Crisis económica
¿Hacia dónde vas, España?

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ha hecho público el dictamen que deberá aprobar el Pleno del Congreso para establecer el andamiaje de la España post pandemia. De su lectura, emana la intención de querer dejar atrás la España que simbolizó Jesús Gil, la de los pelotazos y la corrupción, sol y playa sin contemplación, para situarse en un contexto más europeo: pretende que se eleve la recaudación tributaria —que en el Estado es siete puntos más baja que la media de la UE— y reindustrializar la economía. Y que esa industria de nueva creación, esté en sintonía con la emergencia climática. 

El texto recoge las medidas aprobadas por mayoría parlamentaria, por lo que algunas son dispares. En el bloque de empleo, destaca la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que establece penas de prisión para los piquetes de las huelgas, una antigua reivindicación sindical. Sin embargo, la medida 63 abre la puerta de par en par a implementar la mochila austriaca, tal y como solicitaba Ciudadanos. Y en esa línea se ubica la propuesta 44, que “impulsará la simplificación de las fórmulas contractuales”. Una petición del PP desde 2013. La derogación de la reforma laboral quedó anulada en la frenética noche del miércoles primero de julio, con los votos en contra del PSOE, por lo que no hay ni rastro de ella. 

Eliminar el copago farmacéutico y más PIB para la investigación

Existen pocas propuestas que recojan una acción concreta, más allá de la intención. La mayoría de los artículos arrancan las frases con los verbos estudiar, apostar, potenciar, trabajar, respaldar, explorar. Por ello, destacan los que claramente parecen ser un consenso aprobado entre los grupos parlamentarios. Es el caso de la eliminación de los copagos farmacéuticos y de incrementar gradualmente la inversión en I+D+i en los próximos cinco años hasta alcanzar el 2% del PIB. Destaca también que el Instituto de Salud Carlos III será el responsable de vertebrar la coordinación presupuestaria en investigación biomédica y, en general, del I+D+i en salud. 

En el bloque fiscal, brilla la medida 99:  “Un impuesto a las transacciones financieras que realmente grave los productos más especulativos, como los productos derivados y las operaciones de alta frecuencia”. En el plano de la intención, se insta a crear una “fiscalidad verde basada en costes asociados a las emisiones de CO2” (propuesta 101). 

Como medida aprobada, tal y como pactaron el 20 de mayo PSOE, Unidas Podemos-En Comú y EH Bildu, junto con la derogación de la reforma laboral, el dictamen recoge saltarse la Ley Montoro y permite a los ayuntamientos que hagan uso de la totalidad de los superávits y remanentes generados en 2019 y 2020 para hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria. En 2021, la regla del gasto tampoco será aplicable para las corporaciones locales. 

En el ámbito territorial, el texto abre la puerta a “impulsar la reforma del sistema de financiación autonómico para que todas las comunidades dispongan de una financiación adecuada y puedan prestar los servicios públicos de manera equitativa”. Para ello, el Gobierno se compromete a presentar a final de año un esquema del nuevo sistema de financiación autonómica “que resuelva las deficiencias del vigente”.

No al fracking, sí a la FP privada 

En materia verde, aunque está entroncada en otro bloque, la Comisión para la Reconstrucción ha acordado eliminar “todos los programas gubernamentales dirigidos a la investigación, exploración y explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos fósiles, o la ampliación de los ya existentes”.

En educación, el dictamen establece incrementar los recursos destinados a educación pública y becas, así como mejorar las condiciones laborales de la plantilla, pero no habla de aumentarla ni tampoco de bajar las ratios en las aulas. Por contra, “se intensificará la colaboración público-privada en las estrategias conjuntas en materia de Formación Profesional”. Es decir, más centros de enseñanza profesional público-privados, en vez de públicos. E insiste en la “digitalización” de la educación.

En cuanto a las becas, se acepta crear un fondo extraordinario para las actividades de verano que ofrezcan el servicio de desayuno y almuerzo, y con ellas poder asegurar dos comidas a las criaturas de familias vulnerables, y  un fondo económico para los centros escolares “de máxima complejidad”, con la intención de que el alumnado becado pueda acceder gratuitamente a todas las actividades extraescolares, a todo el material de trabajo en la educación obligatoria, al servicio de comedor y también al del transporte. 

Parece que en el texto hay un consenso en la protección de las personas más vulnerables y fortalecer el estado de bienestar. Sin embargo, a la hora de diseñar el horizonte productivo del Estado, se aprecia una ausencia de medidas concretas en torno a los tres pilares económicos: automoción, turismo y hostelería, tres sectores que chocan constantemente con la guarda y protección del entorno ambiental.

