Laboral
Indra, una empresa con 40.000 trabajadores sin negociación colectiva

Con más de 40.000 trabajadores, cerca de 20.000 de ellos en España —según su último informe de responsabilidad civil—, Indra es una de las empresas con más trabajadores a nivel estatal. Sin embargo, estos miles de trabajadores tienen poco o ningún poder de negociación en sus condiciones laborales.

“La manera que tienen de funcionar es utilizar a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores: hay muchos en la mesa [de negociación], pero luego, a la hora de tomar decisiones, no cuentan con nosotros, a no ser que sea totalmente imprescindible, y cuando ya tienen las cosas hechas”, afirma Ángel Benéitez, secretario de UGT Indra. Desde otros sindicatos y algunos comités de empresa denuncian también cómo la empresa hace “toda clase de artimañas” para boicotear la negociación colectiva, entre las que se cuentan hacer tratos con las cúpulas de los sindicatos sin contar con los representantes de la empresa. “Entre buena parte de los delegados corre la sospecha de 'chanchulleo' con los grandes sindicatos”, explican del comité de empresa de A Coruña. 

Indra nació a la vez que el Ibex 35, la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, tras la fusión de la privada Ceselsa con la pública Inisel. Fue una más de la larga lista de empresas públicas privatizadas, en una primera fase por el Gobierno de Felipe González, y, después, por el de José María Aznar.

Entre sus principales accionistas está el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) —con el 18,7% de las acciones—, la Familia March (10,5%) y el fondo de inversiones estadounidense Fidelity Investments (9,4%). Al frente del grupo estuvo, durante 22 años, Javier Monzón Cáceres hasta que fue sustituido —tras recibir una indemnización de 20 millones de euros, de los que devolvió uno por el uso injustificado que hacía del jet privado de la compañía— por Fernando Abril-Martorell, que venía desde los consejos de administración de Telefónica y Prisa. Los sindicatos vieron la llegada de Abril-Martorell como un mal presagio por la especialización del hijo de la mano de derecha de Suárez en la liquidación de empresas. El tiempo les dio la razón.

Indra Sistemas, con alrededor de 12.000 trabajadores en todo el Estado, es la empresa matriz del grupo, que tiene varias decenas de filiales entre las que se cuentan Indra Software Lab o BPO, cada una con cerca de 3.000 trabajadores. Sus dos grandes áreas de trabajo son el metal —transporte, tráfico y defensa— que agrupa a unos 3.500 trabajadores, y consultoría, área a la que dedican más de 30.000 en todo el mundo.

La representación de los trabajadores se realiza por sociedad y centro de trabajo. Sin embargo, en muchas ocasiones, se queda en una mera fachada. “Lo que prima aquí es que la empresa se ha cubierto muy bien las espaldas metiéndose en el bolsillo a CC OO y UGT, y están firmando continuamente acuerdos supra a nivel estatal”, explica a El Salto José Luis Ortiz, secretario general de CGT en Indra Sistemas Metal, quien señala especialmente a CC OO: “Lo de sus filiales ha sido escandaloso”.

Firma del ERE sin contar con la plantilla

La firma del ERE de Indra Sistemas en agosto de 2015, por parte de UGT, CC OO, STC y USO, y que afectó a 1.750 trabajadores, también se hizo sin el voto de los trabajadores. “Tuvimos acceso a cierta información sobre cómo avanzaban las negociaciones y de la propuesta que hacía la empresa, pero la decisión de firmarlo se tomó el día que se firmó, de forma apresurada, en unas horas. Provocó bastante rechazo porque se había planteado desde siempre que se votaría entre todos los trabajadores, y al final dijeron que la empresa no daba margen para eso y no se hizo”, explican a El Salto varios representantes de los trabajadores.

¿Y era del gusto de todos? “Mi opinión personal es que el acuerdo que se logró, en lo gordo, no es malo, y seguramente si se hubiera propuesto a votación a los trabajadores habría salido que sí, pero, cuando entramos en la letra pequeña o no tan pequeña, vemos que las condiciones de selección de las personas afectadas daba margen a la empresa a hacer lo que quisiera, ni se desglosó a los afectados por centro”. Así, aunque un conjunto de unos 2.000 o 3.000 trabajadores, que trabajaban en el marco del convenio de industria —no de consultoría—, quedaban prácticamente excluidos de la afectación del ERE, el acuerdo dejó margen a que la empresa pudiera meter a algunos de estos trabajadores en el expediente.

