Derecho al agua
Las turbias aguas del País Valencià

El pasado mes de mayo, Paterna alcanzó un hito en la defensa del derecho al agua. El pleno del Ayuntamiento aprobó que se garantizara a todo el pueblo el suministro mínimo vital. La moción fue impulsada por la plataforma ciudadana H2O Paterna frente a la urgencia de tomar medidas. “Ha ha habido casos de mujeres con hijos pequeños que han llegado a casa y se han encontrado con que no tenían agua sin que nadie las haya avisado de que iba a producirse el corte”, explica Jorge Samblas, portavoz de H2O Paterna, quien también denuncia que el Ayuntamiento aún no da cifras exactas respecto a las personas afectadas.

H2O ha comenzado a extenderse también a otros municipios como Riba-roja o Godella. Su objetivo es evitar que la gestión del agua siga siendo un negocio con el que las operadoras privadas se lucren a costa de la ciudadanía y las primeras acciones que han realizado buscan garantizar el acceso al agua de toda la población. Otra medida incorporada para conseguirlo, en Paterna, fue la creación de un fondo social de 200.000 euros creado íntegramente a partir de la empresa mixta que opera en parte del municipio, Aguas de Paterna, participada en un 49 % por Hidraqua. Con la aprobación de esta moción, Paterna se suma a la reducida lista de pueblos que garantizan el mínimo vital de agua —que la Organización Mundial de la Salud marca en 100 litros por persona y día— o que tienen un fondo de rescate creado a partir del resultado industrial de la empresa gestora.

Ingeniería Sin Fronteras ha dedicado el último año a estudiar la consecución del Derecho Humano al Agua en el País Valencià y ha elaborado un informe que será publicado en los próximos meses. Para hacerlo, han analizado los municipios con más de 25.000 habitantes, de los cuales han colaborado un total de 33. Tan solo cinco contaban con un fondo de rescate en el que la empresa gestora del agua participara, siempre forzada por los ayuntamientos, para cubrirlo total o parcialmente. Respecto a la garantía del mínimo vital de agua, la cifra es más desoladora. Tan solo Xàtiva, y ahora también Paterna, han aprobado mociones en defensa de este derecho.

En el barrio de La Coma (Paterna), donde existe un fuerte riesgo de exclusión social, se está pagando el agua más cara de todas

Según explican desde Ingeniería Sin Fronteras, de acuerdo con los indicadores internacionales utilizados en su estudio los costes de la factura del agua no deberían superar el 3%. Otros indicadores menos optimistas sitúan el umbral en el 1%. De las facturas analizadas, la gran mayoría de hogares con pocos ingresos superan ese corte, y son tres municipios los que también superan el 3%. Destaca especialmente el caso de La Coma, en Paterna, donde opera Aguas de Valencia, ya que se trata de un barrio en un fuerte riesgo de exclusión social que está pagando el agua más cara de todas.

Otros datos del estudio muestran cómo se divide el precio de la factura del agua en los diferentes municipios. Generalmente, la mayor parte no es el consumo variable, sino los costes fijos del funcionamiento del servicio. A estos han de añadirse los costes impropios de la factura, como son la tasa EMTRE para la recogida y tratamiento de residuos sólidos, que se calcula en función del consumo de agua del año anterior. De nuevo, el barrio de La Coma se sitúa en el primer puesto, con unos costes derivados del consumo real que apenas superan el 20%. Además, en su caso no existen los bloques de consumo dentro de la parte variable, por lo que se está pagando lo mismo por cada m³ sin importar cuando gasto se acumula.

El pastel del agua

Aunque la Ley de Bases del Régimen Local indica que la gestión del ciclo integral del agua —que comprende el abastecimiento del agua potable y el saneamiento— se ejecuta en régimen de monopolio por parte de los ayuntamientos, lo más habitual es que el servicio se externalice, dejándolo en manos de una empresa que tome todas las decisiones sobre la gestión y el precio del agua.

En el País Valencià, como en la mayor parte del Estado, la gestión está en manos de operadoras privadas, ya sea a través de la externalización total del servicio o del modelo de empresa mixta, en el que el Ayuntamiento mantiene un 51% de la titularidad. De los datos extraídos por el estudio de Ingeniería sin Fronteras, tan solo son de gestión pública las aguas del 9% de los municipios consultados. Las adjudicaciones se encuentras en manos del oligopolio formado, esencialmente, por Aguas de Valencia —del grupo Global Omnium—, Hidraqua —que pertenace a Agbar y la multinacional francesa SUEZ— y, en menor medida, FFC Aqualia.

