Argentina
Una inflación del 100% se ceba con los sectores populares en Argentina

La economía argentina cerró 2022 con una inflación interanual del 94,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el mismo organismo que hace unos pocos días dio cuenta de unos alarmantes índices de pobreza para el segundo semestre del año pasado: un 39,2% de la población —18 millones de personas— y un 29,6% de hogares, son pobres. Si bien la economía creció el año pasado 5,2% y el desempleo retrocedió de 7% a 6,3%, la pobreza se disparó de la mano de la inflación.

Como ya se sabe, la inflación no afecta a todos los sectores económicos por igual y, aunque la población argentina acostumbra a lidiar con crisis de distinta envergadura, son los sectores de bajos recursos los que siempre se llevan la peor parte. Ahí donde las clases medias se ven obligadas a buscar mecanismos alternativos de ahorro y consumo, los sectores de menos recursos se ven obligados a recurrir a los diferentes planes sociales que ofrece el Estado y las organizaciones populares que trabajan en los territorios y conocen como pocos los efectos de unas cifras que se traducen en condiciones de vida cada vez más precarias, cuando no en hambre.  

“Estamos viendo un recrudecimiento de la situación en los barrios: familias que dejan de consumir algunos alimentos, o no pueden pagar la luz y el gas”, dice Tamara, del Frente Popular Darío Santillán

Aunque en Argentina la inflación es un tema recurrente en las agendas políticas de casi todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia hasta hoy, nunca se ha podido alcanzar una solución definitiva. Todo esto puede costarle muy caro no solo al oficialismo sino al conjunto del Frente de Todos —kirchnerismo y aliados— en un año electoral. Pese a que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hace todo lo posible por despegarse de la actual gestión, para una buena parte del electorado ella sigue siendo la responsable de que Alberto Fernández ocupe el cargo de presidente, y de los resultados de su gestión. Por el lado de la oposición, la mayoría de los políticos se despachan en contra de las soluciones que ofrece el Gobierno y ensayan posibles soluciones teóricas. 

Sin embargo, el problema, al menos en la arena política, no solo pasa por encontrar una solución a la crisis económica, sino al profundo desencanto que prima en el ánimo de la sociedad, porque mientras los políticos se dirimen en internas —con matices que solo ellos comprenden—, una gran parte de la población se desespera por encontrar una solución a las urgencias cotidianas. Y es ahí donde las organizaciones sociales y los recursos de la economía popular muchas veces hacen la diferencia.

Pobreza y trabajo

Hace unos días, con los últimos datos oficiales de pobreza en mano, Juan Grabois, dirigente social y referente de dos de las organizaciones sociales más grandes de la Argentina —el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)—, recordó lo que viene sosteniendo hace tiempo: que el problema no es la falta de trabajo sino la precariedad y la informalidad. Sin ir más lejos, en ciudades como San Luis, el desempleo es de 2,4% y el índice de pobreza de 45,2%; en Corrientes es de 4,5 y 45,2%; y en Viedma de 1,5% y 36,2%, respectivamente. Es decir, por primera vez en 20 años, la economía argentina creció un 5,2%, al mismo tiempo que creció la pobreza. Esto lo explica, en parte, el contexto internacional, la distribución de la riqueza y un Gobierno limitado por el pago de la deuda con el FMI que solo aspira a evitar una devaluación en un año electoral. 

Argentina se ubica entre los diez países del mundo con mayor inflación. Y el problema no es tanto que la clase media no pueda viajar a Europa, sino que hay millones de personas a las que esto les significa no tener el dinero suficiente para comer, vestir, pagar el alquiler, o llegar a fin de mes. “Estamos viendo un recrudecimiento de la situación en los barrios: familias que dejan de consumir algunos alimentos, o no pueden pagar la luz y el gas, y que van de alquiler en alquiler, o se ven obligadas a recurrir a la familia ampliada o a volver con sus familias de origen, hay un montón de estrategias para sortear la crisis”, cuenta Tamara, militante del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), una organización que agrupa y moviliza unos 15.000 activistas en todo el territorio nacional.

