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Ocho meses esperando la cesión de espacios

“Se está cerrando la ventana de oportunidad de conseguir la cesión de un espacio”. Este lamento, lanzado desde la asamblea del Patio Maravillas, define el estado de ánimo que se vive hoy en muchos centros sociales de Madrid. Ocho meses después de que el Ayuntamiento aprobara la ordenanza que regula las cesiones de espacios a organizaciones sociales, “decepción” y “frustración” son algunas de las palabras que más se repiten desde los centros sociales en relación a la actitud del Consistorio.

La Red de Espacios Ciudadanos —plataforma formada por una decena de asambleas de centros sociales ya existentes en Madrid y colectivos que aspiran a gestionar un espacio comunitario cedido por el municipio— señala como principales quejas que la ordenanza “no reconoce lo específico de los espacios de gestión ciudadana” y promueve que haya competencia por los pocos espacios ofrecidos.

Algunos apuntan que la nueva normativa no ha supuesto apenas cambios con respecto a la práctica de cesiones que ya hacía el Ayuntamiento del Partido Popular. Otros centros sociales, que rechazan el modelo de cesión y apuestan por la autogestión fuera del marco legal, denuncian el aumento de la presión sobre ellos.

Desde que Ahora Madrid asumió el Ayuntamiento, la respuesta desde la Delegación de Gobierno a la ocupación fue la creación de un comisario 'antiokupa', que acelerara una respuesta para combatir esta práctica, y el cierre de varios centros sociales.

El primero en ser desalojado por la Policía Nacional fue el Patio Maravillas, en junio de 2015 de su sede de la calle Pez y después del local que ocuparon al día siguiente en la calle Divino Pastor. Le siguió La Morada, desalojada en abril de este año con una operación de la Policía Nacional que acabó con 32 personas detenidas, a pesar de que el juzgado había rechazado el desalojo del espacio.

La ordenanza “no reconoce lo específico de los espacios de gestión ciudadana”

Varios centros sociales también han visto en las últimas semanas un aumento de la presión por parte del Ayuntamiento. Es el caso de La Enredadera, La Dragona o la Casa Roja, este último con orden de desalojo para el último fin de semana de octubre, aunque, al cierre de esta edición, no había tenido lugar.

La Dragona recibió el 18 de octubre una orden de desalojo fechada para el día 23 de noviembre por motivos de seguridad del espacio, según confirmaron a Diagonal desde el Ayuntamiento. Al cierre de esta edición, la asamblea del centro social había acordado una reunión con el concejal Carlos Sánchez Mato para encontrar posibles soluciones que evitaran el desalojo.

Por su parte, desde La Enredadera explican a este medio que recibieron desde el Área de Urbanismo una orden de precinto de su local por “actividades ilegales”. A finales de agosto les llegó la segunda notificación, sin fecha para el desalojo. “No hay negociaciones con el Ayuntamiento, estamos esperando a ver qué pasa, se supone que ahora nos tienen que comunicar fecha, que puede ser ahora o dentro de un año”, explican. Afirman que, por parte de la Junta de Distrito de Tetuán, donde está ubicado el centro social, sí encontraron “buena voluntad”. “Nos ofrecieron que nos hiciéramos asociación, pero no queremos, y se lo hemos dejado claro”.

Desde la Junta de Distrito, que ha destacado la importancia para el barrio de La Enredadera, también les ofrecieron que presentaran un escrito para pedir la apertura de una licencia de actividades, y posteriormente otro en el que detallaran las actividades que se organizaban en el centro, pero hasta ahora también se han negado.

Mientras algunos de los centros sociales que han decidido mantenerse al margen de los procesos de cesión afrontan un posible cierre, los que sí han optado por la vía legal siguen esperando.

“Nos ofrecieron que nos hiciéramos asociación, pero no queremos”, afirman desde La Enredadera

“Las negociaciones no han dado frutos”, señalan desde el Patio Maravillas. Desde que fueron desalojados de su sede en la calle Pez, el colectivo ha ocupado otros tres espacios, que fueron rápidamente desalojados. También ha intentado optar a un espacio cedido por el Ayuntamiento, pero aún sin resultado. La última decepción vino con el anuncio, por parte de la alcaldesa Manuela Carmena, de la cesión a la Embajada de México del edificio situado en la calle Alberto Aguilera, 20, el espacio sobre el que el colectivo estuvo negociando una posible cesión durante el último año.

“El caso del Patio Maravillas es como el de muchos otros. Es una prioridad que los colectivos de distrito Centro puedan tener un espacio y puedan seguir haciendo sus actividades, pero tenemos problemas de tipo material, sobre todo en distrito Centro”, asegura a Diagonal el concejal de Coordinación Territorial, Nacho Murgui.

El edil apunta que el edificio de Alberto Aguilera “se está viendo aún para qué proyecto va” y nunca fue un “hecho consumado” que fuera a ser cedido al Patio Maravillas. Desde el Patio afirman que tanto desde este colectivo como desde la Red de Espacios Sociales siguen manteniendo abierta, a día de hoy, la negociación con el Ayuntamiento, “pero con recelo”. A la vez, temen el próximo cierre de otro espacio gestionado por el colectivo, el Solar Maravillas, ubicado desde hace seis años en una finca abandonada de la calle Antonio Grilo, propiedad del Ayuntamiento, y que desde la Junta de Distrito Centro han planteado su cesión a la Comunidad de Madrid para la construcción de un centro de salud. Desde el colectivo señalan que hay otros espacios en el distrito Centro disponibles para construir un centro de salud que son propiedad de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento.

