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Energía nuclear
El programa nuclear turco amenaza nuestro Mar Mediterráneo I
Regresamos a la situación nuclear en Turquía: sus oscuridades, acuerdos internacionales y amenaza tanto para la población como para el medioambiente de dicho país. Los proyectos siguen adelante pese al aumento de los costes, las protestas de la sociedad civil, la presión sobre especies en peligro y que se desconozca qué será de los residuos radioactivos.
Al ser uno de los primeros países que firmaron un acuerdo basado en el artículo 123 de "Cooperación con otras naciones" de la Atomic Energ Act estadounidense de 1954, estableciendo el programa Átomos por la Paz del presidente Dwight D. Eisenhower, distintos gobiernos turcos han apostado por la energía nuclear al considerarlo clave en el desarrollo del país.
Turquía creó su propia Comisión de energía atómica pronto, en 1956, para trabajar en energía y seguridad. En 1982 se reconvirtió en el actual regulador nuclear y la autoridad nacional en lo relativo a licencias, el TAEK (Comisión de la energía atómica turca, por sus siglas en inglés). A día de hoy, hay dos reactores de investigación en el Centro de Investigación y Entrenamiento Nuclear, en Estambul. Para obtener un mayor desarrollo en el sector, se iniciaron varios procesos de licitación en 1965, 1972, 1982 y 1993, pero nunca se llevaron a cabo debido a las inseguridades políticas y económicas dado el clima de golpes militares que se producían cada 10 años, aproximadamente.
El movimiento antinuclear también jugó un papel importante. Esto comenzó en los 70 con las protestas de pescadores y ciudadanos en Mersin, y repuntó tras el desastre de Chernóbil en 1986. Al final de los 2000, se revisaron ciertos planes y en la actualidad se apuesta por tres proyectos: Akkuyu en el sudeste, Sinop en el noreste e Igneada en el oeste. La justificación oficial se deriva de la necesidad de reducir la dependencia de recursos extranjeros. Turquía dependía aproximadamente un 75% de fuentes energéticas importadas. De su generación de electricidad, el 34% procede del gas natural, del que un 70% se importa desde Rusia; 31% de carbón; 24% de energíá hidráulica; 6% de eólica; 2% de la geotérmica y 3% de otras fuentes.
En 2010, Turquía firmó un acuerdo intergubernamental con Rusia para intalar una central nuclear cerca de Mersin, en la costa Mediterránea. Este acuerdo permite a la empresa rusa Rosatom establecer la central Akkuyu, de cuatro reactores, siguiendo el modelo BOO (Built-Own-Operate, la empresa propietaria construye y opera) por primera vez en la historia. El anterior proyecto, el de Calvert Cliff en EEUU, no siguió adelante por cuestiones de seguridad militar. Siguiendo este esquema, el coste estimado del proyecto de Akkuyu era de 22 mil millones de dólares por los cuatro reactores, de diseño VVER1200, y la electricidad producida por Akkuyu será comprada a un precio garantizado de 12,35 céntimos cada kWh durante 15 años. Un dólar era 1,9 liras turcas cuando el proyecto comenzó en 2010, en 2019 un dólar equivale a 7 liras. Tratándose de un acuerdo internacional, este pacto se forjó a espaldas de la ciudadanía y no pudo evaluarse dentro del marco constitucional.
El acuerdo turco-ruso permite a la empresa rusa Rosatom establecer la central Akkuyu, de cuatro reactores, siguiendo el modelo BOO (Built-Own-Operate, la empresa propietaria construye y opera) por primera vez en la historia.
Aunque Turquía no firmara las Convenciones de Aarhus y Espoo, que obligan a la participación pública y a evaluaciones de impacto medioambiental (EIM), la ley turca refuerza la necesidad de dicha EIM. En el contexto de las negociaciones de acceso a la UE, esta ley refleja gran parte de la directiva europea sobre las EIM. La evaluación del proyecto de Akkuyu fue rechazada dos veces por el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanización. Una tercera solicitud fue aprobada a finales de 2014, una semana después de la visita del Presidente Vladimir Putin a Turquía. Circundando todo el proceso, hubo un gran debate público. Como reacción a la aprobación de la EIM, un conjunto de 13 organizaciones de la sociedad civil y 80 individuos, incluyendo organizaciones de físicos, abogados e ingernieros, ecologistas y de ámbito local, presentaron un recurso. Pese al notorio descontento local y nacional, los estudios de viabilidad para la localización de la central nuclear comenzaron el 14 de abril de 2015.
