Derecho a la vivienda
Los sindicatos de inquilinos exigen la regulación de los precios de alquiler

Sindicatos de inquilinas e inquilinos de Málaga, Ibiza y Formentera, Donostia, Zaragoza, Madrid y Barcelona han reclamado en un manifiesto una “regulación de los precios del alquiler como la aprobada en Cataluña el pasado septiembre, para garantizar alquileres asequibles que garanticen el derecho a una vivienda digna”. Los colectivos apuntan al grave problema de vivienda que sufre el conjunto del Estado “después de 12 años de crisis económica”, no solo manifestada por los desahucios, sino también por la dificultad en el acceso a la vivienda.

Estos colectivos aprecian que es insostenible la situación actual del alquiler y proporcionan datos que lo demuestran: de 2013 a 2019 el precio medio del alquiler subió un 50%, 7 de cada 10 desahucios se producen por impago de alquiler; en el último lustro, el precio del alquiler ha aumentado 30 veces más que los salarios. Actualmente, el 42% de la población en España destina el 40% de su sueldo a pagar el alquiler cuando las recomendaciones internacionales aconsejan no dedicar más del 30% al pago de la vivienda, incluyendo los suministros básicos.

“Los altísimos precios actuales de alquiler están disminuyendo drásticamente la renta disponible de las familias, con un impacto negativo en toda la economía”

Los sindicatos señalan la urgencia en la adopción de esta medida en este momento de crisis sanitaria, para abordar un problema que no solo afecta a quienes viven de alquiler o quieren acceder a una vivienda, sino al conjunto de la sociedad, “los altísimos precios actuales de alquiler están disminuyendo drásticamente la renta disponible de las familias, con un impacto negativo en toda la economía”. Consideran que ha llegado el momento de emprender medidas concretas que impliquen mejoras para las miles de familias asfixiadas que viven de alquiler y para el conjunto de la sociedad; y piden al Gobierno que apruebe una propuesta legislativa que sirva como marco para empezar con cambios en positivo. También invitan a todas las organizaciones y entidades ciudadanas a que apoyen el manifiesto para que este cambio legal se convierta en una realidad.

En Andalucía, el informe realizado en el 3er trimestre de 2018 por Mitula Group, muestra las diferencias entre lo que quiere o puede pagar un arrendatario y lo que pide el propietario, datos que permiten analizar el poder adquisitivo de cada zona. Málaga es la provincia donde existe una mayor diferencia en nuestro país con una variación de un 49,60%. En la clasificación andaluza le siguen por orden: Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén y Almería. Los datos han cambiado desde entonces. Según los sindicatos de inquilinos, hasta el inicio de la pandemia del COVID los alquileres se habían disparado y desde este verano se han moderado un poco debido a una contracción en la demanda de apartamentos turísticos.

Málaga

Curro Machuca, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga nos cuenta la realidad que vive la ciudad: “en cuestión de alquileres, Málaga vive una situación de urgencia; antes acudían a nosotros para recibir asesoramiento o preguntar por datos puntuales; ahora nos escribe y nos llama gente que está en la calle, que no puede pagar, que está viviendo situaciones muy dramáticas y no saben qué hacer porque no tienen apoyo institucional”.

En Málaga hay más de 11.000 viviendas vacías

Machuca señala la escasez de viviendas disponibles, la subida inasumible y acelerada de precios, la venta de bloques a grandes fondos de inversión e inmobiliarias y el uso de las viviendas con fines turísticos como causantes de una situación insostenible. Según los datos que maneja el sindicato, en los últimos años el precio de la vivienda en Málaga ha crecido más del 17% y hay más de 11.000 viviendas vacías. Con una renta media de 26.509 euros, pagar el alquiler sin suministros supone para las familias la inversión de la mitad de sus salarios. El sindicato señala como causante de esta situación a una legislación que deja totalmente desprotegidas a las inquilinas y los inquilinos, y solo beneficia a grandes propietarios; y en el caso malagueño específicamente a la proliferación de vivienda turística que sustrajo del mercado vivienda de alquiler, que ahora escasea, y disparó los precios.