La lucha por el servicio de comedores —obligatorio por ley en los centros de trabajo con más de 50 trabajadores— fue un ejemplo de las estrategias seguidas por Indra para puentear a los comités de empresa. Después de que los trabajadores de los centros de A Coruña consiguieran el derecho a comedor en 2013, tras seis años de reclamaciones, denuncias, inspecciones de trabajo y juicios, después de que el mismo proceso se pusiera en marcha en el País Vasco y se iniciara en muchos otros centros de Indra, la empresa emprendió diversas acciones para rechazar, alargar o anular esta reclamación.

En el centro de Indra Sistemas en Badajoz, el comité de empresa, de CC OO, acabó abandonando el sindicato para continuar en Co.Bas y CGT después de que el abogado del sindicato les anunciara que había paralizado el proceso judicial que emprendieron, sin contar con ellos. “No pintábamos nada, veíamos que todo estaba negociado en otros sitios”, explican desde la Sección Sindical de Co.Bas en Badajoz, centro con 263 trabajadores. “Cometimos el error de confiar en CC OO. Lo más lamentable es que, si se hubieran sentado con nosotros para decirnos que había una negociación en curso, seguramente habríamos aceptado parar el juicio”, concluyen.

El protocolo de comunicaciones, firmado el 25 de noviembre de 2016 por los representantes de las secciones sindicales del Grupo Indra de CC OO, UGT y STC, es otro de los temas que ha encendido los ánimos. “Con él vienen a regular cuándo, cómo, dónde y con qué temario tenemos que informar a la plantilla”, acusa Ortiz, de CGT. Benéitez, de UGT Indra, también se queja del nuevo protocolo que su propio sindicato ha firmado, en su caso a través de su secretario sectorial de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC). “Para el correo nos dan dos usuarios generales por sindicato; si tienes cuatro o seis centros, no puedes comunicarte”.

Subida salarial personalizada

Trabajadores con sueldos de 11.500 y de 50.000 haciendo un trabajo parecido. Tras 14 años sin convenio de empresa —el último es de 2003—, la disparidad de los sueldos en Indra es otra de las consecuencias de la eliminación de la negociación colectiva.

Ortiz pone el acento en la dualidad laboral: “Los trabajadores antiguos tienen unas condiciones y los nuevos otras. Las condiciones se han mantenido, pero todos los que han entrado a Indra con posterioridad se han tenido que acoger al convenio sectorial, que tiene unas diferencias importantes a nivel salarial”. Así, frente a los 30.000 o 40.000 euros brutos anuales que puede cobrar un trabajador con antigüedad, los nuevos contratados, haciendo un trabajo parecido, tienen sueldos de 17.000 o 17.500 euros brutos anuales, o incluso de 11.500 en el caso del centro de Indra Software en Badajoz, según afirman desde su comité de empresa. “Los que entran tienen la subida del IPC y la subida salarial personalizada, pero condiciones reguladas para todos, nada, cero”.

La subida salarial personalizada es la política de Indra, la llamada ‘PSI’. ¿Cómo funciona? “En función de los méritos y puntos que cada uno consiga, que es algo totalmente subjetivo, en función de lo bien que le caigas al jefe”, explica Ortiz. “Todos sabemos cómo funciona esto”, sentencia. CGT denuncia que desde 2003 no se ha convocado ni una plaza por examen para promocionar o ascender. “Todo lo hacen a dedo”, explica Ortiz, tras anunciar que acaban de conseguir 2.000 firmas en el área del metal de quejas ante la política de subida salarial. Aún así, no hay ningún tipo de negociación colectiva sobre la mesa.

De esta política en los salarios surge otro problema: el de las horas extra. Ortiz explica que, antes del ERE, sí se veía cómo el director de un departamento se ponía a las 18.30h —hora de salida— en la puerta del pasillo para ver quién se iba y tomar nota. “La gente se quedaba media o una hora más simplemente para que no vieran que se iba a su hora. Era un vicio masificado”.

