Análisis
Lo que no se hizo también debilitó la sanidad pública valenciana

El presente texto supone una continuación del análisis de la sanidad pública valenciana publicado en este medio el pasado domingo, enfocándose en esta ocasión a un balance de la gestión del antiguo gobierno progresista autonómico.

El acceso al gobierno central del PSOE con Unidas Podemos en lo que respecta a sanidad no representó  un cambio significativo en marco básico del  modelo sanitario. Quedó en el tintero la derogación de la Ley 15/97, de nuevas formas de gestión de la sanidad, que ha sido la puerta abierta principal, aunque no única, para la privatización sanitaria. Asignatura también que se dejó fue la derogación del Real Decreto-Ley del  16/2012 que restringió la universalidad y amplió el copago farmacéutico.

Nuestros derechos se han visto ampliados de forma positiva con la ley de muerte digna y de eutanasia, pero la parte más negativa de la gestión del gobierno “más progresista”, en plena pandemia, fue no apoyar en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio la liberación de las patentes de vacunas, productos sanitarios y tratamientos contra la COVID como lo solicitaba la propuesta de la India y Sudáfrica apoyada por más de 100 países y que reclamaban los movimientos sociales.

Frente a la retórica de tratar a estos productos como bienes públicos y de acceso global, el gobierno, junto al resto de gobiernos europeos, se alineó con la Big Pharma para defender sus criminales beneficios

Frente a la retórica de tratar a estos productos como bienes públicos y de acceso global, el gobierno, junto al resto de gobiernos europeos, se alineó con la Big Pharma para defender sus criminales beneficios sentenciando a gran parte de la población mundial en el altar del mercado. Esto se explica por el respeto escrupuloso del PSOE a las corporaciones y las reglas del mercado, el apoyo en los fondos europeos —con su eufemismo de colaboración público-privada—, y la  resignación, quejosa  pero estéril, de UP ante estas claudicaciones importantes en cuanto al derecho a la salud.

La sanidad pública durante el Gobierno Botánico

En el País Valencià el acceso en 2015 del primer botànic, con apoyo externo de Podemos (que no entró en el gobierno autonómico), permitió en sanidad la modificación favorable a la sanidad pública de la ley de la salud de la Comunidad Valenciana, las ayudas al copago farmacéutico con más de 1,5 millones de personas favorecidas, y la recuperación a la gestión pública directa de los departamentos de salud de la Ribera (2018) y Torrevieja (2021) a través de la no renovación de contratos de la concesión. Se avanzó en recuperar lo privatizado con los 20 años del Partido Popular.

La pandemia tensó y colapsó por momentos el sistema sanitario valenciano y, además, del tendal de muerte, sufrimiento y ansiedad que soportó la población, puso en evidencia debilidades estructurales del sistema sanitario ya conocidas previamente, especialmente en atención primaria y salud mental. Tras tirón de orejas de UE por la elevada precariedad de los trabajadores, el alto grado de interinidades estructurales y renovables durante años, y tras una amenaza de sanciones, la Conselleria y el Gobierno estatal empezaron a abordar este grave problema crónico de una plantilla envejecida, ajustada  y desanimada tras el estrés pandémico. El avance en hacer efectivas las OPEs de consolidación y anteriores sigue lento y embarrado, previéndose en los próximos cinco años jubilaciones numerosas que debilitarían numerosos servicios.

En cualquier caso, la privatización de la sanidad pública no solo se produce por medio de las concesiones administrativas, sino que se hace a través de diversos mecanismos. El primero, el trasvase de pacientes en listas de espera a centros que son un problema estructural y serio en sistema sanitario, ha seguido abordándose con planes de choque que producen ganancias a la privada y detraen recursos que podrían reforzar la pública.

Ocho años de Botànic no han servido para recuperar determinados servicios y dignificar algunas prestaciones así como los derechos de sus trabajadores

En segundo lugar, el transporte sanitario urgente, eslabón esencial en la atención a enfermedades agudas cuya resolución es tiempo dependiente, está externalizado. El personal TES (técnicos de emergencias sanitarias) en condiciones precarias, siguen sin reconocerse, en la realidad, como personal sanitario vital para una asistencia de calidad. Se dejó en manos privadas UTEs este sector que tendría que tener gestión pública directa.

El tercer punto es que siguen externalizados servicios importantes, en numerosos departamentos de salud, como diálisis, radioterapia y radiología. Y el cuarto y último, que también en los centros sanitarios la externalización de servicios importantes como limpieza, cocina, lavandería, mantenimiento, se ven afectado por contratos donde la precarización de sus trabajadoras corren muchas veces paralelo al deterioro de servicios importantes, aunque no sean sanitarios. Ocho años de Botànic no han servido para recuperar estos servicios y dignificar estas prestaciones así como los derechos de sus trabajadores.

Un asunto complejo fue el intento por Conselleria de ejercer control sobre criterios de derivación al IVO (Instituto Valenciano de Oncología), dirigido por una fundación privada sin ánimo de lucro. La primera consellera de sanidad universal y salud pública del Botánic, Carmen Montón, destacó la necesaria complementación de la sanidad privada con la red pública valenciana de servicios de oncología, en búsqueda de racionalidad y eficiencia en el circuito.

