Juicio del 1 de Octubre
Joan Segarra: “La Fiscalía nos ha dicho que en el Govern había unidad y no era así”

Hoy se celebra la última jornada del juicio al Procés, una sesión que ha comenzado con las conclusiones de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, y que se espera que termine con el turno de última palabra de las doce personas acusadas.

Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, ha comenzado expresando sus sospechas de que este juicio tenga que ver con el “derecho penal del enemigo”. Roig ha hecho hincapié en que el derecho de reunión es un derecho fundamental recogido en la Constitución española, sin que para ejercerse necesite de permiso previo, en referencia a las manifestaciones por la que ha sido acusado Jordi Cuixart, que, además, sí se fueron comunicadas.

“La intención nunca fue impedir la actuación policial sino protestar ante ella”

“Jordi Cuixart solo participó en la concentración del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía”, ha señalado la abogada, incidiendo que el resto de concentraciones también están enmarcadas en el derecho de reunión. También que él siempre exhortó a la ciudadanía a que se comportara de manera no violenta y que no permitieran que nadie se comportara de manera violenta. “La intención nunca fue impedir la actuación policial sino protestar ante ella”, ha expresado la abogada sobre la concentración ante la Conselleria de Economía.

En cuanto a los actos de acoso en dependencias de policía y Guardia Civil, la abogada señala que no se ha presentado ninguna prueba, y en las imágenes que se han aportado de las del 20 de septiembre, se ven a gente cantando Els Segadors o haciendo performances con urnas. En las referidas estudiantes de los siguientes días, estudiantes cantando delante de un cuartel y concentraciones sin ningún tipo de incidente. En cuanto a la iniciativa Escola Oberta, Roig recuerda que fue organizada por la comunidad educativa, también basada en la no violencia.

Sobre el 1 de octubre, la abogada ha señalado también cómo las imágenes muestran que no hubo actitud violenta, en contra de lo declarado por algunos agentes de la Policía y Guardia Civil durante el juicio. “De más de la mitad de los colegios no hay pruebas videográficas, a pesar de que los agentes llevaban cámara”. “La supuesta violencia generalizada no fue tal”, subraya Roig. En cambio la abogada señala que sí hubo más de mil ciudadanos agredidos y hay un centenar de agentes de policía y guardia civil que están siendo investigados por uso desproporcionado de la fuerza.

“No se trata que no existe democracia sin ley, encubriendo el eslogan con una manera formal de la constitucional, sino de combinar estos tres elementos: ley, democracia y constitución”, concluye la abogada, tras solicitar nuevamente su puesta en libertad inmediata para que no se prolongue la vulneración de sus derechos fundamentales.

El Código Penal, si no nos gusta, habrá que hacer una reforma, pero no podemos inventarnos los tipos penales

Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, ha sido la siguiente. Ha comenzado señalando que no se entiende la distinción entre Forcadell y el resto de la Mesa de la Asamblea, que están siendo juzgados en Catalunya por desobediencia y se enfrentan a una condena de inhabilitación, mientras ella se enfrenta a 17 años de cárcel. “El Código Penal, si no nos gusta, habrá que hacer una reforma, pero no podemos inventarnos los tipos penales”, señala en cuanto al concepto de violencia normativa que ha aparecido durante el proceso.

La defensa de Forcadell se ha basado en resaltar que las decisiones de su clienta estaban protegidas por la inviolabilidad parlamentaria. “Debemos dejar claro si Forcadell está juzgada por quién es y no por lo que ha hecho”, ha dicho Arderiu, quien ha resaltado que Forcadell, como presidenta del Parlament, no participaba de las decisiones del Govern. “La agenda Moleskine dejaba claro que Forcadell no participaba en las reuniones de la hoja de ruta”.

Pero sí que invitó a la Mesa del Parlament y mantuvo “conversaciones periódicas” con todos los grupos parlamentarios, aunque no tuvieran representación en la Mesa, para “garantizar el debate”. Pero según la abogada, el Tribunal Constitucional se mostró politizado a partir de que se empezaran a aprobar en el Parlament las llamadas ‘leyes de desconexión’: “Quisieron imponer la ley de censura”. 