Respecto a la vivienda, y según datos de 2021 del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), en Argentina hay 5.687 barrios populares donde viven más de un millón de familias (más de cinco millones de personas). Se calcula que alrededor del 6% de las viviendas del país están en una villa (chabola) y que la proporción de personas se acerca al 12%, lo que da cuenta del alto grado de hacinamiento.

Desde finales de los 90 las organizaciones populares han sido las encargadas de contener una realidad social que, con algunos vaivenes, conmueve la vida de millones de personas. Aunque el desencanto y la crisis de representatividad afecta a todos los sectores sociales, la falta de respuestas por parte del Estado y, en este caso, de un gobierno de signo peronista —que históricamente responde con una mayor redistribución— ponen en el centro nuevamente a las organizaciones barriales como canalizadoras de las demandas de los sectores excluidos. Si bien los datos del Indec de septiembre de 2022, habían revelado que un 36,5% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza y que la indigencia —quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza— no había crecido porque fue contenida por los planes sociales, los números actuales muestran que el gobierno no logra contener la escalada de precios, ni a quienes definen la cadena de valor.

“El trabajador de clase media, el docente, o el enfermero de un hospital, tampoco está llegando a fin de mes. Es toda la clase trabajadora la que está afectada”

Por otra parte, la actual crisis económica, caracterizada por una gran precariedad laboral y bajos salarios, no solo perjudica a quienes se sostienen en base a pensiones o asistencia social, sino también a otros sectores que se han ido empobreciendo, pero a quienes antes al menos les alcanzaba para cubrir necesidades básicas. “El trabajador de clase media, el docente, o el enfermero de un hospital, tampoco está llegando a fin de mes”, plantea Tamara. “Es toda la clase trabajadora la que está afectada. Las medidas que se toman desde el Gobierno están siempre pensadas para favorecer a los mismos sectores, los que vienen acumulando riquezas. Está bien que haya bonos o planes que ayuden a compensar, pero necesitamos planes que cambien esto de raíz y den soluciones más estructurales”. El Frente Popular Darío Santillán, del que forma parte Tamara, debe su nombre al militante social Darío Santillán quien, junto a Maximiliano Kosteki, fue asesinado en medio de una feroz represión policial en la estación Avellaneda a mediados de 2002 en el marco de las enormes movilizaciones sociales que caracterizaron la época. 

Organizaciones populares

En Argentina, actualmente, una canasta básica alimentaria ronda los 177.000 pesos (440 euros) por familia, y un salario mínimo 80.000 (200 euros). En ese contexto, el trabajo de las organizaciones sociales tiende a garantizar, mediante comedores y merenderos en los barrios populares, al menos una comida al día. “El trabajo que hacemos con la alimentación es importantísimo”, sostiene Tamara, “pero también tratamos de cubrir otras necesidades como las de las niñeces y adolescencias que no tienen espacios de recreación y contención, las de vecinas que sufren violencia patriarcal y no tienen quien las acompañe o asesore, o las de vecinos que no acceden a la salud y que, si acceden, reciben un trato súper hostil y violento de parte de los efectores de salud. También están los bachilleratos populares para que las personas adultas que no pudieron completar su trayectoria educativa puedan hacerlo desde una perspectiva de educación popular y con lógicas diferentes a las del sistema público, que muchas veces lo que genera es una exclusión de estas personas”. 

Desde los piqueteros de los 90 hasta hoy las experiencias enmarcadas en torno a las organizaciones populares fueron fundamentales para paliar los efectos de las distintas crisis económicas

Desde el fin de la dictadura en 1983 hasta ahora, la precarización laboral, la informalidad, el desempleo y la pobreza, pusieron en evidencia los límites de la economía formal y colocaron en el centro a las organizaciones sociales como portavoces del reclamo y articuladoras de la acción. Las formas de representación que fueron adoptando los sectores populares excluidos ha ido mutando a lo largo del tiempo: desde los movimientos de desocupados y los piqueteros de los años 90, pasando por los diversos vínculos entre el Estado y las organizaciones de la década kirchnerista, hasta el Gobierno de Macri, al que el campo popular le planteó fuertes resistencias, las experiencias enmarcadas en torno a las organizaciones fueron fundamentales para paliar los efectos de las distintas crisis económicas.