Cesión de siete espacios

La ordenanza, retratada en medios de comunicación como un regalo para los okupas y, sobre todo, para el Patio Maravillas, sin embargo, en los ocho meses que está en funcionamiento no ha tenido como protagonista a ningún colectivo okupa que haya optado a una cesión.

A día de hoy, desde la Concejalía de Coor­dinación Territorial confirman a Diagonal que está en proceso la cesión de siete espacios municipales repartidos por siete distritos –Fuencarral-El Pardo, Cham­berí, Arganzuela, Ciudad Lineal, Barajas, Puente de Vallecas y San Blas-Canillejas–. Uno de ellos, el de Arganzuela, es la parte destinada a colectivos sociales del Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, un complejo de más de 40.000 metros cuadrados donde el Ayuntamiento ha decidido trasladar a cerca de 2.000 funcionarios después de poner en marcha un proceso de participación sobre todo el espacio para decidir sobre su futuro. Esto ha sido tachado de “proceso de desgaste” por el Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA), una plataforma que desde 2014 lleva impulsando un proyecto de espacio comunitario sobre este mercado con el apoyo de medio centenar de organizaciones civiles y colectivos del barrio.

La ordenanza es “una primera meta que se adapta a las condiciones políticas en las que estamos”

Para optar a estos espacios, el requisito principal es estar constituido como asociación e integrado en el Registro Público de Entidades Ciudadanas del Ayun­tamiento de Madrid y no tener ánimo de lucro. “No creo que sea una de las principales quejas. El ámbito de los colectivos sociales es de un abanico muy amplio y la cantidad de asociaciones que están registradas en el registro municipal es enorme”, afirma Murgui. “Se pide que se esté en el registro municipal de asociaciones y que esto sea una puerta de entrada para una serie de recursos que desde el Área queremos poner a disposición del tejido social. Si desde el Ayuntamiento damos recursos, tenemos que saber con quién hablar y quién se hace responsable”, añade.

El concejal señala como uno de los principales problemas que se están encontrando la escasez de espacios en desuso –que son los que están sacando a procesos de cesión–, sobre todo en el distrito Centro. “¿Y se plantea la compra de espacios?”, le preguntamos desde Diagonal. “Si es necesario y no hay otro remedio, y hay posibilidad a nivel presupuestario, sí compraríamos. Hay una apuesta por que en cada distrito haya espacios gestionados por la ciudadanía para el de­sarrollo de sus actividades. Eso tiene que pasar primero por los espacios que ya hay disponibles, pero cuando no hay habrá que ver otras vías”, responde.

Un marco público-social

Desde el Área de Coordinación Territorial afirman que la ordenanza es “una primera meta que se adapta a las condiciones políticas en las que estamos en el Ayuntamiento” y anuncia la crea­ción de una Comisión de Seguimiento que, cuando cumpla un año en vigor, evaluará la puesta en marcha de la ordenanza y hará una revisión de la normativa, tomando como inspiración los modelos puestos en marcha en Nápoles y Bolonia.

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Murgui también señala que desde el área están avanzando en un marco de cooperación público-social que sirva para definir cómo el Ayuntamiento se relaciona con la “sociedad más activa”. “Si hasta ahora se apostaba por el modelo de cooperación público-privada, nosotros estamos trabajando en el modelo público-social, sobre cesión de espacios, subvenciones, acceso a recursos materiales compartidos o la firma de convenios para la creación o cooperación de determinados servicios. Es en lo que vamos a ir caminando a partir de ahora”.

Una Comisión de Seguimiento evaluará la ordenanza de cesiones cuando cumpla un año

Actualmente, en la ciudad de Madrid se cuentan al menos 15 centros sociales o solares okupados, como el Eko (Carabanchel), La Quimera (Lavapiés), La Dragona (La Elipa) o La Atalaya (Vallecas). A ellos se suman otra decena de espacios autogestionados en régimen de alquiler –La Villana de Vallekas, la Eskalera Karakola, Potemkin, Nosaltres y 3Peces3, entre otros–.

Los centros sociales autogestionados ubicados en espacios cedidos por las distintas administraciones se limitan a seis. El más longevo es la Escuela Popular de Prosperidad, situada en el barrio del mismo nombre y que ya ha cumplido 42 años de vida desde que la ciudadanía consiguió la cesión de un edificio que antes estaba destinado a una Escuela de Mandos de Falange. Tabacalera, otro de los grandes espacios autogestionados en régimen de cesión, es propiedad del Ministerio de Cultura, que en 2012 acordó su cesión por plazos de dos años prorrogables hasta un máximo de ocho a la asociación creada por la asamblea del centro social. Los otros cuatro espacios autogestionados –el Espacio Vecinal Montamarta, Campo de la Cebada, Ésta es una Plaza y Seco– fueron cedidos por los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella.