha servido para reducir en un 80% la llegada de refugiados por la ruta de los Balcanes. El acuerdo con Turquía se ha convertido en un modelo a seguir para los dirigentes europeos.

¿Habéis observado una mejora de las condiciones de vida de los refugiados que se encuentran en Grecia y Turquía?
De ninguna manera. La mayoría de las personas deportadas de Grecia a Turquía han sido encerradas en centros de detención de inmigrantes. También ha empeorado las condiciones de los refugiados en Grecia. Como todos aquellos que se encuentran en un hot-spot griego (centro de selección de inmigrantes) deben pedir el asilo en ese país, esto ha provocado que las instituciones helenas estén desbordadas. 

Las ONG han alertado sobre las malas condiciones de los refugiados en Grecia. Pero esto no debería sorprender a nadie, teniendo en cuenta la mala situación de la economía de ese país. Las instituciones europeas se comprometieron a ayudar al Gobierno de Tsipras en materia de inmigración. Pero no ha existido esta ayuda. Los dirigentes europeos están discutiendo ahora sobre el próximo plan de rescate a Grecia.

Para reducir la presión migratoria sobre países como Grecia o Italia, la Comisión Europea promovió en 2015 una política de cuotas. Pero los Estados miembro han acogido sólo a un 6% de los refugiados que les corresponderían. ¿Por qué ha fracasado esta política?
Porque la mayoría de los Estados miembro de la UE no tienen la voluntad política de aceptar un mayor número de refugiados. Cuando Jean-Claude Juncker habló sobre un número exacto de refugiados que debía acoger cada país, esto no dejaba de resultar sorprendente, porque la Comisión Europea no dispone de ningún tipo de mecanismo para imponerlo. 

Existe un gran desajuste entre el discurso oficial de los dirigentes europeos y la realidad. Desde hace dos años se habla mucho sobre la crisis migratoria, pero en realidad lo que ha habido es una crisis de la política de asilo de los Estados miembro.

Si los Estados africanos querían recibir ayudas al desarrollo, debían controlar sus fronteras y aceptar la readmisión de los emigrantes expulsados de Europa
Bruselas también anunció en octubre un nuevo acuerdo migratorio con Afganistán y ahora negocia con Libia o Sudán, entre otros. ¿El pacto con Ankara representó el inicio de una nueva política de externalización de las fronteras?
Durante los últimos veinte años, la UE ha llevado a cabo una política de acuerdos con los países de África para externalizar sus fronteras. Ésta consistía en vincular la inmigración al desarrollo económico. Si los Estados africanos querían recibir ayudas al desarrollo, debían controlar sus fronteras y aceptar la readmisión de los emigrantes expulsados de Europa. Eran acuerdos multilaterales y regionales, acordados con varios países al mismo tiempo. 

Pero la Comisión Europea llegó a la conclusión de que negociar este tipo de tratados comerciales requería mucho tiempo. Hacía falta que fueran debatidos por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Así que con el acuerdo con Turquía se ha iniciado un nuevo tipo de acuerdos más informales. Estos consisten en concentrarse con unos países concretos y exigirles que controlen la circulación de los refugiados a cambio de ventajas económicas y diplomáticas. 

Este tratado no ha sido ni debatido ni votado en el Parlamento Europeo ni en los parlamentos nacionales. Lo mismo sucede con el acuerdo entre la UE y Afganistán y el tratado con Libia
Estos nuevos acuerdos también son criticados por su falta de transparencia. ¿Por qué?
Las negociaciones entre la UE y los países terceros sobre cuestiones migratorias nunca han sido demasiado transparentes. Pero en el caso del acuerdo entre la UE y Turquía, decimos que se trata de un acuerdo, pero no tenemos ningún tipo de conocimiento sobre los documentos que lo componen. Sólo conocemos las obligaciones de Turquía y las contrapartidas de la UE gracias a un comunicado de prensa. 

Además, este tratado no ha sido ni debatido ni votado en el Parlamento Europeo ni en los parlamentos nacionales. Lo mismo sucede con el acuerdo con la UE y Afganistán y el tratado con Libia. La oscuridad es muy grande.

Bruselas defiende que el acuerdo con Libia servirá para reducir el número de muertos en el Mediterráneo. ¿Pero cuál es su finalidad real?
Su objetivo es parar la inmigración, siguiendo el ejemplo del acuerdo con Turquía (Libia se convirtió en 2016 en la principal puerta de entrada de refugiados a Europa, con 180.000 personas que llegaron de sus costas). Lo que significa continuar con la política de externalización de la frontera de la UE. 

Como sucedió con Turquía, la principal novedad del acuerdo con Libia reside en la creación de centros humanitarios, donde los refugiados podrán hacer una demanda de asilo. Si aceptan su petición, serán reinstalados en un país miembro de la UE. Pero a diferencia del pacto con Ankara, las autoridades europeas hablan de dar sólo 200 millones de euros a Libia (mientras que en el caso de Turquía fueron 3.000 millones). Este dinero irá destinado a formar a los guardacostas libios para que controlen las aguas internacionales.

