Después de 12 años en la cárcel por lo que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo decidieron llamar pertenencia a una “banda terrorista” a la que jamás se le imputaron ni muertos ni heridos ni estructura conocida, Roberto 'Teto' Rodrigues Fialhega se convierte, este viernes, en el primero preso independentista gallego en salir de permiso de la cárcel de Teixeiro (A Coruña). Teto Rodrigues es el primero de los reclusos del Colectivo de Presas Independentistas Galegas (CPIG) que consigue acceder a beneficios penitenciarios después de cambiar la estrategia colectiva del CPIG y tras varias solicitudes denegadas. Desde hoy, tendrá seis días, apenas una semana, para poder desfrutar de algún tiempo en libertad.

Resistência Galega, un concepto

Fran Pérez

Represión

Resistência Galega, un concepto

Fran Pérez

A operación contra Causa Galiza e Ceivar artéllase na vinculación destas organizacións con Resistência Galega. Pero mesmo a existencia deste grupo é controvertida.

Fuentes allegadas a Fialhega explican a El Salto los pormenores de cómo, a pesar del cambio de estrategia del colectivo de presas, el Ministerio de Interior, no facilitó las primeras solicitudes de permiso. Después de una primera denegación, Fialhega se vio en el deber de argumentar, en un escrito de queja, como la supuesta organización terrorista, Resistência Galega, por cuya integración se le condenó, ya no existe desde hace años, según el propio testimonio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los sucesivos informes del Ministerio Fiscal y las propias sentencias de la Audiencia Nacional: “En Galiza no existe ningún fenómeno de violencia independentista. La última acción de la resistencia galega se remonta al año 2014”.

De hecho, fue en 2013 cuando la Audiencia Nacional estableció como probada la existencia de Resistência Galega como organización terrorista. Fue precisamente durante el juicio al propiao Teto Rodrigues Fialhega, Maria Osório, Eduardo Vigo Domínguez y Antom Santos. Una sentencia que volvió a ratificar el Tribunal Supremo un año después, no sin grandes críticas desde buena parte de los movimientos sociales gallegos y de los partidos políticos a la izquierda del PSOE. Con el paso de los años, el hilo del análisis judicial de los pocos hechos probados sigue viéndose como un ejercicio de elocuencia judicial ciertamente dramático para las presas.

Según la sentencia de la Audiencia Nacional, el grupo terrorista habría surgido en julio de 2005 con la publicación anónima del Manifesto pola Resistência Galega, en el cual se abogaba por el uso de la violencia contra bienes materiales. Posteriormente, llevaron a cabo acciones contra sucursales bancarias o sedes de partidos políticos, según el testimonio de un Segundo manifesto pola Resistência Galega publicado en 2011. En ninguno de los manifiestos se reivindicó la existencia de un grupo armado con ese nombre. Como demostró en su tesis doctoral, A construción mediática do conflito político en Galicia: o tratamento de Resistencia Galega na prensa la investigadora de la Universidade de Santiago de Compostela, Helena Domínguez, la atribución de este nombre a una presunta estructura terrorista se considera una construcción mediática y, desde luego, judicial.

Teto Fialhega y Eduardo Vigo cumplen una condena de trece años y nueve meses de cadena desde diciembre de 2011, cuando fueron detenidos en un control en una carretera de Vigo (Pontevedra). A ninguno de los dos se les probó la comisión de ningún atentado ni ningún daño ni material ni personal y, sin embargo, como recordaba el periódico Galiza Livre estos días, “son los presos que más estancia ininterrumpida han vivido en toda la historia del nacionalismo gallego”.

En ambas sentencias, se acredita la tenencia de algún explosivo de fabricación casera, pero sobre todo documentación de índole política y manuales de resistencia civil que le sirvieron a la judicatura para hilar la construcción conceptual de una supuesta organización terrorista, la única además de ETA reconocida cómo tal en aquel momento histórico por el Estado español. Pero en ninguna de las dos sentencias se acreditó estructura organizativa ni humana alguna, algo que tanto los colectivos de presas como los movimientos antirrepresivos gallegos y las propias condenadas, hasta hoy, siempre han defendido.

Como se explicaba en la escasa prensa prensa crítica de la época, el juicio contra estos cuatro independentistas marcó un antes y un después en Galicia, ya que, por primera vez, se consideró probada la existencia de una banda armada terrorista. Junto a ese consenso, el segundo vector del discurso del Estado fue lo de la criminalización de las prácticas cotidianas. Los comportamientos que se consideraban anómalos o socialmente atípicos se convirtieron en pruebas del delito. La estrategia de la fiscalía fue a aplicar lo que se llama “derecho penitenciario del enemigo”, es decir, se castigó no por las acciones cometidas, sino por las que se podrían haber llegado a cometer.