Derecho a la vivienda
El movimiento de vivienda denuncia la intromisión del CGPJ y pide salvar la ley en el periodo de enmiendas

No es la primera vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace valer su mayoría de derechas y conservadora para influir en el curso de las leyes de un gobierno progresista. 

El informe sobre la ley de vivienda que se dio a conocer el pasado 24 de enero y que se votará en el pleno del CGPJ este jueves supone una enmienda a la totalidad. Con este informe, el máximo órgano de los jueces considera que el anteproyecto del Gobierno “expropia” competencias a las comunidades autónomas, a quienes corresponde, según su valoración, desarrollar en exclusiva la normativa sobre el derecho a la vivienda. 

Los sindicatos de inquilinos denuncian que el PP está utilizando el CGPJ para obstaculizar la ley de vivienda

Redacción El Salto

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La nueva propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley de vivienda se convierte en una enmienda a la totalidad al considerar que el Gobierno no tiene competencias en las políticas de vivienda.

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Esta ponencia, obligatoria pero no vinculante, llega semanas después de que la mayoría conservadora del CGPJ tumbara un informe favorable a la ley por tener “sesgo ideológico”. Los responsables del nuevo informe, el juez afín al PNV Enrique Lucas y el conservador José Antonio Ballesteros, vocal propuesto por el PP, han calificado el anteproyecto de “sobrecargado”, “contradictorio”, “farragoso”, “incongruente”, “nocivo”, “innecesario” e “inoportuno”.

Aunque desde el Gobierno han negado que pretendan cambiar el texto, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, afirmó el martes que el Gobierno tendrá en cuenta el informe para “intentar mejorar esa ley” para que sea “impecable desde el punto de vista jurídico”.

Los sindicatos de inquilinos se reunían con Belarra con un doble objetivo: “No solo para que no se echen atrás, sino para que se mejore la ley para que sea efectiva y baje precios”

Para sumar apoyos a la primera ley de vivienda de la democracia, Unidas Podemos inició este 26 de enero una ronda de contactos con organizaciones sociales. “El objetivo es mostrarle al conjunto de nuestra ciudadanía que quienes creemos en el derecho a la vivienda, que quienes pensamos que hay que ponerle coto a la especulación y que hay que frenar los abusos que han vivido tanto los inquilinos y las inquilinas durante estas décadas así como los pequeños propietarios somos muchas más”, dijo Ione Belarra en rueda de prensa.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 se refirió con dureza al CGPJ, a quien acusó de “oponerse permanentemente al avance social y a los derechos sociales”. Para Belarra, el CGPJ “vive una situación absolutamente excepcional” con un mandato caducado hace tres años, “a consecuencia de que el principal partido de la oposición esté en abierta rebeldía contra la Constitución”. 

La secretaria general de Unidas Podemos ha recordado en la rueda de prensa los intentos del CGPJ de “oponerse con sus informes a avances sociales tan importantes” como fue el matrimonio igualitario, la ley de violencia de género o la ley del “solo sí es sí”. 

En junio de 2004, el CGPJ, rechazó por un voto de diferencia el anteproyecto de la ley contra la violencia de género de José Luis Rodríguez Zapatero, aduciendo que jurídicamente no se sostenía una ley que protegiera “exclusivamente” a las mujeres. En diciembre de ese año la ley fue aprobada y sigue vigente hasta hoy. 

En enero de 2005, el CGPJ volvía a ponerse en evidencia con un informe desfavorable a la ley de matrimonio igualitario en el que comparaba las bodas homosexuales con la unión “de un hombre y un animal”

Un mes después de que esta ley se aprobara, en enero de 2005, el CGPJ volvía a ponerse en evidencia con un informe desfavorable a la ley de matrimonio igualitario en el que comparaba las bodas homosexuales con la unión “de un hombre y un animal”. Aunque esta frase fue retirada en el informe final por la polémica desatada, el CGPJ terminó aprobando un informe que ponía en duda la constitucionalidad de la norma, dado que “no hay una igualdad jurídica de las personas homosexuales respecto a las heterosexuales en relación a la institución matrimonial, puesto que esta tiene una finalidad, una dimensión y una estructura distinta al modelo de convivencia” de los homosexuales. A pesar de que el informe fue asumido por el PP, ningún gobierno posterior ni ninguna instancia judicial se ha atrevido a tumbar o limitar la ley de matrimonio igualitario. 