Mientras, según señala Benéitez, en Indra está entrado gente con contrato de prácticas en muchas ocasiones con salarios mucho más altos. “Son unos enchufados, porque sea la mujer de un directivo, el sobrino de otro, el familiar de un trabajador que tiene un buen puesto. Entran con salarios bastante altos y sin saber hacer nada. Te los ves comiendo, fumando un cigarrillo, tomando el sol…”.

Cerca de 8.000 subcontratados

A.P. trabajó entre 2014 y 2016 como desarrollador web en una empresa —que presentó concurso de acreedores en 2016— subcontratada por GMV, que a su vez estaba subcontratada por Indra para el desarrollo de uno de los paquetes del software relacionado con la puesta en marcha de un satélite. “Éramos tres de los 50 trabajadores de esta empresa con los que nos dedicábamos a este proyecto”, explica A. Sus condiciones laborales: una jornada muy flexible, pero un sueldo en torno a los 19.000 euros brutos anuales, y sin representación sindical. “En informática, el salario medio es de 30.000 euros anuales, estamos hablando de más de un 30% menos”, recalca.

El proyecto en el que trabajaba A. como subcontratado por partida doble era para el desarrollo del software de procesado y acceso a las imágenes del satélite Sentinel-2, un proyecto de la Agencia Europea Estatal en el que trabajaron otras ocho empresas españolas y que tuvo un presupuesto de 25 millones de euros hasta 2017.

Según el último informe de responsabilidad corporativa de Indra, en 2016 la empresa contaba con 34.294 trabajadores empleados (sin contar los subcontratados), de los que 18.951 estaban en España, otros 12.091 en América, 1.632 en Europa y el resto repartido entre Asia y África. El último informe de plantilla al que ha tenido acceso CGT aumentaba el número total de trabajadores de Indra en todo el mundo hasta los 40.886 a fecha de septiembre de este año. Pero a ellos se añaden otros 7.649 trabajadores subcontratados. 

“Para nuestro centro, con unos 1.000 trabajadores, hay unos 500 subcontratados a través de 27 empresas”, apunta Daniel Alzueta, del centro de Indra en Barcelona. Alzueta explica que, cuando se desarrolló el expediente de regulación de empleo, “para evitar problemas, la empresa quitó a muchos subcontratados, pero una vez finalizó a finales de 2016, volvemos a tener en torno a unos 500. Es el pan de cada día”.

Son, según explica Alzueta, trabajadores que son responsables de equipos de Indra. Ya en julio de 2016, la Generalitat de Catalunya multó con 180.000 euros —una multa “histórica”, según recalca Alzueta— a Indra por cesión ilegal de trabajadores. “Seguimos denunciando que hay muchos compañeros que están subcontratados de forma ilegal”.

Ahora, con el nuevo protocolo de comunicación, también se ha obstaculizado la comunicación con los trabajadores subcontratados. “Solo podemos mandar correos a un listado que llega a la gente de Indra Sistemas, no a los subcontratados. Solo llegamos a los que conocemos porque están en el centro de trabajo, a los que repartimos papeles en la entrada del centro, pero hay muchos compañeros y compañeras a los que no podemos llegar”.

En el centro de Indra en Torrejón de Ardoz, Benéitez explica que la plantilla ronda los 1.650 trabajadores, de los que 300 están subcontratados a través de empresas de servicios con su propio convenio. “Tenemos sentencias del Supremo que dicen que es una cesión, pero Indra sigue subcontratando. Durante el expediente de regulación de empleo, en cuya mesa estuve como asesor, les dije que estaban echando a ingenieros y a la vez metiendo a ingenieros [como subcontratados]. No tiene sentido que se desprendan de ingenieros que ya saben cómo funciona esto y por otro lado metan a otros que no tienen ni idea de qué va esto”, explica Benéitez.

Benéitez señala también que tienen constancia de que a los trabajadores subcontratados en el centro de Torrejón les obligan a hacer horas extraordinarias. A veces hasta 300 mensuales. “Cuando lo denunciamos en la Inspección de Trabajo… Pues ya llevamos tres inspectores, porque lo que hacen —no sé si es por enchufe o porque es Indra—, en vez de llamar al que denuncia para enterarse de qué va, es presentarse en Indra, Indra le da su versión, y cierra el caso. Punto y pelota”.

