Ley de Seguridad Ciudadana
El Consejo de Europa critica que la actual reforma de la Ley Mordaza sigue violando la libertad de expresión y manifestación

“Nos preocupa que la revisión actual no incluya cambios a las disposiciones de la ley que han tenido el impacto más dañino en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica por un lado, y el derecho a solicitar asilo y la prohibición de devolución, por otro lado”. Así se ha expresado la comisaria de Derechos Humanos en el Consejo de Europa, Dunja Mijatović, en una carta enviada al Gobierno de España en relación a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que está en tramitación actualmente en el Congreso.

En la carta, enviada el pasado 8 de febrero a José Luis Ábalos —presidente de la Comisión de Interior del Congreso—, Meritxell Batet —presidenta del Congreso— y Ander Gil —presidente del Senado—, la comisaria destaca que la revisión de la ley hasta ahora no contempla las preocupaciones que ya expresaron desde la institución europea ante la ley aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que, según explica la carta “continúa dando un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas del orden a la hora de interpretarla, permitiendo una aplicación desproporcionada y arbitraria”. También destaca que el carácter administrativo de las sanciones hace difícil que puedan ser apeladas, en contra de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que reclama que se facilite la interposición de denuncias de posibles abusos policiales.

La comisaria critica que en los cambios de la ley pactados a día de hoy no supongan cambios en cuanto a las sanciones por resistencia o desobediencia a la autoridad o de faltas de respeto a los agente policiales, que han supuesto gran parte de las sanciones que se han impuesto en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana

En concreto, la comisaria critica que en los cambios de la ley pactados a día de hoy no supongan cambios en cuanto a las sanciones por resistencia o desobediencia a la autoridad —artículo 36.6— o de faltas de respeto a los agente policiales —artículo 37.4—, que han supuesto gran parte de las sanciones que se han impuesto en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, gran parte de ellas en el marco de manifestaciones y concentraciones pacíficas.

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“Esto es alarmante y reitero mi llamado a los parlamentarios a revisar la ley a fin de brindar claridad y previsibilidad, garantizar seguridad jurídica y evitar una aplicación arbitraria y desproporcionada que podría tener un efecto disuasorio en el ejercicio de las libertades de expresión y reunión en España”, afirma la comisaria en su carta, que señala también como un problema no resuelto en la futura reforma que los organizadores de manifestaciones sigan pudiendo ser sancionados si en las convocatorias se dan disturbios. “Esto parece ser contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las directrices de la OSCE/ODIHR-Comisión de Venecia sobre la libertad de reunión pacífica, que estipulan que los organizadores de una reunión no pueden ser considerados responsables de las acciones de otros participantes si no participaron explícita o implícitamente en tales actos”, continúa.

“Pido a los parlamentarios que aprovechen la oportunidad de la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana para adecuarla a las obligaciones de España en materia de derechos humanos, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos”

La comisaria también ha mostrado preocupación por las devoluciones en caliente, introducida como disposición final en la ley aprobada por el Partido Popular y que en la reforma se prevé que quede fuera. “También me informaron de que, lamentablemente, la reforma actual no introduce garantías claras contra la devolución, incluido el derecho a solicitar asilo, o contra las expulsiones colectivas, ni reconoce el derecho a recursos efectivos, independientemente de la forma en que las personas lleguen a España. Como ya se indicó en 2018, recomiendo que se imponga a las autoridades la obligación de proporcionar rápidamente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley una orientación clara y obligatoria sobre cómo actuar en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos al interceptar migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla”, afirma en su carta. “En este contexto, pido a los parlamentarios que aprovechen la oportunidad de la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana para adecuarla a las obligaciones de España en materia de derechos humanos, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y garantizar que los cambios en la ley resulten en un marco legal que proteja mejor el ejercicio de los derechos humanos en España”.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha respondido al comisario en una carta fechada el pasado 10 de febrero informando de que trasladaría sus alegaciones a la Comisión de Interior de las Cámaras.

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