Sinop e Igneada, los otros proyectos nucleares turcos
La central de Akkuyu es la primera que entró en fase de construcción. Pero en 2013, Turquía firmó otro acuerdo intergubernamental, esta vez con Japón, para una segunda central nuclear cerca de Sinop, una ciudad en el Mar Negro. De nuevo, siguiendo el modelo BOO. Los reactores Atmea se entregarán a Mitsubishi en cooperación con la francesa Areva. Hasta ahora, el diseño Atmea solo existe sobre el papel y Turquía es el único país interesado en el mismo. Los reactores, de acuerdo con estos pactos, deberían de ser capaces de usar óxido mezclado (MOX) como combustible, incluyendo plutonio como combustible nuclear gastado y reprocesado.
Pese a que el proyecto todavía se encuentra en una fase muy inicial, y que aún no se hayan entregado permisos al respecto, se han talado casi un millón de árboles en un terreno que se había transferido del Ministerio de Medio Ambiente al de Energía. En enero de 2019 llegaron noticias de que la japonesa Mitsubishi había revisado el precio del proyecto debido al esfuerzo y tiempo consumidos en investigar la zona, de acuerdo con la normativa post-Fukushima. Finalmente, Mitsubishi anunció que duplicarían el coste, alcanzando los 40 mil millones de dólares. Desde entonces, el gobierno turco no ha explicado nada a la ciudadanía. Ahora existen varias posibilidades, incluyendo estas tres: que los costes los paguen los ciudadanos cuando empiece la producción eléctrica, que se instalen centrales de carbón por el coste anterior o que se cancele el acuerdo con Japón para buscar otro socio.
En 2016, el gobierno anunció un tercer proyecto, potencialmente en cooperación con la constructora china CNG. Igneada es famosa por su masa forestal, cerca de la frontera con Bulgaria y a 220 kilómetros de Estambul. El uso e implementación de tres tecnologías distintas, en propiedad de tres países distintos, ha generado importantes preocupaciones sobre si los diferentes procedimientos de seguridad y regulaciones podrán implementarse en la, todavía, infantil infraestructura legislativa nuclear en Turquía.
Problemas con Akkuyu
En 2014, una misión de revisión de la infraestructura nuclear integrada (INI) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) concluyó que las estructuras legales turcas necesitaban de mejoras. El resultado de esta misión solo se supo una vez filtrada, seis meses después de la fecha del informe. Una de las críticas centrales del informe provenía de la falta de independencia del regulador nuclear TAEK, de acuerdo con la Convención de Seguridad Nuclear (CSN). Por si esto fuera poco, dado que Turquía no firmó las Convenciones de Espoo y Aarhus, Chipre, situada a 100 kilómetros, no pudo participar en el proceso de la EIM.
En enero de 2019 llegaron noticias de que la japonesa Mitsubishi había revisado el precio del proyecto debido al esfuerzo y tiempo consumidos en investigar la zona, de acuerdo con la normativa post-Fukushima. Finalmente, Mitsubishi anunció que duplicarían el coste, alcanzando los 40 mil millones de dólares.
El proyecto se sitúa en una zona remota de la costa mediterránea turca. Las personas críticas alegan que se prestó muy poca atención a la protección natural durante la preparación del proyecto. Esto incluye amenazas a los humedales cerca del río Göksu, y a especies en peligro como la tortuga boba (Caretta caretta) o las focas monje (Monachus monachus). Existen además dudas sobre los efectos del aumento de 2 grados de la temperatura en las aguas cercanas a la central debido a su uso para enfriamiento. Turquía se encuentra en una zona de actividad sísmica y sus costas sufren de un riesgo elevado de tsunami. La sociedad civil solicitó que la EIM subrayara el riesgo de una falla activa a 30 kilómetros de distancia de Akkuyu.
Residuos radioactivos de alta actividad procedentes de la central de Akkuyu
El informe de la EIM no contenía ninguna explicación sobre los residuos radioactivos. Rosatom aclararía durante una revisión de expertos en el proceso judicial de la EIM que, de acuerdo con el artículo 12 de la Constitución rusa, Rusia nunca aceptaría almacenar residuos nucleares procedentes del extranjero. Por tanto, no está claro cómo será tratado el combustible gastado, o cómo deshacerse del agua empleada. Hay dudas al respecto, especialmente debido al alto riesgo sísmico en todo el territorio turco, que vuelve encontrar un depósito profundo algo virtualmente imposible. El acuerdo turco-ruso parece apuntar al reprocesamiento del combustible gastado en Rusia junto con la repatriación de los residuos vitrificados de alto nivel de radiación. Sin embargo, no queda claro el transporte de estos, que probablemente tengan que atravesar la altamente poblada zona de Estambul a través del Estrecho del Bósforo.
Este artículo continuará en su segunda parte.
Traducción de Raúl Sánchez Saura.