Criminalización y castigo en cuarentena
Daniel Gallardo y los muros de España

España tiene una larga historia de cárceles y centros penitenciarios. Miles de presas y presos sociales y políticos han pasado por sus muros. No todos sobrevivieron a ellos. Desde la antigüedad, el castigo formó parte de las sociedades estratificadas. Sin embargo, la idea de cárcel que hoy conocemos es un hecho relativamente moderno. En el siglo XVI, encontramos cárceles donde eran recluidos presos de la corona, gitanos y esclavos sometidos a trabajos forzados, como la cárcel de Almadén, que comunicaba directamente con las galerías de la mina. La “humanización” del siglo de las luces cambió también la concepción del sistema penitenciario. Así, comenzaron a construirse edificios destinados a albergar a pobres, mendigos, vagabundos y delincuentes; hombres y mujeres. El hacinamiento fue dando paso al modelo celular, donde predomina el aislamiento del preso. Es el caso de la Casa de Corrección San Fernando del Jarama, construida en 1776 en la actual San Fernando de Henares, al este de Madrid, un ejemplo de prisión moderna que contaba con enfermería, patio para el recreo y hasta capilla para la moral de los reclusos.

No muy lejos de la modélica y moderna prisión de San Fernando de Henares, dos siglos después, se construye la cárcel de Alcalá-Meco, como se conoce coloquialmente al Centro Penitenciario Madrid II, una prisión de alta seguridad construida según un modelo suizo que no llegó a implantarse en el país. Su arquitectura única se emplea para custodiar a internos penados y preventivos. Un millar de presos de diferentes nacionalidades conviven en el interior de sus muros. Durante la crisis sanitaria han sido ellos quienes les han pedido a los funcionarios que se cuiden para no ingresar el Covid-19 en un espacio donde las mascarillas de protección han tardado en llegar.

Daniel Gallardo Herczog tiene 22 años y habita entre sus muros desde el 17 de octubre de 2019. La tarde anterior fue detenido en las inmediaciones de la madrileña Puerta de Sol tras las cargas policiales al desconvocarse una manifestación de protesta y solidaridad con los presos políticos condenados días antes por el Tribunal Supremo a largas penas como consecuencia del referéndum de Catalunya del 1 de octubre de 2017, la conocida sentencia del Procés. Daniel niega haber cometido los delitos que la Fiscalía le imputa y por los que piden seis años de cárcel y una multa de varios miles de euros.

Cuando preguntamos al letrado Mario López quién es su defendido responde: “Daniel es hijo de la migración española en Alemania, de madre alemana y padre español. Pronto regresa a España, para criarse entre Andalucía y Madrid. Estudia Secundaria en la Comunidad de Madrid y Bachillerato en Andalucía, donde comienza Filología Hispánica en la Universidad de Cádiz. Pero abandona los estudios y solicita hacer un Módulo de FP en Auxiliar de Enfermería para finalmente emanciparse con 19 años y regresar a la Comunidad de Madrid, donde, como trabajador precario, encadena contratos laborales temporales con contratos mercantiles por cuenta propia como comercial para poder pagar sus facturas y un alquiler en Getafe, localidad en la que vive hasta ser detenido”. Datos, entre otros, en los que se basa la defensa para solicitar la libertad provisional que el Juzgado de Instrucción 22 de Madrid ha denegado tres veces alegando riesgo de fuga y anunciando la proximidad del juicio oral que, ocho meses después, sigue sin fecha. “Ni siquiera con la pandemia le han dejado salir”, explica su abogado.

La crisis sanitaria del Covid-19 ha endurecido las condiciones de la prisión. La restricción total del régimen de visitas y la entrada de paquetería ha afectado los ánimos de la población reclusa. “Dani ha estado muy solo. En todo el tiempo que ha durado la cuarentena no ha recibido ninguna carta ni tampoco hemos recibido ninguna suya. Quizás el correo iba mal, no sé”, revela su amiga Sara sin encontrar sentido a todo esto, preocupada de cómo la cárcel le pueda estar afectando. “Al principio fue internado en el módulo de los conflictivos. Su compañero de celda tenía problemas de dinero con otros presos y se vio en medio de eso. Pasó unos meses horribles. Cuando lo visitábamos estaba a la defensiva, y Dani siempre ha sido un chico muy bueno, de llevarse bien con todo el mundo, de lo mío es tuyo y buena vibra. Notamos que la cárcel lo estaba cambiando. Luego los funcionarios se dieron cuenta de que era un chico tranquilito y le cambiaron al módulo de respeto. Ahí, nos cuenta, los presos se cuidan unos a otros, juegan al baloncesto y hacen talleres. Además, él trabaja en la biblioteca. Aunque con esta situación no le hemos podido enviar más libros”.

En España, uno de los períodos más duros de esa costumbre del poder político de valerse de la prisión como elemento de tortura, criminalización del pensamiento crítico y represión política, fue el franquismo. Ya desde el alzamiento militar y el golpe de Estado contra la República, en las zonas controladas por los sublevados las cárceles se atestaron. Con la victoria de los “amantes de la muerte”, la dictadura retomó viejas prácticas como el trabajo esclavo. Los prisioneros políticos levantaron con sus manos verdaderos monumentos del fascismo como el famoso Valle de los Caídos, donde Franco estuvo enterrado con honores de Estado hasta hace apenas unos meses. Los relatos de algunas presas y presos políticos durante el franquismo son estremecedores. Miguel Hernández es encarcelado finalizada la guerra y muere tres años después en la cárcel de Alicante. El poeta del pueblo nos dejó algunos versos sobre la cárcel cuya lectura es de esas que se agarra en la garganta como aliento de animal herido.

