Cuidados
Las empleadas de cuidados se plantan ante la puerta del Ministerio de Trabajo

El otoño ha caído en su plenitud sobre Madrid en estos primeros días de noviembre. Abrigadas, con sus mochilas y sacos apilados entre pancartas reivindicativas, ayer 2 de noviembre cinco trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio (SAD), provenientes de varios puntos del estado, afrontaban la dureza climática en un sitio un tanto hostil: la arcada que se levanta frente al Ministerio de Trabajo. Se preparaban para su segunda noche a la intemperie, eran la avanzadilla de una acción de protesta que la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio junto al colectivo Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), pretenden hacer durar lo que haga falta ante un Ministerio que, consideran, no reconoce sus derechos como trabajadoras en igualdad de condiciones.  Entre sus reivindicaciones, presentadas de forma clara en las pancartas, la primera es que se les incluya en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

“Desde el 2018 que llevamos pidiendo no estar discriminadas de la norma de la ley de prevención de riesgos laborales. A nosotras se nos niega la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo porque nuestro lugar de trabajo son los domicilios”, explica Carmen Diego, que proviene de la plataforma de Asturias. El choque entre dos derechos fundamentales, el contemplado en el artículo 18 de la Constitución que garantiza la privacidad e inviolabilidad del domicilio y el del artículo 15, que garantiza el derecho a la vida, deriva, expone la activista, a que se privilegie el primero sobre el segundo, es decir, se ponga el derecho a la privacidad por encima del derecho a la integridad física y moral de las trabajadoras, algo que para Diego no se sostiene: “las personas que reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio tienen que entregar sus datos económicos, sus datos médicos, sus datos sociales y familiares, cosa que es bastante íntima”, justifica, no entiende por qué —dado que ya su intimidad se ve sobrepasada de todas estas maneras— no se pueda intervenir en estos domicilios como los espacios de trabajo que son. “Esa falta de evaluación del lugar del trabajo hace que no tengamos enfermedades profesionales reconocidas”, expone, y añade “además no tenemos un epígrafe de reducción de la edad de jubilación, cuando no podemos estar ni hasta los 65, mucho menos hasta los 67 trabajando en estas condiciones”.

“Desde el 2018 que llevamos pidiendo no estar discriminadas de la norma de la ley de prevención de riesgos laborales. A nosotras se nos niega la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo porque nuestro lugar de trabajo son los domicilios”

Es difícil que las trabajadoras de este sector lleguen a jubilarse, afirma la activista asturiana, “siempre salimos por la puerta lateral porque ya no aguantas más, las mutuas te dan siempre apta, estés como estés, tienes que si rotura de vértebra, hombros, hernias discales cervicales, de todo tipo, varices de tantas horas de pie, tienes un montón de cosas y siempre estás apta para la mutua, nadie te propone para una invalidez ni te la dan y terminas abandonando o despidiéndote”.  Y es que los cuidados no salen gratis para los cuerpos de las mujeres que cuidan, aunque no hay datos, denuncian, de hasta qué punto su salud se ve deteriorada: “nosotras tenemos montones de lesiones músculo esqueléticas, psicológicas, psicosociales, y biológicas. En la pandemia fuimos el segundo sector más contagiado por debajo de los sanitarios”. 

La Plataforma Unitaria y Sedoac denuncian así mismo en su comunicado conjunto la falta de estudios que aborden la salud de estas mujeres, por ello reclaman se asigne presupuesto para estudiar específicamente la situación, “con perspectiva de género y nivel socioeconómico, ya que es muy amplia la brecha de mala salud entre las mujeres del nivel más bajo (las que cuidan) y las de nivel medio y alto”, exponen.

Hay un correlación clara entre las condiciones laborales a las que se ven sometidas estas trabajadoras y las consecuencias en su salud: “muchas mujeres tienen que trabajar en aproximadamente seis siete casas para poder llegar al salario mínimo”, seis o siete casas al día, no a la semama, recalca Edith Espinola de SEDOAC. Mujeres que arrancan a las seis de la mañana y vuelven a su casa a las 10 de la noche, que van de un lado a otro en transporte público pagado por ellas mismas. Para denunciar estas condiciones, expone Espinola, SEDOAC ha intentado interlocutar también con el Ministerio de Trabajo desde hace un año: “Pero la ministra de trabajo jamás nos recibió, se ha reunido con todo el mundo menos con las trabajadoras del hogar, y eso por qué, ¿porque somos las que cuidamos?, ¿porque no somos empresarias? No lo sabemos, pero realmente el cuidado no está en el centro, y la pregunta que nadie puede respondernos es quiénes cuidan a las que cuidan”, sentencia.

