COP28
Poner fin a los combustibles fósiles con mecanismos efectivos de control de las multinacionales

Además de todas las críticas que ya se han hecho sobre la falta de ambición del reciente acuerdo aprobado en la COP28, hay otro tema del que no se ha hablado mucho: la imposibilidad de hacer efectivo ningún acuerdo si no se aborda de forma directa el enorme poder que acumulan las empresas transnacionales. Un poder que les permite lograr acuerdos a su medida, pero que también les garantiza un marco jurídico de impunidad, que hace que puedan vulnerar derechos y normativas sin tener que responder por ello. Algo especialmente preocupante si tenemos en cuenta que las grandes corporaciones se encuentran entre las principales responsables del cambio climático y por tanto se necesitarían mecanismos de control efectivos para garantizar que cumplen sus obligaciones.

El último borrador de la COP avanza en el final de los fósiles pero falla en las indemnizaciones al sur global

Redacción El Salto

COP28

Cumbre cambio climático El último borrador de la COP avanza en el final de los fósiles pero falla en las indemnizaciones al sur global

Redacción El Salto

El texto menciona por primera vez en una COP el escenario de un fin del uso de los combustibles fósiles pero deja en el aire plazos y objetivos. Los países del sur global seguirán siendo los grandes perjudicados de la crisis climática.

Sin embargo, las Naciones Unidas llevan varios años atascadas en este ámbito, dando vueltas a la forma de atajar la impunidad corporativa. En 2014 la asamblea del Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución que emplazaba a aprobar un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos, que debería establecer mecanismos internacionales para controlar a las transnacionales y hacer efectivas las regulaciones pero, casi 10 años después, sigue negociándose. Los años pasan y los temas urgentes siguen dando vueltas en las burocracias de la ONU ¿nos suena, verdad?

Sin mecanismos vinculantes que se dirijan directamente a las transnacionales para obligarlas a respetar los derechos humanos y ambientales, ningún acuerdo climático será efectivo

Y la realidad es que sin mecanismos vinculantes que se dirijan directamente a las empresas transnacionales para obligarlas a respetar los derechos humanos y ambientales, ningún acuerdo climático, ni medida de reparación será efectiva, ya que con los marcos jurídicos actuales las empresas transnacionales consiguen evadir sus obligaciones de forma sistemática. Además, hasta la fecha, las únicas propuestas normativas en este ámbito se basan en la autorregulación empresarial, que se ha demostrado insuficiente para poner fin a un modelo de negocio basado en ampliar la rentabilidad empresarial a cualquier coste.

Sacar a los grandes contaminantes de las negociaciones

Como denuncian desde la coalición Kick Big Polluters Out es imposible lograr acuerdos ambiciosos si los lobbies corporativos inundan las negociaciones. Lo hemos visto la semana pasada en Dubai, en la COP28, pero también lo vemos repetidamente en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de las NNUU.

Debido a los problemas de financiación y a la poca capacidad ejecutiva de las agencias de la ONU, desde los años 90, se impulsó un giro corporativo que busca alianzas con el sector privado

Con su influencia, las grandes corporaciones están logrando cooptar los espacios de decisión multilateral. Además, como explican Juan Hernández y Pedro Ramiro, esta captura corporativa viene de lejos. Debido a los problemas de financiación y a la poca capacidad ejecutiva de las diferentes agencias de las NNUU, desde los años 90, se impulsó un giro corporativo que buscaba suplir esta incapacidad con alianzas con el sector privado. Un ejemplo es el Global Compact impulsado durante la presidencia de Kofi Annan, quien afirmaba: “Poner restricciones a las inversiones y al comercio no son medidas adecuadas”. 

En el caso de la COP28, la presencia de las grandes corporaciones ha sido evidente, empezando por el propio presidente Al Jaber, quién dirige una empresa petrolera. Desde Kick Big Polluters Out han calculado que en la COP28 asistieron más de 2400 lobbistas promotores de los combustibles fósiles, un 400% más que en la cumbre del año pasado (entre ellos representantes de BP, Shell, Exxon Mobil, Chevron, etc.). Y eso sin contar todos aquellos lobbistas que no han desvelado su afiliación a la hora de inscribirse y los representantes de otros sectores corporativos no directamente vinculados con los combustibles fósiles. Esta invasión sin duda habrá tenido un peso, ya que su presencia ha sido mucho más numerosa que la de representantes de los 10 países más vulnerables al cambio climático. En el caso de las empresas españolas, desde Climática afirman que participaron representantes de Iberdrola, Acciona, Repsol, Cepsa, BBVA, Banco Santander, Ferrovial, Telefónica e Inditex.

