Laboral
La doble lucha de Inma Évora, despedida por Cáritas por su activismo social

La acampada de Inma Évora, apoyada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), frente al Cabildo de Santa Cruz de Tenerife, cumple hoy 11 días. Évora, una conocida activista de la PAH en Tenerife, que desarrollaba un proyecto para el Consejo Insular de Vivienda que fue asumido en 2016 por Cáritas, fue despedida por esta organización el 12 de diciembre, mientras se encontraba de baja por un trastorno grave de ansiedad derivada de cuestiones personales y familiares.

En la carta de despido de Cáritas se establece como motivos de despido que sea miembro del Consejo Insular de Vivienda, coordinadora de las mesas de trabajo de Intermediación Hipotecaria y Personas Sin Hogar, representante de la Plataforma Pro Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Canarias (DESC-Canarias) y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Tenerife, además de su activismo en entidades de protección animal, su participación en manifestaciones de la PAH o en medios de comunicación para hablar de cuestiones de tipo social, y afirman haber tenido conocimiento de estos hechos en octubre, a pesar de que el activismo de Évora es público y de larga fecha. “Ninguno de los argumentos esgrimidos en la carta de despido se corresponde con faltas tipificadas como sancionables en el convenio colectivo aplicado por la empresa”, dice Juan Antonio Suárez Morales, secretario de acción sindical de CNT Tenerife.

Suárez Morales, cuyo sindicato ha interpuesto una demanda para que el despido se declare nulo, explica que se trata de una gravísima vulneración de los derechos de la trabajadora, y denuncia la violación de diez artículos de la Constitución: 14, 15, 18, 20a, 22, 23, 24, 25, 26 y 43. “Hay un tema que no podemos pasar por alto, y es que se está criminalizando el activismo social, despidiendo a una persona por ejercer su derecho de ser activista, la están despidiendo por ese activismo”, dice Suárez Morales, que añade que “si permitimos que cree un precedente, no podremos hablar de Estado de derecho”. 

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Por ello, el sindicato presentaba el 4 de enero una demanda ante el Juzgado de lo Social y la papeleta de conciliación ante el Servicio de Arbitraje, Mediación y Conciliación del Gobierno de Canarias. Todavía a la espera de la fecha de juicio, la conciliación tendrá lugar el próximo 1 de marzo. Mientras tanto, la CNT va a iniciar una campaña para que Cáritas Diocesana de Tenerife reconozca que el despido “no es justo ni legal, y que se revierta esta situación para que se pueda llegar a un acuerdo”, indica Suárez Morales.

Acampada frente al cabildo

En los últimos días, Inma Évora y un grupo de activistas de la PAH han llevado su batalla hasta las puertas del Cabildo Insular de Tenerife y han montado un campamento permanente hasta que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, se avenga a recibirla. “Hemos hecho esta acampada porque el Cabildo es responsable de lo que está pasando”, dice Évora.

El asunto se remonta a 2015. En ese año, esta activista se incorporó, como miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, al recién creado Consejo Insular de Vivienda, donde entró en la mesa de trabajo para personas sin hogar y empezó a coordinar la mesa para la creación de una oficina de intermediación y por el derecho a la vivienda. En esta mesa “diseñamos un modelo de intervención diferente al que utilizaban, que nosotros entendíamos como un modelo fallido, y en esta mesa se empieza a desarrollar protocolos que aquí no existen, como medidas antidesahucios, coordinación con entidades públicas, etc., y el fin último era la creación de un parque de vivienda de alquiler social”.

Es en abril de 2016, cuando estas mesas llevaban meses trabajando, y después de que, según denuncia Évora, se produjera un desacuerdo con el consejero en relación a la financiación y la forma del proyecto de oficina de derechos sociales diseñado por la PAH con vistas a que se convirtiera en un servicio público que integrara intermediación, servicio jurídico, servicio de trabajadores sociales, información y acompañamiento a las familias..., cuando entra en escena Cáritas Diocesana de Tenerife. En ese momento, “el consejero introduce a Cáritas en la mesa que yo coordino”, dice Évora. Así, Cáritas acabó asumiendo el proyecto Base 25, de ayudas al alquiler y acceso a la vivienda, para el que contrató a esta activista. “Lo que no quería el consejero es que nosotros desarrolláramos el proyecto, sino darle la ejecución de nuestro proyecto a Cáritas”, dice esta activista, que afirma que el proyecto original se desvirtuó.

Poco después del inicio de la ejecución del proyecto surgen las discrepancias cuando Cáritas elabora los perfiles de personas afectadas y “excluye a aquellas personas que carecen de recursos económicos para sostener un alquiler social, o a las personas solas sin hijos; los que más lo necesitan se quedan fuera”. Además, “obligan a firmar un contrato de compromiso para la intervención social, y si no lo firmas no se para el desahucio, y tampoco si Cáritas tiene recursos alojativos”, dice Évora, que añade que “la prioridad de Cáritas es que todo el mundo pase por sus recursos, mientras que para la PAH el objetivo es mantener a la gente en sus viviendas”.

Según Évora, "estas discrepancias comienzan a generar que se me relegue de mis funciones y se me aparte de las relaciones institucionales y gestiones ordinarias mediante las que realizo normalmente mi trabajo, se me aparta de las reuniones de coordinación del proyecto con el Cabildo y poco a poco se me deja sin funciones de intermediación" y es relegada de su puesto. 

Évora añade que, casualmente y a pesar de encontrarse de baja, su despido se produjo un día después de que la PAH parara por cuarta vez el desahucio de una mujer y su hijo que vivían de alquiler en una vivienda de La Caixa. “Cáritas dejó tirada a esta chica, pues querían que fuera a una de sus viviendas, pero su hijo, al ser menor de edad pero mayor de 16 años, no podía acogerse al recurso de madres con varones, por lo que la única opción era su tutela por el Gobierno de Canarias y su ingreso a un centro de menores, y la madre, por supuesto, se negó”.

Para esta activista, que se siente utilizada por Cáritas, “que se ha aprovechado de mi situación de precariedad”, fue el Cabildo quien indujo a su contratación y también a su despido. Su intención con esta acampada incluye varios objetivos. “Quiero que reconozcan que le han dado a Cáritas la ejecución de un proyecto que no es suyo, que se cree una mesa de conciliación en la que estén todos los actores que componen el Consejo Insular de Vivienda para que se retome el proyecto inicial y que se reconozca el trabajo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca”, dice Évora, que asegura que permanecerá acampada mientras no se produzca un movimiento claro por parte del Cabildo.