Fiscalidad
Frente a la pandemia, la guerra y la desigualdad social, más y mejor fiscalidad

Son múltiples las razones para argumentar por qué es el momento de exigir una fiscalidad más fuerte y justa. De entre ellas, destacamos tres inobjetables derivadas de la dramática realidad que nos invade: la guerra, la pandemia, y la desigualdad social. Las tres variables son de ámbito planetario. Para las primeras dos es difícil pronosticar un final, y la tercera está en escalada continua desde hace muchos años.

La pandemia, además de obligar a la intervención urgente del Estado para comprar vacunas, contratar profesionales, adquirir material sanitario, y levantar infraestructuras, reclamó una enorme cantidad de financiación pública para contrarrestar la paralización de la actividad productiva y comercial. Esto se concretó como subvenciones a las empresas estratégicas, créditos avalados, exención de cotizaciones, regulaciones temporales financiadas de empleo. En términos globales, la pandemia supuso un incremento total de gasto público que llegó a más que duplicar el déficit de las cuentas públicas.[1]

La guerra es, sin duda, la barbarie desatada. La ley no existe, solo la impunidad de las balas y los misiles. Los “Estados Mayores” militares son las “instituciones” gobernantes. Las familias que conforman la mayoría social de los pueblos atacados huyen para no ser “tiro al blanco”, abandonan su hogar y se enfrentan a la incertidumbre más absoluta en lo personal, terrenal y vital.  El conflicto armado está suponiendo ya un incremento significativo de los bienes de la canasta básica para los ciudadanos y las familias. En el mundo, lógicamente, no hay una distribución equitativa de los recursos naturales, especialmente de los energéticos, mineros y alimenticios. Se distribuyen según la naturaleza los “ha dispuesto” geográficamente. Rusia y Ucrania poseen un volumen significativo de aquellos recursos, y la guerra restringe su oferta y presiona fuertemente los precios al alza.

La desigualdad social está presente en el modelo neoliberal de la globalización capitalista, e incrementa las consecuencias económicas de la guerra contribuyendo en subir más el nivel de los precios. Esto sucede en particular con los de la energía, con regulaciones de mercados que no cumplen las condiciones de tales. Esto es, en los que no hay competencia, ni libre oferta y demanda, como es el caso del sector eléctrico e incluso de los combustibles, que son sectores dominados por oligopolios de oferta. Las subidas de precios de estos insumos básicos amplían el efecto negativo por el lugar que ocupan al inicio de la cadena de valor productiva, y trasladan los incrementos al coste último de los productos. La globalización económica está fraccionada por la guerra y las restricciones de todo tipo, afectando a los transportes principalmente, y generando escasez de suministros, con el correlato, también, de la subida de los precios. Los principales perjudicados de los aumentos generalizados de precios, aun cuando alteran el conjunto de los equilibrios económicos, son los que tiene ingresos fijos a precios “pactados”, sin actualización automática, principalmente trabajadores asalariados y sus familias. Sin embargo, también hay un amplio abanico de otros agentes económicos, desde colectivos dependientes a profesionales autónomos y pequeños empresarios, que entran en esta circunstancia de no poder repercutir en sus rentas los incrementos de los precios. Por el contrario, las rentas del capital y los precios de las mercancías se pueden ajustar casi automáticamente, no están en su mayoría regulados. Los ingresos financieros también tienen mecanismos automáticos de corrección que amortiguan el impacto de la inflación. La libertad del mercado en la formación de los precios mercantiles y financieros es dogma y liturgia en la economía capitalista. El salario es también precio, pero del trabajo, y la doctrina, en cambio es la austeridad y el control porque de su abaratamiento sostenido depende la acumulación y la rentabilidad del capital. El trabajo y el capital no sufren las consecuencias de la guerra de igual forma.

El trabajo y el capital no sufren las consecuencias de la guerra de igual forma.

Las medidas de política económica adoptadas tanto en el período intenso de la pandemia 2020 - 2021, como en estos primeros meses de 2022, debido a la guerra, para amortiguar los efectos en el conjunto de la economía han supuesto un enorme incremento del gasto público y de la deuda, tal como comentamos en los párrafos iniciales de este artículo. Las ayudas se volcaron a todo el tejido económico, al capital, al trabajo, a la dependencia, a las infraestructuras, y lo fueron de manera directa a través de fondos o subvenciones, inversiones, o de manera indirecta, a través de avales financieros. No tenemos espacio para desarrollarlo, pero sí para confirmar que sin el concurso del Estado o de lo público, la economía habría colapsado, en particular la empresarial.