Aguas de Valencia es propiedad de la familia del empresario Eugeni Calabuig, que es el presidente. La Fiscalía Anticorrupción está pidiendo cuatro años de prisión para todos los Calauig por un presunto delito de administración desleal en la compraventa de acciones de la inmobiliaria Costa Bellver, que también pertenece a la familia. Estas operaciones se realizaron durante los años 2009 a 2012 y, según la fiscalía, contribuyeron a dejar un agujero de 30 millones de euros en Bancaja.

El año pasado Aguas de Valencia repartió 31 millones de euros entre los accionistas, que son mayoritariamente la familia Calabuig

El año pasado Aguas de Valencia repartió 31 millones de euros en dividendos entre sus accionistas, conformados mayoritariamente por la familia Calabuig. Esa cifra da una idea del volumen de beneficios extraídos de la explotación del agua. El grupo del que forma parte y que también opera fuera del País Valencià, Global Omnium, cerró 2017 con unos beneficios de 35 millones de euros y un volumen de facturación superior a los 300 millones.

Un cambio de cara

Hidraqua era antes conocida como Aquagest, pero decidió cambiar su nombre en el País Valencià después de conocerse los casos de corrupción en los que habría incurrido la empresa en todo alrededor de todo el Estado. La jueza Pilar de Lara, encargada de la macrocausa que investiga a esta filial de Agbar, la definió como “una verdadera asociación ilícita”. Algunas de las prácticas fraudulentas que ha acreditado son la fabricación de los pliegos de condiciones a través de connivencias con funcionarios y autoridades públicas, los pactos con terceras empresas para falsear concursos públicos o la figura de los “conseguidores”, personas que abrían las puertas a las empresas vinculadas a Aquagest en diversas entidades públicas aprovechando sus conexiones políticas y que recibían pagos y regalos a cambio.

Aunque de Lara llevaba también la pieza que investigaba estas actuaciones en Catalunya, País Valencià y Murcia, a finales de marzo se conoció que la Audiencia de Lugo anulaba todas sus investigaciones por entender que, aunque el caso se derivara de la causa principal, la jueza no era competente para actuar en estos territorios.

Gestión directa

Aunque son minoritarios, existen algunos municipios que ejercen la gestión directa del servicio. Es el caso de Xàbia, que cerró el último año con unos beneficios de un millón de euros que se reinvertirán íntegramente en la mejora del servicio. Josep Lluís Henarejos, gerente de Aigües Municipals de Xàbia, explica que se trata de un modelo que “se puede hacer perfectamente rentable cuando los ayuntamientos apuestan por él”. Desde 2015, Xàbia también cuenta con un Observatori de l’Aigua abierto a la ciudadanía donde, entre otras cosas, se fiscaliza la planificación de la inversión en infraestructuras y las tarifas del agua, que no han subido desde 2008.

En otros lugares donde las licitaciones han acabado, los vecinos están luchando por recuperar el modelo de gestión pública. En 2012 acabó el contrato del Ayuntamiento de Godella con Aguas de Valencia después de una adjudicación de 100 años. Ese contrato se ha estado prorrogando a la espera de que el municipio decida si vuelve a licitar o pasa a gestionar de manera directa, aunque PSPV y Compromís presentaron hace tres años una propuesta de pliegos para externalizar de nuevo. Actualmente, el Ayuntamiento tiene encargado un informa a la asesora PW Advisory. Esta sociedad está dirigida por Pablo López de las Heras, exdirector de Nuevos Negocios del Canal Isabel II, investigado por diseñar la operación de compra presuntamente irregular de la empresa colombiana Inassa.

Riba-roja también se encuentra en una situación de deliberación sobre qué hacer con el servicio. En 2012 finalizó el contrato con Aquagest y el consistorio preparó uno nuevo para adjudicar otra vez durante 25 años. Fue su empresa competidora, Aguas de Valencia, la que denunció el contrato por considerarlo fraudulento y en 2016 fue definitivamente tumbado por el Tribunal Superior de Justicia. Andrés Fernández, de Podem Riba-roja, insiste en que desde entonces “el gobierno del PSPV ha maniobrado para evitar cumplir con su promesa electoral de recuperar la gestión pública del servicio”. El grupo de gobierno se basa en un informe encargado a los técnicos del Ayuntamiento que Podem considera “deficiente e incompleto”, ya que no constan estudios de viabilidad económica ni datos técnicos sobre la gestión del servicio.