Algo ha llovido desde entonces; sin embargo, la causa contra Daniel Gallardo engorda la larga lista de presos políticos de España. Su caso ha trascendido gracias a la solidaridad. Le acompañan sus amigos y la red de apoyo del Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid), que articula colectivos y asambleas de diferentes ámbitos que buscan una solución al problema político de la represión. “Cuando reprimen a alguien como Dani, que no está organizado, nos ponemos en contacto con él y con su entorno cercano, e iniciamos una campaña de apoyo, para difundir, convocar movilizaciones, recaudar fondos, etc.”, relata Marco, vocero de un Movimiento que lleva dos años tejiéndose. “No puede ser que cada vez que viene la represión tengamos que empezar de cero. Ahora hay una red de defensa conjunta, que está funcionando y tiene sus reivindicaciones. La represión es un problema político, solucionar cada caso en particular no es el fin, hay que responder por el colectivo, y hacer real la mítica consigna cuando nos tocan a uno respondemos todos. Se trata de pasar a la ofensiva por nuestros derechos y libertades, sistemáticamente violentadas por el Estado español. Porque cuando se intenta luchar por ellas nos reprimen a todos por igual, independientemente del ámbito, la ideología y los métodos que se utilicen”.

Después de la sentencia del Procés media Catalunya se levanta en solidaridad con los presos. Otras ciudades se suman a la causa, los lazos amarillos se multiplican, extendiendo un clima de solidaridad que incomoda a Gobierno y oposición. Aquella tarde de miércoles, cuando la manifestación en solidaridad con Catalunya se concentra en Sol, aparece un pequeño grupo de neonazis con banderas de Vox gritando consignas fascistas para irritar a los presentes. La propia seguridad de los manifestantes salvaguarda la concentración sin entrar en provocaciones. Sin embargo, el fuerte dispositivo policial, ordenado por la Delegación de Gobierno en Madrid, carga contra los manifestantes que espontáneamente deciden acercarse al Congreso. Comienzan las carreras y los grupos se disgregan. Decenas de vídeos que se pudieron grabar aquel día dejan un amplio testimonio gráfico del abuso de poder. A Daniel lo detienen cuando va a contener a unos policías que están golpeando a su amiga Elsa Vilki. “Pasa la noche en Moratalaz con los otros dos detenidos de aquella manifestación. Destacaremos que, no en la toma de declaración, donde la instructora policial está a cara descubierta, sino en los pasillos, hay policías encapuchados. Cuestión que no podemos probar pues no existen cámaras que den evidencia de semejante actuación policial pero que tiene el objetivo de amedrentar y está fuera de toda reglamentación”, apunta su abogado, quien actualmente está trabajando en el escrito de defensa.

¿Será Daniel una cabeza de turco de la estrategia de represión del Estado contra la solidaridad para con el proceso catalán? Este joven de 22 años sin antecedentes ingresa precipitadamente en la cárcel cuando el Ministerio Fiscal solicita para él la más grave medida cautelar, prisión sin fianza. Una lección ejemplificante para que a ningún otro joven se le ocurra tomar las calles para decir lo que piensa. Una práctica antigua esa que utiliza el miedo para acabar con la solidaridad, la organización y el pensamiento crítico.

Incluso en tiempos de pandemia, la estrategia del miedo se prioriza frente al sentido del cuidado y la dignidad. Para la población reclusa han sido tiempos difíciles. “Además de que las medidas de protección sanitaria han sido mínimas y no se ha garantizado la salud de los presos”, nos cuenta Marco, “se han cancelado los encuentros vis a vis con familiares y las visitas a través del locutorio a pesar de que se dan con un cristal de 5 centímetros de grosor por medio. Sin embargo, los carceleros entran y salen sin ningún tipo de control sanitario con el riesgo de contagiar a los internos. Esta situación ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de la población reclusa. Y ha afectado anímicamente. Se han cancelado actividades dentro de la cárcel, talleres, las comunicaciones intermodulares, y pasan mucho más tiempo encerrados en sus celdas”. Además, “desde diferentes organizaciones hemos exigido medidas básicas como la liberación de las personas mayores, enfermas, terceros grados y que no volvieran a las cárceles, mientras durase esto, los presos con permisos. Pero no se ha hecho nada”.

Los pueblos de España, en los últimos meses, han vivido una situación de confinamiento que no es comparable a lo que pueda sentir una persona privada de la libertad encerrada en un centro penitenciario, pero, según las situaciones y circunstancias, podría asemejarse. Quizás sea mucho pedir que la población acuarentenada en sus casas se solidarice con las alrededor de 60.000 presas y presos que habitan en las cárceles de España. Quizás conocer casos como el de Daniel y datos nada desdeñables como que la mayoría de presos que pueblan las cárceles son pobres, personas en situación vulnerable procedentes de sectores excluidos, puedan acercarnos a una comprensión de la realidad más ajustada. Quizás, la solución a nuestros problemas como sociedades esté más en la atención a las diferencias que en el castigo a “los condenados de la tierra”. De nuevo, con Miguel Hernández:

Hoy, después de las severas restricciones, las visitas vuelven a permitirse en los centros penitenciarios. Es necesario cita previa, por eso los amigos de Daniel no dejan de llamar al teléfono facilitado, sin embargo aún nadie descolgó la llamada.