El papel de Forcadell, según ha recordado Arderiu, era simplemente el de comunicar los autos del Constitucional a los miembros del Parlament, “no impedir ninguna votación”. En esta misma línea, Arderiu ha recordado que no fue Forcadell ni la Mesa la que incluyeron en el orden del día la tramitación parlamentaria del referéndum ni de las leyes de transitoriedad jurídica. “Forcadell acató en todo momento las decisiones del Constitucional, pero siempre garantizando los derechos de los diputados y diputadas del Parlament, amparada en la inviolabilidad parlamentaria, protegiendo los valores como la libertad de expresión o la separación de poderes”.

Respecto a la jornada del 20 de septiembre, sobre si Forcadell habló o no ante la multitud, Arderiu ha insistido en que “se intenta imputar a Forcadell acciones que no hizo”. La defensa ha destacado que no hubiera sido delito que la presidenta del Parlament se hubiera dirigido a las masas “en ningún caso”, pero ha querido destacar “las contradicciones de la Fiscalía”.

Arderiu, siguiendo la estrategia de buena parte de las defensas, ha reiterado que “no había apariencia de legalidad ni en las leyes ni en la celebración del referéndum, porque sabían que estaban suspendidos” y ha puesto el acento en el “pacifismo” de Forcadell, que no podría haber sabido de la violencia del 1-O. “Dijo que antes renunciaría a sus ideas que permitir un acto violento”.

Ha continuado Judit Gené, abogada de Meritxell Borràs, consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalidad de Cataluña hasta el 27 de octubre 2017, acusada de malversación de caudales públicos. La abogada ha explicado que todos los actos por los que se le acusa de malversación han tenido lugar en otras sedes y ella no ha tenido que ver con ninguno de ellos. “El sesgo en el que ha actuado la fiscalía y abogacía del Estado a la hora de formular esta acusación ha sido obvio, se ha percatado todo de lo que perjudica”, afirma la abogada. “Rebelión posmoderna”, “violencia normativa” y ya “malversación posmoderna” son algunos de los conceptos que ha subrayado la abogada en cuanto al sesgo del que acusa a fiscalía y abogacía del Estado.

“El celo acusador de la fiscalía del Estado le ha privado de hacer un análisis global que le habría privado de hacer una acusación tan grave como la que aquí se ve”, continúa Gené, en cuanto a la desacreditación por parte de la sala de varios de los testigos aportados, como los observadores internacionales o parlamentarios europeos o que la misma visita de personalidades internacionales a Catalunya hayan sido convertidas en delito de malversación. Sobre las campañas objeto de malversación, la abogada también ha apuntado que ninguna se tramitó desde el departamento de Borràs. Tampoco había ningún contrato desde el departamento de Borràs con Unipost. Señala que tampoco aparece la empresa Celatum, que supuestamente se habría llevado el contrato de suministro de material. “No se pueden sostener con esta falta de rigor acusaciones gratuitas cuando se piden nada más y nada menos que 17 años de cárcel en bloque para un gobierno”.

En cuanto al Diplocat, que no depende de Gobernación, la abogada ha señalado que la personal que confeccionó el atestado confundió los programas de visitantes, que se llevan realizando desde hace diez años, y los convirtieron en malversación porque vinieron el 1 de octubre, cuando también vinieron el día de San Jordi.

“Venir aquí a juzgar de malversación una conferencia porque no nos gusta lo que diga o la visita de una personalidad porque no sea de nuestro agrado… Entendemos que podría suponer un peligroso terreno de injerencia entre lo que debería ser la separación de poderes. Tenían capacidad de hablar de su proyecto político y de su programa político, siempre que no fuera apología del terrorismo”, subraya la abogada.

