Hemeroteca Diagonal
Oleada de querellas contra la libertad de prensa

“Me he tropezado muchas veces con denuncias por difamación”, explica una periodista de un medio nacional. “Yo hago mi trabajo con la presunción de que va a terminar en un juzgado”, señala otra. Ambas han afrontado recientemente querellas por parte de cargos políticos. Son sólo dos casos del goteo de procesos judiciales seguidos contra medios de comunicación en los últimos años en los que, a pesar de las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), se utiliza la vía penal y se contemplan penas de cárcel.

Los delitos de difamación en el Estado español están divididos en dos bloques. Por una parte, los de la vía civil, derivados de la Ley de Protección del Honor, Intimidad y Propia Imagen. Por otro, los de la vía penal, especialmente los delitos de injurias graves y calumnias, castigados el primero con multa de seis a 14 meses; y el segundo, si se difunde con publicidad, con una pena de multa de 12 a 24 meses o prisión de seis meses a dos años.

La revelación de secretos, otro de los delitos relacionados con el ejercicio del periodismo, está contemplada también en el Código Penal, con una pena de hasta cuatro años de cárcel. Pilar Velasco explicó en las jornadas “El abuso de la difamación en España”, organizadas por Access Info Europe, su experiencia ante la querella por revelación de secretos que en 2012 presentó contra ella el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a raíz del vídeo que publicó en el que se mostraba cómo González, en ese momento vicepresidente de la comunidad, estaba siendo espiado durante un viaje a Cartagena de Indias en 2009. “El juez lo denominó mobbing periodístico”, explica Velasco en relación al seguimiento del caso que hizo en el periódico El País, un seguimiento que tuvo que abandonar al ser imputada en la misma causa. La denuncia contra Velasco fue archivada un año después por unanimidad de los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid.

“El problema, quizás, es que los jueces lo admiten todo a trámite”, afirma María Fabra. En su caso, su cobertura del caso Carlos Fabra hizo que éste, además de querellarse contra ella por injurias y calumnias, pidiera el secuestro de la publicación. Como en la mayoría de los casos, el juez archivó la querella.

12 querellas en tres años

Francisco Álvarez-Cascos es, posiblemente, uno de los políticos con más afición a presentar querellas a medios de comunicación. Después de ser señalado en el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como una de las personas nombradas en los papeles de Bárcenas —dato del que la unidad policial se retractó en un informe elaborado con posterioridad— el exministro de Fomento presentó querellas por injurias y calumnias contra El Mundo, contra Diagonal —archivada provisionalmente el 1 de diciembre—, La Nueva España (LNE) y otros tantos medios. “Presentamos querellas contra muchos medios por este tema, creo que también contra el ABC”, afirmó a este periódico el abogado de Álvarez-Cascos en la cita en la que el juez decidió sobreseer la causa. La relación entre el también expresidente del Principado de Asturias y LNE es especialmente tensa, con hasta 73 acciones judiciales en los últimos tres años, de las que 12 han sido querellas. “Todas se han ido archivando, aunque aún queda alguna pendiente”, explican desde la redacción de LNE. “[Álvarez-Cascos] está utilizando los tribunales de forma reiterada para intentar que no se publique información sobre él”, añaden. Además de la vía legal, el ataque a este medio se ha trasladado a la web de Foro Asturias, donde hay un apartado dedicado a criticar e insultar periódicamente al editor y otros cargos del medio.

Medios pequeños

Borja Bergareche, corresponsal en Europa del Comité para la Pro­tección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), señala que, sin embargo, el mayor problema lo sufren los bloggers y los pequeños medios, que tienen escasos recursos económicos para defenderse cuando son denunciados. Éste fue el caso de la revista Café amb Llet, que en febrero de 2014 fue absuelta por la Audiencia de Barce­lona, un año después de ser condenada al pago de 10.000 euros por daños al honor de Josep María Via, alto cargo de la sanidad catalana, o la web El Pajarito, condenada a publicar una rectificación y a pagar las costas del juicio por publicar una información sobre el director general de Patrimonio, Informática y Teleco­municaciones de la Región de Mur­cia, Eduardo Linares, y las posibles incompatibilidades entre su cargo público y el que ostentaba en una empresa que recibió una adjudicación millonaria del departamento que dirigía, a pesar de aportar como fuente un apunte del Boletín Oficial del Registro Mercan­til. “Hemos recurrido y en abril la Audiencia Pro­vincial se pronunciará”, declara a este medio Francisco Sánchez, autor de las informaciones. Según señala Sánchez, cuando recibieron la sentencia condenatoria, en abril, Linares planteó presentar también una querella contra el medio por injurias y calumnias. “Fuimos al acto de conciliación, nos pedía 60.000 euros. No hubo conciliación, pero al final decidió no presentar querella”, explica. Hasta ahora, la demanda de rectificación le ha supuesto a El Pajarito 1.200 euros de costes entre los gastos por el procurador y las tasas, que han pagado gracias a las donaciones recibidas. A esta cantidad habrá que sumar las costas del juicio, que aún no han sido valoradas, si la Audiencia Provincial no revoca la sentencia.

“Propósitos inapropiados”

La falta de riesgo económico por parte del denunciante es una de las causas del alto número de este tipo de querellas, según señala un informe del International Press Insti­tute (IPI) sobre las leyes de difamación en la UE, en el que se incide en lo preocupante de que en España y otros países europeos la legislación suponga un riesgo para la libertad de información. “Como estos procedimientos penales necesariamente se relacionan con el poder del Estado y a menudo no conllevan riesgo económico para la parte ofendida, hay un peligro real de que estas modalidades se usen mal por parte de figuras prominentes o invocadas para propósitos inapropiados”, señala el informe. Desde Access Info explican que no hay datos sobre los casos de querellas a medios de comunicación y periodistas, lo que provoca que “ni el público ni los mismos periodistas sean conscientes de este problema”.

Entre el 1 y el 3 de diciembre, una misión del IPI ha visitado España, en coordinación con Access Info Europe, el CPJ y la Federación Euro­pea de Periodistas, entre otros organismos, para recoger información sobre el nivel de libertad de prensa, de expresión y el derecho de acceso a información. El pasado 15 de octubre, estas organizaciones, junto a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Fede­ración Euro­pea de Periodistas, entre otros, enviaron una carta a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ella mostraban su preocupación “por la existencia de ciertos marcos legales y regulaciones en España que pueden impactar negativamente en la libertad de expresión y de opinión”, en referencia a los tipos penales de injurias y calumnias, a los que, según expresan en esta carta, “importantes personalidades empresariales y políticas en España han recurrido para reprimir el periodismo de investigación que ha sacado a la luz serias irregularidades”.