La salida de la crisis vuelve a cimentarse en el ladrillo

Martín Cúneo

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Especulación urbanística

La salida de la crisis vuelve a cimentarse en el ladrillo

Martín Cúneo

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Las patronales del turismo, del negocio inmobiliario y de la construcción consiguen que ocho comunidades autónomas aprueben medidas sin apenas debate público que dan facilidades a la especulación urbanística y limitan la protección del medio ambiente, del patrimonio y de la salud pública.

Automoción, turismo y hostelería

El bloque nueve es el concerniente al “impulso a la política comercial, apoyo a la automoción, relanzamiento del turismo y reactivación de la hostelería”. El texto sostiene que el sector de la automoción representa el 10% del PIB, incluyendo distribución y actividades anexas, y el 19% del total de las exportaciones españolas, por lo que crea 100.000 empleos directos y otros 2,5 millones indirectos. España es el segundo Estado fabricante de automóviles de Europa, y el octavo a nivel mundial. En una economía donde la antigua estrategia de movilidad está en crisis, esa que se sostiene en el vehículo privado diésel o de gasolina, el dictamen solo se enmarca en el plano teórico y asegura que “es una de las prioridades” del acuerdo, por lo que resulta necesario  “realizar un esfuerzo colectivo entre administraciones, empresas y trabajadores con el objetivo último de mejorar la productividad, preservar nuestras capacidades productivas en la automoción e impulsar la recuperación tras esta crisis sin precedentes”.  

Del mismo modo se refiere al plan para impulsar el sector turístico, sostenido hasta la fecha con ERTE para que al menos la mitad de sus trabajadores sigan manteniendo una fuente de ingresos. El sector turístico aporta el 12,3% del PIB y emplea al 12,7% de los afiliados en la Seguridad Social. Para el sector, el dictamen insta a modernizarse a través de la sostenibilidad y la transformación digital, y en las enmiendas mencionan la importancia de “contribuir a la transformación desde una perspectiva ecológica ambiciosa”.

La hostelería, asegura la Comisión para la Reconstrucción, es “testigo de algunos de los momentos más especiales de nuestras vidas”, y referente de un estilo de vida, costumbres y forma de socializarnos. España es tierra de bares, por ello conmina a estudiar la posibilidad de extender las medidas laborales de la pandemia “para permitir la reincorporación gradual de los trabajadores y establecer incentivos para la formación y recualificación de los trabajadores donde la actividad no se recuperará por completo”, alerta el texto.

Seis gráficas para entender los recortes en la sanidad

Carmen San José

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Sanidad pública

Seis gráficas para entender los recortes en la sanidad

Carmen San José

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La pandemia ha demostrado cómo de importantes han sido los recortes en gasto sanitario, plantillas, atención primaria y salud pública en la Comunidad de Madrid.

Reconstruir la sanidad

La Sanidad es quizá uno de los bloques que mayor consenso y dedicación ha aunado. Una atención primaria “estable, firme y robusta, para una salud familiar y comunitaria, es clave en esta nueva situación”, reconoce la primera propuesta. Para ello se insta a reforzarla con carácter urgente mediante “una inyección rápida e inteligente de recursos humanos y también tecnológicos”. Tras años de recortes y desprotección, se asume dotarla “con todos los medios humanos y materiales necesarios para hacer sostenible el sistema sanitario”. Aunque no hay cifras al respecto y se acuerda que el Consejo Interterritorial deberá fijar los objetivos e indicadores. 

Entre las propuestas  más concretas, destaca impulsar la enfermería de atención domiciliaria para pacientes crónicos, convalecientes, encamados y de postparto; ampliar los ratios de trabajadores sociales por centro de salud; perseguir la estabilidad laboral en los centros de salud y desarrollar adecuadamente la salud mental comunitaria; así como dotar a las residencias de mayores los servicios adecuados para atender sus necesidades, y “la deuda que la sociedad ha contraído con ellos en los meses pasados”. 

En materia sanitaria pero en el apartado farmacológico, llama la atención el artículo 47.3, que promueve “la revisión de la sobremedicación y estimular el hábito de la deprescripción”. España es uno de los países que más fármacos consume del mundo, tanto analgésicos como antibióticos y ansiolíticos. 

El dictamen es un documento extenso que repasa los puntos débiles del Estado español y espera afianzar los objetivos estratégicos en materia económica y en derechos sociales, y reconoce que esta crisis “supone una oportunidad para reorientar nuestro modelo de desarrollo, proteger los bienes comunes y anticipar los retos económicos y ambientales que se avecinan y sobre los que ya hay evidencias”.