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Desahucios
Oleguer Pujol Ferrusola quiere desahuciar a una familia con dos menores de edad
Después de meses de negociación entre el Ayuntamiento de Barcelona y la propiedad, la Red de Vivienda de Horta-Guinardó denuncia que la posibilidad de un alquiler social haya quedado descartada de un día por el otro. Hamid Kadri y su familia tienen una orden de desahucio para el próximo 17 de septiembre.
Hamid Kadri y su familia tenían una puerta entreabierta que se les ha cerrado de golpe. El mes de julio pasaron de pensar que podrían quedarse en su casa con un alquiler social a temer que el 17 de septiembre sean desahuciados y no por un propietario cualquiera. El piso del barrio del Carmel de Barcelona, donde viven desde noviembre del 2017, es de Oleguer Pujol Ferrusola, el más joven de los hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña.
Después de meses sin trabajo, Kadri había empezado a trabajar limpiando oficinas, pisos turísticos y residencias, y esto le permitiría dedicar el 30% de su sueldo a un alquiler, que el Ayuntamiento de Barcelona tenía que complementar hasta llegar a los 750 euros mensuales, a través de la Bolsa de Vivienda de Alquiler. “El pasado julio me llamaron desde Vivienda para decirme que el 5 o 6 de septiembre firmaría el nuevo contrato con la propiedad, pero al día siguiente, por la mañana, me dijeron que la negociación se había roto, sin más explicaciones. Se me ha roto el corazón y la moral ha caído en picado”, relata Kadri. La Red de Vivienda de Horta-Guinardó, que le ha acompañado en todo este proceso, denuncia que nunca pudieron estar presentes en la mediación: “Fue poco transparente”, subraya la activista Lola Iglesias, quien añade que, a pesar de pedirlo, el Ayuntamiento nunca les enseñó un preacuerdo por escrito.
De hecho, el despacho de abogados del hijo de Pujol ha negado a La Directa que hubiera un preacuerdo, porque según el letrado, una persona inmersa en un procedimiento judicial, como es el caso de Oleguer Pujol, no puede recibir ayudas públicas y, por lo tanto, no puede acogerse a la Bolsa de Vivienda. En el momento de publicar el artículo, el Ayuntamiento no había aclarado hasta dónde había llegado la negociación.
Hamid Kadri perdió el trabajo en un restaurante cuando le faltaba un día de cotización para tener derecho al paro y su mujer, por el hecho de encontrarse en situación administrativa, no podía trabajar
Por todo ello, la Red pide que no se ejecute el desahucio del 17 de septiembre, un alquiler social para la familia y que el gobierno municipal se posicione y actúe para encontrar una solución. “Más teniendo en cuenta el historial del propietario”, que tiene varios procedimientos judiciales abiertos, puntualiza Iglesias.
Para Kadri, los problemas para hacer frente a los pagos empezaron hace dos años. Perdió el trabajo en un restaurante cuando le faltaba un día de cotización para tener derecho al paro y su mujer, por el hecho de encontrarse en situación administrativa irregular, no podía trabajar ni tampoco acceder a los circuitos de servicios sociales. Con un hijo pequeño y una hija en camino, tuvieron que empezar a hacer malabares para pagar 750 euros cada mes. Trabajos puntuales, informales e inconstantes hicieron posible aportar varias cantidades hasta noviembre de 2018.
A pie de calle, con el apoyo de la Red de Vivienda de Horta-Guinardó, consiguieron parar el primer desahucio el 25 de octubre de 2019 y también el segundo, el 3 de febrero, cuando el consistorio de Barcelona puso sobre la mesa la posibilidad de negociar un alquiler social.
El pasado 15 de julio, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mataba abrió una pieza separada para investigar las operaciones del hijo menor de Jordi Pujol
Negocios inmobiliarios investigados
El sector inmobiliario no es desconocido para Oleguer Pujol, quien, entre el 2009 y el 2012, efectuó varias grandes operaciones inmobiliarias millonarias, como administrador único de Drago Capital, y por las cuales está siendo investigado.
Precisamente, el pasado 15 de julio, el juez de la Audiencia Nacional española José de la Mata —ue procesa la familia Pujol por organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental— abrió una pieza separada para investigar las operaciones del hijo menor de Jordi Pujol. Llamada Drago, la pieza también investiga su antiguo socio Luis Iglesias, yerno del exministro español Eduardo Zaplana.
A la vez, el pequeño de los Pujol también aparece a los papeles de Panamá por comisiones opacas relacionadas con la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander, que también están bajo la lupa de Mata.