El doble discurso de Europa es que hace falta mantener a los inmigrantes fuera de Europa, pero también hay que reducir el número de muertos en el Mediterráneo.

¿Cómo el acuerdo entre la UE y Libia pretende mejorar las condiciones de acogida de los refugiados en este país?La UE pretende favorecer la implantación de organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Estas asociaciones tienen programas para gestionar campos de acogida de inmigrantes, como ya lo hacen en el Níger o Senegal. Esto quizás mejorará un poco las condiciones de vida en los centros de acogida, pero la problemática continuará siendo la misma. Los refugiados seguirán viendo denegado su derecho a pedir el asilo en Europa. 

La política europea en materia de visados es cada vez más restrictiva. Éstos están reservados a una élite
¿Resulta posible la creación de campos humanitarios en un país con una situación geopolítica tan inestable como Libia?
Libia es un país que no dispone de un régimen político estable. Tampoco es un país signatario de la convención de Ginebra. Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han denunciado que desde 2011 se producen ahí violaciones constantes de los derechos fundamentales de los inmigrantes. Una ONG alertó recientemente sobre las pésimas condiciones de vida de 1.400 personas encerradas en un centro de detención de inmigrantes en Libia. 

Están encerradas con unas condiciones de higiene insoportables, sin ningún contacto con el exterior, sin tener el derecho de recibir la ayuda de una asociación humanitaria, sin poder hacer una demanda de asilo. Incluso ha habido varias muertes de refugiados en estos centros. Pero estas malas condiciones no se deben sólo a la inestabilidad geopolítica en este país. Los centros de detención de inmigrantes en Libia fueron creados con el dinero de la UE, tras los acuerdos firmados entre los dirigentes europeos y Muamar Gadafi.

El acuerdo migratorio que la UE anunció en octubre con Afganistán tiene como objetivo favorecer el retorno de los refugiados afganos a este país. ¿Se han acelerado las extradiciones?
Hay países, como Noruega (que no forma parte de la UE, pero sí de la Convención de Dublín), que están deportando sistemáticamente a los refugiados afganos a los que se les ha denegado el asilo. También se están produciendo deportaciones de afganos en Alemania. Esto representa una vulneración de la Convención Europea de Derechos Humanos, que dice que no se puede enviar a una persona a un país donde su vida corre riesgo. Francia no está deportando de momento a refugiados afganos. Pero no me extrañaría que lo hiciera pronto. Las autoridades francesas ya han reenviado a sudaneses de vuelta a su país. 

El acuerdo de la UE con Afganistán también pretende favorecer los retornos voluntarios.
Sí, este acuerdo prevé sobre todo los retornos voluntarios. Pero, como sabemos, suele tratarse de personas que han aceptado volver de forma voluntaria a su país de origen bajo la amenaza de un retorno obligado, bastante más traumático y violento. Hay informes de ONG que muestran como en el Reino Unido hay una gran presión de las asociaciones financiadas por el Estado para que los refugiados acepten un retorno voluntario. 

El año pasado más de 5.000 inmigrantes murieron ahogados en el Mediterráneo, una cifra récord. ¿La nueva política de acuerdos de la UE evitará que haya más muertes?
Según el lenguaje oficial de la UE, si se impide la llegada de inmigrantes a través de las costas de Libia, esto permitirá evitar que haya más muertes en el Mediterráneo. Pero esta política de externalización de las fronteras empezó hace veinte años. Desde entonces, las muertes en el Mediterráneo no han dejado de aumentar. La llegada de inmigrantes resulta imposible de detener completamente. En realidad, lo que se produce es una desviación de las rutas migratorias, que se vuelven cada vez más peligrosas. 

¿Qué políticas debería desarrollar la UE para mejorar la acogida de refugiados?
Primero, flexibilizar las concesiones de visados. La política europea en materia de visados es cada vez más restrictiva. Éstos están reservados a una élite. Si se facilitara su concesión, esto permitiría que los inmigrantes tuvieran acceso a vías legales para emigrar. Por ejemplo, después del inicio de la guerra de Siria en 2011, una de las primeras medidas adoptadas fue la exigencia de visados aeroportuarios. Esto comporta que los sirios que pasen por Francia, aunque sea haciendo una escala para viajar luego a Norteamérica, necesitan tener un visado francés para continuar su viaje. 

También habría que rebajar los criterios exigidos para obtener el asilo. El número de refugiados cuya petición es aceptada en Francia es muy bajo (el 35% de ellos). Los criterios se han vuelto mucho más restrictivos. Antes el Gobierno francés aceptaba conceder el asilo a aquellas personas que procedieran de un país en conflicto, por ejemplo, los refugiados procedentes de los Balcanes durante los años noventa. Esto demuestra que los criterios pueden volver a evolucionar y que se puede incluir a los refugiados por cuestiones climáticas.

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