Por su parte, según explica Ortiz, en el centro de Aranjuez se han ido eliminando progresivamente, quedando entre 30 y 40 subcontrados de una plantilla de 650 trabajadores. “Es cierto que la práctica habitual en Torrejón, que es el centro más grande del metal de Indra, ha llegado a haber una auténtica burrada de subcontratados, de 600 a 700, pero ha habido demandas continuas por cesiones ilegales que la empresa ha perdido de forma sistemática, y al final mucha gente ha entrado en plantilla”.

El de Lebrusán fue uno de los casos en los que los trabajadores de una empresa subcontratada por Indra en Torrejón consiguieron meterse en la plantilla del grupo. En 2010 esta empresa contaba con 133 trabajadores, todos en tareas dependientes de Indra. “Algunos llevaban 15 o 18 años trabajando mezclados con gente de Indra”, destaca Benéitez. Desde UGT se denunció y el inspector comprobó que se trataba de una cesión ilegal. “Indra alegó que no podía hacer a todos fijos porque peligraba el centro de Torrejón. Logramos hacer un acuerdo por el que garantizaban el puesto de trabajo a los mayores de 50 años, que eran 33 personas, y pasaban a plantilla 45 trabajadores. Sobre el resto, que eran del departamento de instalaciones, dijeron que era un departamento que en Indra se iba a externalizar y Lebrusán sería una empresa preferente”, detalla Benéitez. Sin embargo, años después, Indra no ha externalizado este departamento, por lo que no ha cumplido su promesa de subcontratar como empresa preferente a Lebrusán, ni tampoco ha garantizado el trabajo a los mayores de 50 años. “Los que pasaron a la plantilla con el acuerdo son los únicos que sí pertenecen a Indra Sistemas”.

Entre estos 45 trabajadores se contaba al hijo de Benéitez, algo que desde CGT han criticado, alegando que, “con este acuerdo, UGT aseguró el trabajo a 45 trabajadores y negó el derecho a posteriores reclamaciones a todos los demás”, según afirma Ortiz, quien señala que mucha de esta gente que se quedó fuera del acuerdo después denunció a Indra por cesión ilegal y finalmente entró en plantilla. Benéitez afirma que la inclusión de su hijo no tuvo nada que ver con cómo UGT gestionó el acuerdo. “La prueba la tienes en que mi hijo entró en Indra hace siete años y no ha vuelto a tener una subida salarial, como todos los demás que entraron. La mayoría de ellos siguen marcados”.

Indra no cumplió la promesa de hacer a Lebrusán empresa preferente y en su lugar subcontrató a UTI, y esta, a su vez, a DSV. “No tenemos ningún dato de quiénes son los miembros de su comité de empresa. Es una subcontrata de una subcontrata. Y lo peor de todo es que esta gente no está clasificada para trabajar en Defensa, y el cliente no lo sabe”.

Benéitez explica que el último de sus afiliados, que echaron en julio, estaba homologado para trabajar en Defensa, con trece años de antigüedad trabajando a través de la empresa Colavoro. “Cuando le intentaron obligar a hacer horas extraordinarias le echaron, y el cliente, que era el búnquer de la base militar de Torrejón, creía que era de Indra porque estaba homologado por Indra y rellenaba los documentos e informes como Indra, aunque era un subcontratado”.

El Ministerio de Defensa supone un buen pedazo del pastel de los contratos públicos que se lleva la empresa. Solo en 2016, en el BOE hay publicadas 26 adjudicaciones por parte de este ministerio que suman 32,7 millones de euros. En lo que llevamos de 2017, se han sumado diez nuevos contratos más que suman otros 15,4 millones de euros. El total de contratas con Indra publicadas en el BOE ascendió a 73 en 2016, por importes que sumaron 125,2 millones de euros, y 22 más hasta septiembre de 2017 por 38,9 millones de euros más. Sin embargo, según afirma Ortiz, hay muchos más. “Hay muchos contratos que, como se dan de tapadillo, no salen a la luz pública. No se licitan, sino que llegan por decreto, porque el mayor accionista de la empresa es el Estado a través de la SEPI”.