Adjudicaciones a dedo para 50 años

Josep Lluis Henarejos explica que otro de los beneficios de la gestión pública es que “las decisiones no se toman a 25 años vista”, sino que se realizan “día a día”. Si hay una cosa que caracterice estas adjudicaciones es su extremada duración, que en el mejor de los casos es de 20 o 25 años. El caso de l’Entitat Metropolitina de Servicis Hidràulics (EHMSHI) es un buen ejemplo.

La EMSHI es la entidad encargada de la distribución del agua desde las plantas potablizadoras de Manises i Picassent hasta las localidades cercanas a Valencia. En ella están representados 51 municipios con un total de 1’8 millones de personas, entre ellos la misma capital. En 2007, la EMSHI decidió crear una empresa mixta para gestionar el agua, Emimet, participada en un 70% por Global Omnium y en un 30% por la propia EMSHI.

Pese a que tiene una parte de titularidad pública, la fiscalización es complicada y muchas veces inexistente. El consejo de administración de Emimet cuneta con representación proporcional de la empresa privada y de los grupos políticos de la EMSHI. Valentín Mateos, representante por Esquerra Unida, asegura que el tiempo que tienen para estudiar la documentación que les da la empresa a la hora de tomar las decisiones es mínimo y que ningún consejero representado en la EMSHI cuestiona aquello que se les presenta.

El principal conflicto de la entidad tiene que ver con el Plan Anual de Obras que Global Omnium presentó para convertirse en el accionista principal de Emimed. En él se recogían unas inversiones de 850 millones de euros para los 50 años siguientes que duraría el contrato. No obstante, Mateos denuncia que en ningún momento existió un anteproyecto de obra y que se incumplían los principios de publicidad y pública concurrencia.

El caso llegó al Consell Jurídic Consultiu, que se puso del lado de la parte privada. Aun así, contaba con un voto discrepante que indicaba que “resulta difícil mantener que se trata de un plan anual de inversiones perfectamente cuantificable” y califica las obras de “indeterminadas”. Además, insiste también en que “es complicado mantener que las obras fueran licitadas” al no existir anteproyecto desde el inicio. Por todo ellos, Esquerra Unida acabó presentando un recurso contra la adjudicación por imcumplir la pública concurrencia, aludiendo también a los sobrecostes que repercuten en la tarifa final.

A GUANYAR DINERS

Pedro Arrojo, de la fundación Nueva Cultura del Agua, explica que uno de los grandes problemas es que “se está utilizando a las empresas del agua para financiar a los ayuntamientos como si fueran bancos”. Esta práctica se realiza a través del canon concesional que la empresa debe pagar para pasar a explotar el servicio, y que en la práctica está funcionando como un préstamo que repercute en la tarifa que pagan los vecinos. “Cuando entra un préstamo de tanto millones que, en condiciones normales, un banco no daría, el operador privado pasa a convertirse en tu amo y señor” explica Arrojo.

El cánon que se recibe por la privatización del servicio supone una gran cantidad de ingresos que llegan de golpe a las arcas del Ayuntamiento, pero no hay un regulación que indique que se deben reinvertir en las infraestructuras necesarias para el servicio. “Al equipo de gobierno que privatiza para 20 o 30 años le va muy bien porque puede financiar sus obras que nadie tienen que ver con el ciclo integral del agua, pero después es cuando llega el problema”, explica Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Como tampoco hay un seguimiento efectivo de las inversiones que la empresa realiza en infraestructuras, es frecuente que, cuando acaba el contrato, el Ayuntamiento se encuentre con instalaciones ineficientes y sin capacidad de reinvertir en ellas, lo que le obliga a licitar de nuevo.

“Antes era frecuente que los ayuntamientos vendieran terrenos municipales para buscar financiación. Ahora se utiliza la vía de privatizar la explotación de los servicios públicos” indica Babiano. El problema es que, una vez privatizado el servicio, es muy complicado revertir la situación. Si un nuevo gobierno quiere acabar con el contrato que se había firmado antes para los próximos 20 o 30 años, debe devolver a la empresa no solo la inversión inicial, sino también una amortización de los beneficios que deja de ingresar.

En una situación similar se encuentra el municipio de Requena, donde en 2015 acabó el contrato con Egevasa y se está prorrogando desde entonces. Se trata de un municipio sujeto a un plan de ajuste con graves problemas de infraestructuras del agua, sin capacidad de inversión ni mucho menos de creación de ninguna empresa pública, por lo que no es posible plantear una remunicipalización.