Y es que la situación laboral de las mujeres del SAD y las empleadas domésticas no son fruto de la fatalidad, sino que es propiciada por las administraciones: “nos pasa esto porque la administración con dinero público saca estas subastas con empresas buitre y a nosotras nos dejan en manos de ellos, en el limbo, nos dejan abandonadas”. Abandonadas por ejemplo para  hacer maniobras con pacientes y usuarios durante horas, cuerpos que superan con mucho el peso de sus propios cuerpos, situaciones que sin las garantías necesarias, explican, dañan severamente su salud. “Si nosotras que somos trabajadoras por cuenta ajena bajo la dirección de un empresario y, por tanto plenamente integradas en el Estatuto de los Trabajadores padecemos esta situación, las compañeras de trabajo de hogar están directamente fuera por ser su trabajo de carácter especial, no solo están expulsadas de hecho como nosotras, sino también de derecho”, se explica en el comunicado conjunto.

Los daños de la externalización

Entre los puntos que las activistas incluyen en sus reivindicaciones hay uno que es ya histórico: que se revierta la externalización de la ayuda a domicilio. “Pedimos que los servicios que son de titularidad pública sean también de gestión pública, no hay ningún impedimento legal para ello, la experiencia de los servicios reinternalizados demuestran que tienen mayor calidad, eficacia y que mejora las condiciones laborales de quienes los realizan”, apuntan en su comunicado. Apuestan por este camino frente a lo que consideran un planteamiento mercantilista de los cuidados, que implica que el estado se desentienda de sus obligaciones, y recuerdan: “poner la vida en el centro y los cuidados que la sostienen significa que la política y la economía giran a su alrededor, que no forma parte de la cuenta de resultados de una empresa condenando a las trabajadoras a la precariedad y malas condiciones de trabajo”.

Pilar Nogués, presidenta del sindicato S.A.D de Cuidadoras Profesionales Municipales de Catalunya, dimensiona hasta qué punto ha cambiado la realidad de las trabajadoras tras la tercerización del sector. “Con la Ley de Dependencia y la ley Montoro lo que han hecho es una mercantilización pura y dura tanto de las residencias como del servicio de ayuda a domicilio. Los cuidados los llevan empresas multiservicios, que no tienen nada que ver con los cuidados, son empresas del IBEX 35 y fondos buitres”. Desde Catalunya cuenta cómo, con la licitación por parte de los ayuntamientos a los postores con mejores ofertas económicas “empieza la pesadilla de miles de cuidadoras: se presentan sin cumplir los pliegos, conscientes de que no lo van a hacer y que van a recortar en todo, en nuestras horas, en el material, en EPIs, recortan en todo”.

“Nosotras somos quienes llevamos el servicio, conocemos a los usuarios y somos las productivas, queremos contratar acción directa con el ayuntamiento, vamos a quitarnos a este intermediario al que se está pagando 24 euros la hora y a nosotras nos llegan 7€ o menos”

Para el sindicato el objetivo es acabar con estas empresas intermediarias que, defiende Nogués, al final solo aportan trabajadoras, lo que consideran “una cesión ilegal”. “Nosotras somos quienes llevamos el servicio, conocemos a los usuarios y somos las productivas, queremos contratar acción directa con el ayuntamiento, vamos a quitarnos a este intermediario al que se está pagando 24 euros la hora y a nosotras nos llegan 7€ o menos”.  Nogués, que conoció el servicio haciendo prácticas de la mano de una trabajadora municipal, pudo ver cómo se trabajaba con equipos multidisciplinares, en unas condiciones laborales y profesionales que se perderían con la externalización. “Nos enviaron una carta, nos subrogaron a una empresa y nos decían qe era para mejorar la calidad del servicio…”

Ante esta pérdida masiva de derechos laborales y sociales, Diego se pregunta “¿por qué si hablamos de poner la vida en el centro, o de cuidar a las cuidadoras, no se cuida esa vida? ¿por qué no se hace cargo la administración, que tiene obligación de ello, una obligación constitucional?”, por qué, en definitiva, se perpetúa un sistema que  “no está beneficiando  más que a los empresarios”.

