Corrupción
La ley que protege a los filtradores de casos de corrupción no impedirá que vayan a la cárcel

Que se quede en papel mojado. Eso es lo que temen organizaciones por el derecho a la libertad de información sobre la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La ley de protección a filtradores, que llega a España por mandato de la Unión Europea, llega con un año de retraso y llena de deficiencias.

Como puntos positivos, la obligación de que haya un sistema interno de información que respete la confidencialidad del informador en toda empresa de más de 50 trabajadores, toda entiéndase pública o sindicatos o partidos políticos que reciban fondos públicos, y la creación de una Autoridad de Protección al Informante ante la que también se puedan presentar informaciones sobre acciones presumiblemente delictivas. Como puntos flojos: solo protege a los informadores que hayan conseguido la información en su entorno laboral, y solo en el caso de que las informaciones desveladas descubran delitos graves o muy graves. Y, como colofón, no exime de responsabilidad penal en cuanto a cómo el filtrador ha conseguido la información.

“Los informantes no incurrirán en responsabilidad respecto de la adquisición o el acceso a la información que es comunicada o revelada públicamente, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya un delito”, señala el proyecto de ley en su artículo 38. Traducido: si has cometido un delito para conseguir esa información, como puede ser acceder al mail de su jefe para demostrar que ha–véase el caso de los mails de Blesa que destapó las Tarjetas Black–, esta ley no es para ti, mejor sigue utilizando buzones que aseguren tu anonimato, como el de XNet.

“Es muy grave que este gobierno haya planteado esta ley solo para cumplir con el expediente y con falta de voluntad para prevenir casos tan dañinos para la higiene democrática como el de Villarejo o las tarjetas Black e incluso la lista Falciani”, lamenta Simona Levi, de la plataforma Xnet. 

Según apunta Javier Serra, abogado de la Plataforma en Defensa de la LIbertad de Información (PDLI), es en este artículo 38 de la futura ley “donde reside la clave de bóveda de la desprotección”. Sierra señala que, en el mismo artículo, en su primer apartado, afirma que las personas que filtren información sobre corrupción no incurrirán en delitos de revelación de secretos para, acto seguido, decir que “esta medida no afectará a las responsabilidades de carácter penal”. “Como la ley no incluye modificación del Código Penal, habrá que atender al caso concreto para ver si el juez tiene en cuenta lo que diga esta ley”, explica el abogado. 

“Mientras no se establezca una excusa absolutoria para que los fiscales dejen de perseguir el delito de revelación de secretos, cualquier administración o empresa de la que se filtre información delictiva suya va actuar contra los filtradores”

“Mientras no se establezca una excusa absolutoria para que los fiscales dejen de perseguir el delito de revelación de secretos, cualquier administración o empresa de la que se filtre información delictiva suya va actuar contra los filtradores”, añade, por su parte, el abogado Carlos Sánchez Almeida, experto en libertad de información y también miembro de la PDLI. Su consejo mientras no haya una modificación del Código Penal en este sentido: seguir utilizando plataformas que garanticen el anonimato de la fuente para filtrar informaciones relacionadas con la comisión de delitos.

El pasado 22 de diciembre, el Congreso dio su visto bueno a la norma, que pasará ahora al Senado, sede en la que los partidos podrán presentar enmiendas al texto hasta el próximo 26 de enero y donde se prevé que la ley esté finalmente tramitada el 9 de febrero. Poco más de dos semanas para paliar algunos de los agujeros que sigue habiendo en la ley, según denuncian desde XNET.

“En el Congreso hubo enmiendas en la dirección que indicamos por parte de muchos partidos, en particular Más País-Compromís y ERC, pero no pasaron”, recuerda Levi, que aún tiene esperanzas de que, a su paso por el Senado, se añadan algunos de los cambios que proponen.

En diciembre de 2019, la Comisión Europea aprobó la Directiva para la protección de las personas que informan de violaciones de las leyes de la Unión. La norma europea ordena a los Estados miembros que elaboren una ley que disponga canales de denuncia y medidas de protección en entidades públicas y privadas para las personas que informen sobre asuntos relacionados con delitos o irregularidades en compras públicas, servicios financieros, lavado de dinero, financiación del terrorismo, seguridad del transporte, protección ambiental, seguridad nuclear, seguridad alimentaria, salud de los animales o o salud pública, entre otros. Para ello daba un plazo de dos años que se cumplió en diciembre de 2021.