En cuanto a la acusación de organización criminal —solo por parte de Vox—, la abogada señala que el escrito de acusación de Vox traspasa lo dicho en el auto de procesamiento, que no recurrió, en su descripción fáctica de los hechos. “No se ha probado ni la organización, solo que son más de dos, no más, pero ni el elemento finalístico, porque convocar un referéndum no es delito”.”La acusación popular ha efectuado una acusación selectiva y discriminatoria, cuando retiró la acusación por hechos idénticos a Vila y otros procesados”, continúa la abogada. “No es la acusación que debe tener una acusación popular, no se puede venir aquí a hacer discriminaciones ideológicas- Le sobraba tiempo, que a mi me falta, y ni siquiera una frase justificaba por qué retiraba la acusación contra unos sí y contra otros no”, concluye la abogada tras pedir también la libre absolución de Borràs y recordando que se presentó voluntariamente, viniendo desde Suiza.

Sobre el periodo insurreccional del que también se acusa, el abogado apunta que se le puso fin con la aplicación del artículo 155. “El orden constitucional no corrió grave peligro; al contrario, usó los mecanismos que prevé para estos casos”.

Tras un descanso de media hora, ha retomado la sesión el abogado de Dolors Bassa, Mariano Bergés. “El Ministerio Fiscal comenzó su informe diciendo que se había atacado gravemente la Constitución con violencia, pero cuando habló de violencia habló de violencia soft, blanda, normativa, o que es una contradicción en términos”, señala el abogado. “Habla de alzamiento normativo”, apunta, “y se resolvió suspendiendo y anulando esas normas”. El abogado recuerda que ni se declaró el debate de sitio y ni siquiera se llevó a debate, como se habría hecho en un escenario de rebelión o sedición. En los casos de mayor resistencia, Bergés señala que a los cuerpos y fuerzas de seguridad no les hizo falta armamento especial ni tanquetas, tan solo empujar a la gente. “No hubo rebelión porque no hubo violencia”, subraya. También que no hubo ni un solo mensaje por parte de los acusados que llamara a la violencia.“Lo que el Ministerio Fiscal llama violencia es protesta legítima”, continúa.

El abogado ha apuntado a la actuación desproporcionada de algunos grupos policiales como causante del supuesto estado de peligro, ya que fue lo que no era previsible. “Las manifestaciones independentistas siempre han sido pacíficas”, apunta recordando uno de los informes pedidos como prueba sobre el movimiento independentista catalán y el uso de la noviolencia.

Bergés ha subrayado que al Gobierno central no le hacía falta tampoco la violencia para evitar el referéndum, sino tan solo no reconocer el resultado, como así había hecho. “El 472 [del Código Penal] no castiga el riesgo de violencia, sino un alzamiento militar”, continúa el abogado, recordando también que solo hubo unos 60 partes de lesiones de agentes de los 6.000 que acudieron a Catalunya, y ninguno de gravedad: “La gente se limitó a resistirse pasivamente”. “Escupitajos, el sillazo o las miradas de odio no ponen en jaque al sistema”.

El abogado recuerda también que la Declaración de Independencia aprobada ni fue publicada en los boletines oficiales, ni fue seguida de acciones que la llevaran a su realidad, y, además, no formaba parte del plan inicial, que era la independencia pactada. “Fue un pulso político”, señala. “Y el referéndum, además, podía tener un encaje en la Constitución”, continúa en referencia a varias periciales llevadas a este juicio y poniendo como ejemplo a los casos de Escocia y Quebec.

Ha insistido en el concepto de alzamiento: “No existe un alzamiento pasivo”. También ha apuntado que en ningún momento se impidió las acciones judiciales. “Nos encontramos ante una resistencia pasiva, y eso no merece un reproche de 10 a 15 años de prisión”, señala en referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, donde la resistencia pasiva está incluida como sanción administrativa. “Tampoco comportan un alzamiento los casos aislados de resistencia o atentado a la autoridad”, continúa Bergés.

Bergés ha señalado que Bassa no aparece en la agenda de Jové ni asistió a ninguna de las reuniones que convocó Puigdemont. “¿Cuál sería la aportación esencial de Bassa que plantea Fiscalía?”, pregunta el abogado.Se responde que se fue difuminando y apagando tanto que cuando Baena habló de las estructuras de Estado ni siquiera se la mencionó.