Las consecuencias de esta gran presencia de lobbies corporativos son evidentes, y es por ello que desde las organizaciones de la sociedad civil se reclama un mayor control y restricción de participación de las negociaciones a los actores con conflictos de interés. Algo parecido a lo que se logró en la Organización Mundial de la Salud, que en su Convenio Marco para el Control del Tabaco estableció medidas para controlar la interferencia de la industria tabacalera, protegiendo las políticas de salud pública de los ataques comerciales. Así como se hizo evidente que la industria tabacalera no podía interferir en las políticas de protección de la salud, debería ser igual de evidente que la industria fósil no puede participar en la definición de las políticas climáticas.

¿Cómo logramos hacer responsables a las grandes empresas?

El acuerdo aprobado en Dubai es de mínimos, pero por primera vez sitúa el objetivo de abandonar los combustibles fósiles encima de la mesa. Si los países firmantes tienen que cumplir con estos objetivos uno de los primeros retos a los que se tendrán que enfrentar es la necesidad de regular y controlar a las grandes corporaciones para que asuman su parte de responsabilidad.

Hay diferentes fórmulas de recuperación del control público de estas empresas, como son la entrada del Estado en el consejo de administración, la requisa de bienes o la intervención

Para imaginar cómo podría hacerse efectiva esta transición desde el Observatoire des multinationales y la Coalición +350 realizaron un informe exhaustivo sobre cuál sería el futuro de la empresa TOTAL Energies en un horizonte sin combustibles fósiles. Y algunas de las propuestas que hacen son reveladoras de cuál sería una política climática realmente efectiva, empezando por atacar el desequilibrio de poder que supone la existencia de estas grandes corporaciones. Para ello proponen diferentes fórmulas de recuperación del control público de estas empresas, como son la entrada del Estado en el consejo de administración a través de la compra de acciones o la utilización de mecanismos legales que ya se aplicaron durante la emergencia sanitaria del COVID como la requisa de bienes o la intervención. De esta forma se podría planificar de forma justa y democrática el abandono de las actividades más nocivas teniendo en cuenta todos los actores implicados.

Por otra parte, también proponen implementar una regulación climática estricta que defina pasos precisos y mecanismos independientes para monitorizar el cumplimiento, con capacidad para aplicar sanciones. También la ampliación de los derechos de libertad de información, extendiendo la obligación de transparencia a las empresas para obligarlas a revelar sus impactos ambientales y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Así como la necesidad de una regulación financiera que pueda garantizar que las principales empresas de petróleo y gas respondan y cubran los costos sociales generados por sus actividades.

Sin embargo, como decíamos en un inicio, este tipo de propuestas de regulación e intervención pública chocan con un marco normativo pensado para garantizar los intereses corporativos y facilitar su impunidad. En concreto, sería imprescindible que las políticas climáticas y la defensa del clima y el medioambiente tuvieran primacía jurídica respecto a los tratados comerciales y de inversión, ya que sino cualquier medida que afecte los intereses de una empresa transnacional corre el riesgo de ser llevada a un tribunal de arbitraje internacional.

Por otra parte, también es urgente regular a las empresas transnacionales en relación a los objetivos de reparación y compensación definidos en la COP28. Por primera vez se ha creado un fondo internacional de pérdidas y daños que busca compensar a los países más afectados por el cambio climático. Sin embargo, las aportaciones a este fondo son voluntarias y el mecanismo tiene un enfoque exclusivamente financiero, que no tiene en cuenta que las reparaciones por la destrucción ambiental y climática deberían ir mucho más allá de lo económico.