Un asunto complejo fue el intento por Conselleria de ejercer control sobre criterios de derivación al IVO (Instituto Valenciano de Oncología), dirigido por una fundación privada sin ánimo de lucro

Tras una batalla propagandística y bastante demagógica los cambios que proponía la Señora Montó quedaron anulados tras la intervención del President Ximo Puig que decidió volver a situación previa en el que el IVO ofrece el servicio integral de asistencia sanitaria oncológica. Por nuestra parte consideramos que el paso atrás dado no beneficia el desarrollo de la oncología en los distintos departamentos de salud, cuestiona la necesaria racionalización de la derivación sanitaria e ignora la gran labor que se desarrolla tanto a nivel científico como asistencial en los  hospitales públicos valencianos.

Idas y vueltas con la creación de Empresa Pública de Sanidad

Volviendo al tema de privatizaciones, las promesas tantas veces realizadas y luego postergadas por Ximo Puig desde el primer Botànic de recuperar el Departamento de Salud de Denia se consiguieron por el reclamo activo tanto de la ciudadanía de la comarca, ayuntamientos, sindicatos, comité de empresa y junta de personal, como la plataforma en defensa de la sanidad pública de la Marina Alta.

Los retrasos y torpezas en recuperar las resonancias magnéticas e integrarlas en los servicios de radiología del sistema público sanitario se agudizaron con el giro del PSPV en la modalidad de recuperar el departamento de salud de Torrevieja tras finalización de contrato de concesión. La nueva apuesta del PSOE  de crear una empresa pública, que incorporara a la plantilla de las concesiones y el personal de las resonancias magnéticas concertadas fue defendida por la Consellera  Barceló y apoyada por el President Puig, que rectificaba lo realizado por la anterior Consellera Carmen Montón, del mismo partido.

La nueva opción, diferente a lo conseguido por el personal de plantilla de la concesión del departamento de la Ribera, brindaba menos seguridad a las trabajadoras, ofrecía menos garantías para blindar el carácter público frente a futuros intentos de reprivatizar, y debilitaría un sistema integrado sanitario público al impulsar la fragmentación y surgimientos de entidades autónomas y diferentes. Todo esto frente a la modalidad previa de crear plazas estructurales estatutarias garantizando la continuidad de la trabajadora gracias a  la figura “laboral a extinguir”, que garantizaba derechos laborales.

Fue el posicionamiento de la sociedad de radiología y del comité de empresa de Torrevieja junto a los sindicatos, así como la movilización de las trabajadoras, lo hizo que ganara la opción de integración plena

La propuesta de creación de una empresa pública sanitaria ocasionó conflictos dentro del gobierno autonómico por el posicionamiento claro de UP contra el modelo de empresa público al que luego se sumó Compromís. Pero fue el posicionamiento de la sociedad de radiología de la Comunidad y del comité de empresa de Torrevieja junto a los sindicatos, destacando la iniciativa de la federación de sanidad de CCOO, y la movilización de las trabajadoras lo que definió hacia dónde se inclinó la balanza, ganando la opción de integración plena a la gestión directa.

ACDESA País Valencià, asociación en defensa de la sanidad pública del País Valencià, pese a defender la recuperación  de lo privatizado, no llegó a acordar posicionamiento frente a la modalidad a favor de empresa público versus la integración plena a la sanidad pública y de gestión directa por Conselleria.

Finalmente pero no menos importante ha sido el retraso de la Conselleria de sanidad del PSOE en desarrollar reglamentariamente los Consejos de Salud Básicos que abordaran la participación ciudadana, aprobados en el primer Botànic en la ley de Salud de la Comunidad Valencia y publicado recientemente en últimos meses del anterior gobierno. El reclamo y presión desde el movimiento ciudadano fue desoído y es poco probable, aunque sería deseable, su desarrollo por el nuevo gobierno de derechas.

Un retraso que no consideramos inocente, ya que hay incomodidad (cuando no temor) a la participación y empoderamiento de la ciudadanía en temas de salud y en otros temas importantes. Pero sin participación de las y los usuarios no se puede desarrollar la salud comunitaria ni detectar problemas para poder realizar adecuadamente los planes de salud a nivel del terreno.

Debemos reconocer que lo avanzado por el Botánico en temas de salud y sanidad que quedó muy por debajo de las expectativas que había con la llegada del “gobierno del cambio”, y reaprender que gobierne quien gobierne debemos defender el derecho a la salud y la sanidad pública como bienes comunes y oponernos a su mercantilización.

Mientras la partida sigue, continúa el reto de generar un potente movimiento en defensa de la sanidad pública y del derecho a la salud en el País Valencià. Sin sectarismos y reconociendo la complejidad y debilidad en la actual situación, consideramos necesario el esfuerzo para contribuir a su desarrollo, no partimos de cero, pero se necesita organización, memoria y lucha.