Juan García, de Requena Participa, explica que la propuesta de su partido pasa por evitar que el contrato sea de 30 años a cambio de un canon de 3,25 millones para financiar al Ayuntamiento tal y como prevén los pliegos. “Una posible solución es buscar financiación a través de un banco y entonces licitar cada cuatro años la gestión del agua”, explica García. Se trata de una medida que no solo evitaría un contrato tan largo, sino que permitiría a empresas más pequeñas acceder en régimen de competencia real a las adjudicaciones, ya que actualmente solo las grandes compañías del agua tienen la capacidad de desembolsar una cantidad de 3,25 millones de golpe. “En cualquier caso, no puede ser que una empresa privada financie al Ayuntamiento en condiciones mucho mejores que cualquier banco” añade García..

Tasa o tarifa

Gran parte de la batalla jurídica sobre el precio del agua orbita en torno a dos conceptos clave: tasa y tarifa. La tesis de las empresas es que, siempre que el servicio se preste mediante concesiones, se ha de aplicar el poder tarifario de la empresa para marcar los precios por mucho que se trata de un servicio municipal de primera necesidad.

La aplicación de las tarifas permite que las empresas puedan atribuir todo tipo de gastos a los costes del servicio y hace casi imposible fiscalizar la actividad de las empresas, en tanto no parecen sus gastos e ingresos en los presupuestos municipales. También en el caso de impagos, la forma jurídica de la tarifa permite que el suministro se corte de manera inmediata y sin ningún aviso, mientras que la tasa requiere de un proceso de apremio que ha de detenerse si se prueba la insolvencia del deudor.

La sentencia 185/95 del Tribunal Constitucional crea jurisprudencia para considerar que, independientemente de la forma por la que se gestiones, debe prevalecer el carácter del servicio que se presta. Al tratarse el agua de un bien común básico y en régimen de monopolio de los ayuntamientos, su precio se ha de considerar como una tasa cuya cuantía está sometida al control público y en ningún caso pensada para el lucro económico. Jorge Samblas, de la plataforma H2O Paterna, insiste en “lo pernicioso que resulta que la explotación de un bien público genera tal cantidad de beneficios. Si se acabara con esta posibilidad, las concesionarias irían desapareciendo por sí mismas”.

Durante años, diversas sentencias del Supremo han confirmado la jurisprudencia del Constitucional pronunciándose a favor de los ayuntamientos y asociaciones que denunciaban los precios de las tarifas. El pasado mayo esta situación cambió cuando Joaquín Huelín, un magistrado que se benefició de un convenio entre Agbar y el consejo General del Poder Judicial y que incluso publicó una ponencia en un libro editado por la empresa de aguas, se pronunció en contra de un recurso contra las tarifas que habían presentado asociaciones vecinales de Murcia y Cartagena y que formaba parte de una estrategia para revertir los precios del agua en todo el Estado. Además de estar vinculado a la mayor operadora del agua en España y contra la que estaba dirigida el recurso, el juez fue designado contra la normativa del Supremo, un hecho denunciado por las asociaciones pero que no progresó.

Babiano opina que el problema de las tasas y tarifas solo es un de los muchos frentes abiertos. Algunos de los más urgentes son la reducción de las largas licitaciones de 20, 40 o 50 años o la planificación de obras con una fiscalización real de los ayuntamientos con tal de evitar que las operadoras subcontraten en función de las necesidades del momento a empresas de su propio grupo. “También son urgentes cosas como cumplir con los principios básicos de democratización y evitar que se siga licitando con empresas involucradas en casos de corrupción”, añade Babiano.

Babiano también menciona un punto en el que todos los defensores del agua coinciden: “Existe una fuera connivencia entre la clase política y el lobby del agua. Se trata de un sistema perverso que defiende los intereses de las empresas del agua por encima de los de la ciudadanía”. Aunque los ejemplos son infinitos, el representante de AEOPAS pone el ejemplo de la Ley Montoro y las imposibilidades que supone para los ayuntamientos a la hora de gestionar sus recursos y encontrar financiación para desarrollar empresas públicas. Por su parte, Arrojo se muestra optimista en tanto que cree que existe “todo un movimiento de reacción frente a la situación de chantaje financiero actual y de la que se aprovechan las empresas del agua”. La irrupción de nuevos movimientos en defensa del agua en todo el País Valencià parece ser una prueba. “El del agua será el principal conflicto de este siglo —afirma Jorge Samblas— y los ciudadanos debemos estar preparados para hacerle frente”.