Fortalecer lo público asegurando la solvencia presupuestaria con progresividad fiscal

Las políticas económicas públicas se plantean a partir de las necesidades de gasto, y no al revés. En La Plataforma por la Justicia Fiscal, tenemos en el argumentario fundacional tres palabras fundamentales asociadas a los impuestos: igualdad, que todos concurran al pago de los impuestos, progresividad, que los que más tienen más paguen, y suficiencia, que los impuestos sean suficientes para cubrir el gasto público.

Necesitamos continuar con políticas públicas para fortalecer la sanidad pública y para frenar la desigualdad social amenazada por la inflación y la guerra, de las que salen peor parados los más vulnerables en ingresos. Pero también para frenar el cambio climático con inversiones sostenibles, que no comprometan a la naturaleza, incluida nuestra especie. A estas políticas hay que sumar las tradicionales del bien común, que son aquellas que no están sujetas a las rentas de los ciudadanos sino a la dignidad de la vida de las personas, como son la educación igualitaria, la justicia y los derechos, las infraestructuras para los servicios, la movilidad y el ocio, los servicios públicos esenciales energía en general, agua y saneamiento, la vivienda digna, y un largo etcétera. Hoy la suma agregada de todo lo puntualizado conforma el gasto social que hay que financiar con los impuestos. Se trata de un Estado del Bienestar ampliado a las necesidades sociales impuestas por una realidad sobrevenida. Y está muy claro que el compromiso de gasto con los ciudadanos es hoy mayor en términos económicos -por la pandemia y la guerra- y por la desigualdad agravada por la inflación.

Necesitamos continuar con políticas públicas para fortalecer la sanidad pública y para frenar la desigualdad social amenazada por la inflación y la guerra, de las que salen peor parados los más vulnerables

Reducir la fiscalidad supondría recortes del gasto social que la coyuntura antes explicada no lo permite. De ahí, el sinsentido de proponer bajar impuestos o difundir demagógicamente “que el dinero, dónde mejor está, es en el bolsillo de la gente”. No, al contrario, si el gasto publico incrementado es el que ha evitado que la economía se paralice es allí a donde hay que dirigirlo. Ni la pandemia ni la guerra están solucionadas, y no hay argumentos sólidos para visualizar un fin próximo de todas las incertidumbres políticas y económicas planteadas por ambos acontecimientos.

Los últimos datos publicados indican que en el año 2021 la distribución de la renta volvió a ser regresiva para los asalariados, pues aumentó 1% menos que los beneficios empresariales.

Ahora bien, no hay solidez en las políticas públicas de gasto si los ingresos fiscales no se ejecutan con progresividad, esto es, haciendo soportar con más carga impositiva a los que más tienen y asegurando que todos solidariamente lo hagan, sin espacio para la elusión o el desvío a paraísos fiscales. Los últimos datos publicados indican que en el año 2021 la distribución de la renta volvió a ser regresiva para los asalariados, pues aumentó 1% menos que los beneficios empresariales. Se confirma lo que indicábamos a principios de este año (en el Boletín nº4 de la Plataforma por la Justicia Fiscal) sobre la brecha negativa en el reparto del ingreso económico que aumentó en 4 puntos desde la Gran Recesión de 2008. La brecha está medida en participación porcentual entre el 10% más rico y el 50% inferior después de pagar los impuestos. Sumando a los bancos, las eléctricas y las telefónicas, un total de tan sólo nueve empresas se han embolsado 35 mil millones de euros en beneficios en 2021, casi la mitad del presupuesto sanitario de España. Esto último indica que una parte importante del montante de ayudas públicas y facilidades monetarias a la economía terminaron consolidando patrimonios privados. El 1% de la población española viene llevándose entre el 11 y el 12,5% del ingreso nacional en los últimos 40 años

La reforma fiscal pendiente debe enfrentar esta realidad compleja de inequidad social garantizando la suficiencia del gasto, consolidando la progresividad en el pago de los impuestos y poniendo los medios humanos y técnicos que eviten la elevada elusión. Comencemos reduciendo diferencial de más de 7 puntos por debajo de presión fiscal con Europa.

[1] El Gasto Público en 2021 fue un 20% superior al que tradicionalmente el sector público en España. En términos de PIB fue superior al 50%.