Para ellos, la legislación que regularice los precios de alquiler es sólo una primera reivindicación, un primer paso en un camino que debe continuar con otras medidas, “la situación del COVID ha cambiado radicalmente el panorama, ahora hay gente que ni siquiera se puede permitir un alquiler”. Machuca entiende que dada la situación actual y las consecuencias estructurales que puede generar la siguiente fase, “la regularización del precio del alquiler puede quedarse corta” e insiste en la necesidad de paralizar los desahucios por impago de alquiler y aumentar la inversión en el parque público de vivienda y otras medidas como el acompañamiento de personas que pueden quedarse sin casa.

Granada

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Granada, que se ha adherido al manifiesto para la regularización de los precios de alquileres, confirma a El Salto Andalucía que la situación en Granada no difiere del panorama estatal, y resalta la peculiaridad, entre otras, de que Granada es una ciudad universitaria. Según los datos oficiales de la Universidad de Granada, el 52,6% de sus estudiantes proceden de fuera de la ciudad y, por tanto, alrededor de 24.000 estudiantes necesitan alquilar una vivienda durante el curso académico. “Dentro de este margen contamos con estudiantes que han tenido que abandonar los pisos que habitaban porque les subían notablemente el alquiler de un año para otro y no podían hacer frente a la subida, encontramos una precariedad juvenil que obliga a muchos estudiantes a volver a su lugar de origen o hacer frente a alquileres con dificultad”, apuntan desde el sindicato.

Tras el confinamiento vivido hace unos meses, la problemática de la vivienda para el estudiantado está a la orden del día, “no queríamos pagar una vivienda que no íbamos a habitar al irnos a nuestras ciudades de origen, por otro lado muchas de nosotras habíamos reducido nuestros ingresos a causa del Covid 19. A pesar de estar respaldadas por la ley pudiendo rescindir nuestro contrato al haber vivido 6 meses en la vivienda, tuvimos que afrontar malas situaciones y amenazas por parte de nuestros caseros. Por ello, para este curso académico, algunos caseros han incluido la ‘cláusula Covid’ dentro del contrato para obligarnos a pagar el alquiler y a no abandonar la vivienda en el caso de que se vuelva a confinar la ciudad”.

El camino hacia la desturistización del centro

Daniel Alcaide

Derecho a la vivienda

El camino hacia la desturistización del centro

Daniel Alcaide

La crisis provocada por el coronavirus ha dejado imágenes insólitas en los cascos históricos de las capitales andaluzas este verano. Calles vacías, negocios cerrados y viviendas con fines turísticos con escasa ocupación han puesto de manifiesto las consecuencias de la expulsión de la ciudadanía local de los centros de las ciudades.

El sindicato granadino destaca que las medidas que desarrolló el Gobierno en materia de vivienda durante el confinamiento dejaron fuera a un buen número de familias que ya estaban en una situación deficiente o que no podían acreditar la pérdida de empleo por encontrarse dentro de la economía sumergida. “Esto, sin olvidar que las moratorias de pago del alquiler no dejaban de posponer unos meses el gran problema de impago que se está dando en todo el estado, teniendo nuevamente que hacer el esfuerzo la gente que más problemas tiene para afrontar esta situación, mientras que los grandes propietarios solo retrasaban el cobro unos meses”.

El Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos de Granada ha optado por dos iniciativas: una de ellas es vincularse a las asambleas de Stop Desahucios, a quienes están llegando cada vez más casos relativos a problemáticas de alquiler, y también participan en la construcción de redes de apoyo mutuo con colectivos y organizaciones granadinas: Ajuntamientos, la Red Social y Vecinal de Granada y su Área Metropolitana, o el Plan de Choque Social. Defienden que estos espacios, con diferente trayectoria, pueden servir de cohesión y conexión de los diferentes movimientos sociales, compartiendo herramientas y apoyos entre las diferentes organizaciones participantes.

Por otro lado, apuntan a la concienciación y formación de la población con herramientas que sirvan para la autodefensa del inquilinato. Han diseñado talleres para dotar de herramientas a las personas interesadas en todas estas cuestiones, de manera que solidarizando el conocimiento se pueda extender el efecto del movimiento: “es necesario formarnos en el conocimiento de las diferentes leyes aplicables, en función del año en que se firmen los contratos; a leer las cláusulas de estos; a interpretar qué aspectos, aunque pudiendo ser considerados injustos, entran dentro de la ley vigente y cuáles deben ser denunciados”.