Continuidad

Las jornadas maratonianas, independientemente de las horas de trabajo efectivas que incluyan —que tienden a ser pocas, muchas veces de 20 o hasta 15 horas, denuncia Diego— cubren mañana y tarde. E incluso a las jornadas completas les corresponden exiguos salarios, condiciones que, denuncia la activista asturiana, imposibilitan armar un proyecto de vida.  “No solamente las empresas, las mismas administraciones crean estas políticas de complicidad para seguir sometiendo el cuerpo de las mujeres”, apunta Espinola. “Entonces aquí, yo siempre digo y recojo las palabras de la canción de Las Tesis: ‘el estado opresor es un macho violador’: lo cambiaría y diría, ‘el estado opresor es un macho esclavista’ porque someten los cuerpos de las personas que cuidan lo que más se ama a una opresión y una precariedad infinitas”.

“Recojo las palabras de la canción de Las Tesis: ‘el estado opresor es un macho violador’: lo cambiaría y diría, ‘el estado opresor es un macho esclavista’ porque someten los cuerpos de las personas que cuidan lo que más se ama a una opresión y una precariedad infinitas”

Una falta de derechos que afecta a empleadas del SAD y empleadas domésticas, enfrentando además las últimas, en muchos casos, vulneraciones derivadas de su condición de migrantes, a la que se una la exclusión del régimen general de trabajadores. Por ello, en su comunicado la Plataforma y SEDOAC recuerdan la necesidad de ratificar el “Convenio 189 y la Resolución que la complementa, hacer que estos instrumentos se apliquen con toda su eficacia y que no se quede a mitad de camino. Pedimos que paralelamente el gobierno elimine las trabas para obtener el arraigo social sin esperar a los tres años de empadronamiento en el país y así posibilitar tener un contrato de trabajo desde la llegada”, afirman, remarcando la vulnerabilidad a la que tantas mujeres se enfrentan fruto de esta condición.  “Solo vamos a dignificar el mundo de los cuidados si nos unimos todas, tanto cuidadoras como usuarios, familiares”, afirma por su parte Nogués desde Barcelona.

¿Otros cuidados son posibles?

La Comala es una cooperativa de trabajadoras de los cuidados que desde hace cuatro años puja por participar en el sector de una manera autogestionada y no dependiente de las grandes empresas, explica Jamileth Chavarria, una de sus integrantes, a El Salto. Pero no es fácil: “en el tiempo que llevamos no hemos tenido posibilidad de acceder a ser contratadas por un ayuntamiento, a esos concursos solo va la gente que puede competir, que tiene un capital económico”, las famosas empresas multiservicios con, muchas veces, buenas relaciones políticas.

Frente a este modelo, la Comala apunta por una forma de entender los cuidados que ponga en el centro también los derechos de quienes cuidan, y esto lo llevan a la práctica de diversas maneras: yendo acompañadas para mejorar las condiciones en las que se ofrece el servicio, frente a la soledad de las trabajadoras del SAD. “Nos funciona bien la dinámica de cubrirnos, hay una compañera por ejemplo que no está en posibilidad de ir inmediatamente, la cubrimos las otras, nos movemos y la gente que también es usuaria, también nos echa un cable ayudándonos, si no contratan más horas, al menos nos permiten flexibilidad horaria que eso también nos viene bien porque también buscamos en la Comala que haya conciliación”.  Adaptar horarios a las necesidades de cuidado de las trabajadoras, muchas de ellos con hijos, es también algo que diferencia a esta iniciativa de las gigantes con las que compite. Un desplazamiento que para esta trabajadora de los cuidados se materializa cuando son las propias trabajadoras quienes hablan por sí mismas, más allá de los intermediarios que reinan en la mercantilización.

Un escenario que, apunta Diego, las trabajadoras no pueden tolerar más: por ello están decididas a pernoctar en el frío hasta que se las escuche. Para ello muchas, como ella, han tenido que negociar unas vacaciones que lejos de disfrutar en la playa pasarán reinvidnicando entre compañeras y pancartas. “Algunas llevamos 20, 30 años en esto. Estamos hartas. No queremos esto para la juventud que viene detrás”.