El carácter derechista y ultraconservador del CGPJ volvió a quedar patente en febrero de 2021, cuando emitió un informe desfavorable a la ‘ley del solo sí es sí’, al criticar la definición de consentimiento de la ley y la eliminación del delito de abusos sexuales, que quedaba absorbido por el delito de agresión sexual.

Ronda de contactos con organizaciones

Los encuentros con organizaciones comenzaron este mismo 26 de enero. Por la mañana, los sindicatos de inquilinos se reunían con Belarra con un doble objetivo: “No solo para que no se echen atrás, sino para que se mejore la ley para que sea efectiva y baje precios”. En los próximos días se reunirán con Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Según declaró el Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) de Catalunya, en la reunión expresaron su preocupación por las “valoraciones políticas” del CGPJ y la crítica a la regulación de los alquileres “desde una perspectiva ideológica, sobrepasando así las funciones técnicas y jurídicas de este órgano”. 

La premisa del máximo órgano de los jueces —que la ley de vivienda invade competencias autonómicas— “sorprende” al Sindicat, ya que han sido “los mismos poderes judiciales los que se han dedicado sistemáticamente a tumbar leyes catalanas en materia de vivienda con la excusa de que invadían competencias estatales”. En concreto, en enero de 2021, el Tribunal Constitucional admitía a trámite un recurso impulsado por el PP contra la ley catalana de alquileres con el argumento de que Catalunya no tiene competencias para poner topes y obligar a reducir los alquileres más abusivos.

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El PP, convertido en “el bufete de abogados de la banca, de los fondos buitre, las socimis y los grandes propietarios”, tumba a través del Constitucional dos decretos que reducen el margen de beneficio de los intereses financieros e inmobiliarios. El TC admite a trámite el recurso del PP contra la ley catalana que limita el precio de los alquileres.

Sin embargo, para los sindicatos de inquilinos, así como el resto de entidades sociales que forman parte de la Iniciativa Ley de Vivienda —los grandes sindicatos entre otros—, las medidas incluidas en la ley de vivienda “siguen siendo todavía demasiado tímidas”, con “plazos demasiados laxos”, especialmente en la regulación de los alquileres, señalan. “La regulación de los precios del alquiler es una medida urgente y necesaria, y esta debe incorporar cambios para que sea útil e incorpore topes y bajadas obligatorias para asegurar que se revierte la escalada de precios de los últimos años. El Gobierno no puede permitirse una regulación de precios descafeinada que pueda ser tachada y desvirtuada por ser ineficiente”, sostienen.

En la reunión, la Coordinadora de Vivienda exigió a Ione Belarra incluir en la ley de vivienda el traspaso de los pisos de la Sareb al parque público y la paralización —no solo la suspensión como figura hasta ahora en la ley— de los desahucios de familias vulnerables hasta encontrar alternativa habitacional estable

La ministra Belarra también se reunió este 26 de enero con la Coordinadora de Vivienda de Madrid, que le trasladó sus tres principales demandas con respecto a la ley que se comenzará a debatir en el Congreso en las próximas semanas. La primera sería la paralización —no solo la suspensión como figura hasta ahora en la ley— de los desahucios de familias vulnerables “hasta encontrar una alternativa que sea sí o sí una vivienda”. La segunda, la ampliación del parque público de vivienda a través de los pisos de la recientemente nacionalizada Sareb y a través de los recursos de tanteo y retracto, que han permitido a ciertas administraciones locales hacerse a precio de saldo con cientos de viviendas que iban a terminar en manos de los fondos buitre. Y la última demanda, sostienen desde la Coordinadora de Vivienda, es la aplicación obligatoria de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Para garantizar en el debate parlamentario la aprobación de las enmiendas que necesita la ley, según el movimiento de vivienda, las entidades sociales ya han iniciado conversaciones con ERC, EH Bildu, Junts, CUP, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias, Unidas Podemos-En Comú Podem.