Centrales nucleares
Ante la nuclearización... la vida

La producción de energía nuclear es generadora de problemas (residuos, escapes radiactivos, extracción de material altamente contaminante, como el uranio, etc.), difíciles de controlar, condenando a las generaciones futuras al control de unos residuos que perduran miles de años.

La contaminación por la extracción de uranio, aparte de devastar el territorio en el que se ubican las minas, es altamente contaminante para las poblaciones del entorno donde están situadas, esta actividad desprende gases y polvo radiactivo, lo que genera graves problemas de salud (aumento exponencial del porcentaje de cáncer) entre los y las trabajadoras y las poblaciones, siendo las primeras afectadas las personas que trabajan en ellas.

Con la complicidad del gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-León, la empresa australiana Berkeley ha presentado un proyecto especulativo (la actividad extractiva tendrá una duración aproximada de 9 años) para abrir la única mina de uranio a cielo abierto de Europa en Retortillo (Salamanca). Esta actividad arrasa el territorio, dejando una gran cicatriz en el paisaje y un territorio contaminado que acaba con la actividad agrícola y ganadera, que es el medio de vida de las poblaciones de su entorno, contribuyendo a la despoblación del mundo rural.

Tanto la actividad extractiva como la gestión de las Centrales Nucleares provoca, con la exposición de las personas encargadas del trabajo y del mantenimiento de las mismas, un peligroso problema para su salud. La alarma surgida tras los accidentes de Chernobyl y Fukushima que provocaron devastación y muerte en amplias zonas de Europa y Japón, parece no hacer mella en los gobiernos, pues más que estar al servicio de las poblaciones que los votan, son meros gestores al servicio de la industria nuclear capitaneada por las eléctricas.

La solución para paliar los efectos del cambio climático no puede venir del mantenimiento de la energía atómica como alternativa, tal y como defiende el lobby nuclear. Esta energía no es inocua en cuanto a emisiones de CO2, la cadena de producción necesaria para su funcionamiento (extracción, construcción, transporte, desmantelamiento, almacenaje) contribuye significativamente al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Especialmente significativa y peligrosa es la relación entre la utilización civil de la energía nuclear y la utilización militar. La política de disuasión nuclear, además de ser costosa, es criminal, amenazando la supervivencia de la especie humana en un planeta ya de por sí maltratado y sobreexplotado en el que, de continuar el ritmo de consumo actual, nuestra huella ecológica nos indica que necesitaríamos dos planetas y medio para poder aguantar el ritmo desaforado de contaminación que producimos, lo que nos sitúa claramente en la insostenibilidad.

Necesitamos de manera urgente un cambio en el modelo energético, un modelo que prime las energías renovables y la eficiencia energética

Un informe de Greenpeace sobre renovables ponía de manifiesto que se puede cubrir más de 50 veces nuestro consumo energético actual de aquí al 2050 con energías renovables, solo es necesaria la voluntad política de llevarlo a cabo. El gobierno neoliberal del Partido Popular, de manera totalmente irresponsable, recorta inversión en energías renovables en un país que tiene más horas de sol que la mayoría de los países de nuestro entorno y que nos ganan de lejos en producción de energía solar (Alemania ), mientras pretende alargar durante 20 años más la vida de las vetustas centrales nucleares españolas.

La defensa de la energía nuclear es irresponsable porque, además del peligro que comporta, las reservas de uranio son finitas y se calcula que pueden agotarse en un periodo de 60 años. Solamente desde intereses espúreos de acumulación de beneficios por parte del lobby nuclear, se puede justificar que sigan en activo. La inversión efectuada para la instalación de las plantas nucleares en el Estado español hace muchos años que está amortizada, generando ingentes cantidades de beneficios a las eléctricas que las gestionan y que continúa pagando la ciudadanía en el recibo de la luz.

En el Estado español la política de sumisión del gobierno al poder de la industria nuclear es alarmante, el proyecto de ampliación del cementerio de residuos nucleares del Cabril, que fue diseñado y autorizado para albergar residuos de media y baja intensidad con una estimación de 300 años de actividad y que ya se encuentra al 70% de su capacidad, está recibiendo residuos de alta intensidad para los que no tiene autorización, como el óxido de uranio que permanece activo cientos de miles de años, poniendo en riesgo a la población de la zona. Mucho nos tememos que albergar este tipo de residuos es el propósito real de este proyecto de ampliación.

Por todo ello, es urgente que la información sobre esta problemática, que afecta directamente la seguridad y la vida de la población, llegue de manera veraz a la ciudadanía. Es la hora de que entre todas las personas que creemos que otro mundo es posible retomemos de nuevo la bandera del sol antinuclear, para alumbrar otra manera de vivir y frenar la peligrosa e irresponsable deriva de quienes, con las anteojeras de la avaricia y el cortoplacismo, ponen en riesgo la vida y el planeta.