Un paso clave para la reparación debería ser el acceso a la justicia. Y, por tanto, el reconocimiento de las vulneraciones de derechos humanos y ambientales asociadas al cambio climático y la responsabilización de los actores implicados. En esta línea, un estudio de Greenpeace reveló que, en 2022, las emisiones de Shell, BP, TotalEnergies, Equinor, Repsol, Eni, OMV, Orlen y Wintershall Dea podrían causar unas 360.000 muertes prematuras futuras relacionadas con la temperatura para 2100. Esta evidencia de que la inacción climática supone cada vez más vulneraciones de derechos humanos ha llevado a un gran número de organizaciones en todo el mundo a impulsar litigios climáticos contra Estados y empresas para que cumplan con sus obligaciones. Sin embargo, como afirma Pau de Vílchez, la inexistencia de normas vinculantes claras, así como las contradicciones entre el derecho ambiental y el derecho comercial internacional dificultan el éxito de estos procesos.

Negociaciones en el Parlamento Catalán

Como afirman Hernández y Ramiro, “en el centro de la cuestión está el hecho de que, aunque las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales a través de sus cadenas son evidentes, los Estados suelen ser incapaces de castigar a los culpables o de reparar a las víctimas”. Es decir que sigue siendo urgente aprobar normas internacionales de carácter vinculante para plantear fuertes exigencias al gran capital, tanto en materia de derechos humanos como en relación al derecho ambiental, más allá de dónde sitúe su domicilio fiscal.

En este sentido, en 2014, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU inició las negociaciones para un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos, desde la sociedad civil se hicieron varias propuestas claras. En primer lugar, que las normas resultantes fueran vinculantes e incluyeran la doble responsabilidad de empresas y directivos por las actividades en toda la cadena de valor. Y, en segundo lugar, la creación de mecanismos de exigibilidad que garantizaran el cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, la creación de una Corte Internacional sobre transnacionales y derechos humanos.

A falta de estos mecanismos de exigibilidad internacional y ante la urgencia de contar con mecanismos de control y seguimiento de las empresas, la sociedad civil catalana lleva años proponiendo la creación de un Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, que cada vez está más cerca de ver la luz.

La propuesta de ley para la creación del Centro, que recibió el apoyo de más de 8.000 entidades, fue admitida a trámite por una amplia mayoría del Parlament en 2022 y se espera su aprobación antes del verano. La ley prevé la creación de un organismo público de carácter independiente, con participación de representantes de la sociedad organizada y del Gobierno, con las funciones de prevención, investigación y seguimiento de posibles vulneraciones de derechos humanos y ambientales en el exterior, por parte de empresas que operan en Catalunya, a partir de la recepción de quejas y por iniciativa propia.

Además, con relación a las políticas climáticas, el Centro podría supervisar el cumplimiento de las obligaciones empresariales de reducción de emisiones y respeto de los derechos ambientales tanto en el territorio catalán como en el exterior. También se espera que tenga capacidad de sanción en caso de incumplimiento de las obligaciones de acceso a la información, algo que será imprescindible para conocer la implementación de las obligaciones de reducción de emisiones por parte de las empresas. Y podrá asesorar en el establecimiento de políticas acordes con los objetivos de garantía de derechos humanos y ambientales.

Actualmente los partidos catalanes están negociando el texto final de la ley y aunque los avances de estas negociaciones no son públicos, si que hemos podido tener acceso a las enmiendas planteadas por cada partido, lo que nos ha permitido comprobar que un sector de la política catalana busca vaciar de contenido el futuro Centro. Esto supondría una nueva oportunidad perdida para controlar a las empresas y garantizar que no vulneran derechos humanos y ambientales.

Es por ello que las organizaciones impulsoras de la ley reclamamos que se garantice la independencia del Centro, limitando el papel de las empresas en su gobernanza, como única vía para evitar los conflictos de intereses. Así como que se mantenga entre sus funciones la capacidad de recibir quejas, investigarlas y emitir informes sobre las vulneraciones de derechos humanos y ambientales estudiadas.

Viendo los enormes obstáculos que han tenido todos los intentos de establecer regulaciones eficaces de las empresas (desde las negociaciones en Ginebra hasta la cumbres climáticas) nos preguntamos si podrá ser Catalunya una excepción. En cualquier caso esperemos que el Centro Catalán no se convierta en otro ejemplo más de cooptación empresarial y que, a diferencia de la última COP, pueda contribuir de forma efectiva a la justicia climática global.