Algunas de estas organizaciones, como la CTEP (2011), pudieron generar acuerdos que les permitieron ampliar la construcción de un espacio que culminó con la conformación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en 2019, un sindicato que aglutinó a la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y una fracción del FPDS. La UTEP engloba a trabajadores de cuidados, recicladores, vendedores ambulantes, artesanos, pequeños agricultores, productores independientes, así como cooperativas, fábricas recuperadas. Para 2022 casi tres millones de personas se encontraban inscriptas en el Registro de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) y en nueve provincias del país (Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) los inscriptos superaban a los trabajadores asalariados registrados del sector privado. Por lo demás, la UTEP —que representa la pata oficialista de los movimientos sociales— la componen, entre otros, políticos peronistas como Emilio Pérsico o Fernando ‘Chino’ Navarro, quienes tienen un pie en el territorio y otro en la función pública. Por su partes, Grabois—que mantiene un estrecho vínculo con el Papa Francisco y fue nombrado consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz del Vaticano (2015)— anunció su deseo de competir en las Elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias (PASO) del Frente de Todos, en el mes de agosto, donde se definirán los candidatos presidenciales. 

Además de la venta de ropa usada, la crisis reflotó otros mecanismos que fueron moneda corriente en otras épocas como el trueque, si bien estás prácticas no tienen la dimensión que tenían a comienzos del 2000

Pero el universo de las organizaciones es vasto y, si bien algunas se han institucionalizado y/o forman parte del actual Gobierno, muchas otras defienden su independencia y establecen alianzas más coyunturales frente a reclamos concretos, como es el caso de la fracción del FPDS. “Son alianzas que se dan más en el plano reivindicativo”, cuenta Tamara. “Cuando los recursos no llegan a nuestros espacios, o cuando vemos que aumenta todo menos nuestros salarios, salimos con otras organizaciones o espacios comunitarios con los que compartimos territorio para presionar en los diferentes ministerios que son responsables de la situación y visibilizar las distintas problemáticas de quienes los habitan”. 

Crisis

La acuciante crisis económica desborda los barrios y empieza a hacerse más visible en el centro de ciudades como La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires conocida por sus diagonales y por sus enormes parques, ya que desde hace años sus espacios verdes se vienen colmando de manteros que llevan ropa usada para vender y conseguir unos pesos. Sin ninguna estructura orgánica que los respalde, cientos de vecinos de los alrededores de La Plata se movilizan al centro para vender ropa y diversos objetos, o hacer intercambios. El problema es que el Gobierno local, de Juntos por el Cambio, el mismo partido al que pertenece Mauricio Macri, no es adepto a este tipo de expresiones populares que “afean” la ciudad, o juegan en contra de las lógicas económicas más duras porque venden sin pagar impuestos. “Lo que no quieren es que se vean pobres en el centro y también te piden que tengas domicilio en La Plata, así que sí sos de Ensenada —una ciudad cercana a La Plata—, o tenés otra nacionalidad, no podés hacer nada”, relata Julián, que además de mantero es comunicador social. “Nosotros venimos pidiendo una mesa de diálogo, pero se niegan. Yo tiré la manta por primera vez con la crisis de 2015, y hasta 2018, que fue el primer desalojo, ese fue un medio de vida y un espacio de encuentro con otros. Ahora te obligan a usar unas tiendas plegables que no todo el mundo puede comprar, y eso hizo que muchísima gente tuviera que abandonar Llegamos a ser 600 manteros”. Además de la venta de ropa usada, la crisis reflotó otros mecanismos que fueron moneda corriente en otras épocas como el trueque. Si bien estás prácticas no tienen la dimensión que tenían a comienzos del 2000, en algunos barrios han empezado a crecer los intercambios de ropa o mercadería para acceder a los bienes más básicos.

El panorama no es bueno, y el futuro es más que incierto. Aunque hace unos pocos días el FMI aprobó la revisión de metas del cuarto trimestre de 2022 y desembolsó 5.400 millones de dólares, que en buena parte sirven para pagar la deuda de casi 45.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri con ese mismo organismo cuando fue presidente (2018), también advirtió de la necesidad de reducir aún más el gasto público, lo que seguramente se traducirá en un mayor ajuste que terminarán pagando los mismos de siempre.