También que Bassa mandó mensajes a los centros cívicos en los que se celebraba el referéndum en los que les urgía a obedecer a la autoridad jurídica, y a las actividades lúdicas que se celebraron durante ese fin de semana, de las que no había ningún motivo para denegar, se aprobaron hasta las 6 de la mañana.

Sobre la huelga del 3 de octubre, el abogado señala que partió de las instituciones sindicales y el Govern no podía no dar trámite a una convocatoria de huelga, que era legal y tenía que ver con los derechos de los trabajadores, ya que estaban motivadas en la derogación de las últimas reformas laborales y en la violación de derechos civiles en los días previos y denunciar la presencia de cuerpos militares y policiales en espacios de trabajo. Bergés recuerda que esta huelga no fue impugnada, y que estas y posteriores fueron consideradas como mixtas —políticas y laborales—. Los servicios mínimos aplicados por el Govern eran del estilo a los que se aplicaban en huelgas anteriores deshace hacía años.

Sobre malversación, el abogada señala que Bassa no autorizó gasto alguno y hasta rechazó la factura de Unipost que llegó a su departamento. Y sobre los locales, recuerda que en el listado se incluyeron algunos que no eran de la Generalitat y en un informe emitido por el Departamento de Economía se afirma que esos locales no se pueden alquilar, por los que no habría habido un lucro cesante.

“Dolors Bassa no llevó a cabo conducta alguna que llevara a poner en peligro el sistema ni comprometió el patrimonio público”, concluye el abogado tras pedir, al gual que el resto, su libre absolución.

Tras la pausa del mediodía, ha sido el turno de la intervención de la última defensa: Joan Segarra, abogado de Santi Vila, ha querido separar entre las cuestiones jurídicas y las políticas en la defensa de su cliente. “No es lo mismo ser consejero de empresa que presidente del gobierno”, ha dicho Segarra.

Ha resaltado que no todos los miembros del Govern “caminaban de la mano, con unidad, y el caso de Santi Vila es la mejor prueba de ello”, asegurando que Vila siempre fue “contrario a la vía unilateral”. Según el abogado, se quiso “impostar” un consenso que “no existía” en la Generalitat. Estas discrepancias condujeron, según Segarra, a la dimisión de Vila, justo antes de la DUI, “por no haber sido capaz de buscar una vía alternativa a la unilateral”.Según el abogado, se quiso “impostar” un consenso que “no existía” en la Generalitat. Estas discrepancias condujeron, según Segarra, a la dimisión de Vila, justo antes de la DUI, “por no haber sido capaz de buscar una vía dialogada”.

Las leyes aprobadas en sede parlamentarias fueron un “acuerdo político”, según Segarra, para evidenciar una unidad que “no existía” y que, según creían personas como Santi Vila, el referéndum se iba a financiar “con fondos privados”. Por ello, el abogado asegura que no se podrían imputar a Santi Vila desvíos de fondos, ni en la suya ni en otras consellerías, “porque estos supuestos gastos no existieron”, ha asegurado Segarra, en relación a la acusación de malversación.

Tampoco, dice, se puede asegurar que Vila fuera conocedor de los gastos que, supuestamente, colgaban del 1-O. “No hay ningún elemento para inferir que el ex consejero de empresa fuera conocedor de estos gastos. Partimos del error de pensar que la convocatoria del referéndum debiera contar, necesariamente, con fondos públicos: ¿a caso podría no llegar a celebrarse? ¿A caso no se financiaron las urnas con fondos privados?”, se ha cuestionado Segarra.

“Vila cumplió la ley y los requerimientos en el ámbito de sus competencias y se abstuvo de cualquier toma de decisiones respecto a la convocatoria o celebración del referéndum”, ha expuestos su abogado, reiterando que su cliente no ejerció la desobediencia. “¿Por qué no dimitió antes?”, se ha cuestionado Segarra. “Porque se consideraba más útil dentro que fuera. “¿Acaso no es eso lo único que ya estaba en sus manos para seguir atendiendo a los requerimientos del Constitucional, para evitar la DUI?”, concluye el abogado.