Catalunya
Gestionar vuelos, externalizar la limpieza

Un total de 2,3 millones de pasajeros utilizaron el aeropuerto del Prat de Barcelona en noviembre de 2021, según los últimos datos disponibles de Aena. Esos más de dos millones de personas que pisaron, comieron, orinaron y, algunos, incluso durmieron en sus terminales representan un 36% menos de pasajeros respecto a noviembre de 2019. Sin embargo, el Prat no se ha encogido: sigue teniendo los mismos baños que limpiar, papeleras a vaciar y metros cuadrados para barrer, encerar, pulir y fregar. Y ahora hay que desinfectarlo más a menudo que en 20219. Protocolo cóvid. Pero Aena considera que, dada la bajada de usuarios, el aeródromo necesita menos personal de limpieza. La adjudicataria de la externalización, la empresa multiservicios Sacyr, está de acuerdo. Aena quiere pagar menos y Sacyr, seguir cobrando, por lo que decenas de trabajadoras de la limpieza del aeropuerto siguen en ERTE a 12 de enero de 2022, mientras otras apechugan una carga de trabajo que no les corresponde de una plantilla de 400 personas.

El sindicato CC OO ha convocado a lo largo de los últimos mesas varias huelgas para protestar por la sobrecarga de trabajo de las trabajadoras de Sacyr. “Cuando salga la próximo licitación, podemos encontrarnos que Aena proponga reducir la plantilla según el número de pasajeros que recibe el aeropuerto, en vez de zonas a limpiar”, explica Isabel Gutiérrez, responsable de la secretaría general de la federación de Hàbitat de Comisiones Catalunya. Sería esta la enésima vuelta de tuerca de los procesos de externalizaciones que se aceleraron y generalizaron con la crisis económica de 2008. 

Para el Observatori Desc, la licitación del servicio de limpieza del aeropuerto del Prat es paradigmática: una adjudicación millonaria a un empresa multiservicios, aparejada a una degradación de las condiciones laborales de las trabajadoras que se ejecuta con independencia del número de conflictos laborales existentes y sin voluntad de resolverlos. Recuerdan que estas huelgas no son las primeras que ha habido en el Prat, ya las hubo con la anterior contrata (Varecer), y con la anterior a esta (FCC).

Sacyr es la sexta empresa que ha obtenido más presupuesto público entre 2016 y 2020 en las licitaciones otorgadas en Catalunya en infraestructuras de movilidad, advierte DESC. Recibió un total de 116 millones. La primera fue ACS, emporio de Florentino Pérez, que obtuvo 211 millones. Le siguió Siemens con 164 y Ferrovial con 141 millones. 

“El auge de este modelo ha supuesto una reducción del precio de los servicios adjudicados a empresas, bajo una narrativa que pretendía hacer más competitivos los servicios y la gestión pública”

Los nuevos amos del mundo

Martín Cúneo

23

Fondos de inversión

Fondos de inversión Los nuevos amos del mundo

Martín Cúneo

23

Con la ayuda de los gobiernos y los bancos centrales, los grandes fondos de inversión se han lanzado a la conquista del mundo. Hoy ya controlan casi todos los sectores de la economía.

El jefe de todo esto

Fondos buitre Deuda y fondos de inversión: el mundo no es suficiente

El Observatori DESC presentó ayer su informe Mobilitat catalana: l’abast del model d’externalització (Movilidad catalana, el alcance del modelo de externalización). Han analizado 28.724 contratos adjudicados en cinco años para gestionar 3.290 millones de euros. Solo diez grupos empresariales coparon 1.240 de esos millones (el 37% del presupuesto). Y han centrado su mirada sobre el modelo conocido como outsourcing. “Se define como la puesta en práctica de externalizaciones, en la que servicios que podrían ser asumidos internamente por una entidad son gestionados por una empresa externa. El modelo está en auge desde el estallido de la crisis económica de 2008, no solo en Catalunya o en el Estado español. El auge de este modelo ha supuesto una reducción del precio de los servicios adjudicados a empresas, bajo una narrativa que pretendía hacer más competitivos los servicios y la gestión pública. Pero sobre esta narrativa de competitividad se esconde una precarización en las condiciones laborales de las personas que terminan ejecutando esta provisión de bienes y servicios, a menudo a causa de la difícil monitorización de las condiciones en las cuales se ejecutan, como en el caso de las trabajadoras de Renfe o Sacyr en el Prat son algunos de los ejemplos”, indica el informe coordinado por Marta Ribera.

Adif, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Transports Metropolitans de Barcelona, Aena, Port de Barcelona, etc. son algunas de las entidades analizadas, mientras que, entre las empresas adjudicatarias, aparte de las mencionadas anteriormente, se encuentran Stadler, Sorigué, FCC, Ansaldo STS, Acciona y Thyssenkrupp.

El Observatori Desc recuerda que hay trabajos necesariamente licitables —una entidad que gestiona el transporte urbano en autobús no puede fabricarse sus propios autobuses—, pero otros pueden realizarse internamente, como es la limpieza, el mantenimiento y las reparaciones de cualquier entidad pública, bien sea un aeropuerto o una red de ferrocarriles. “Necesitamos políticas públicas que pongan los derechos de las personas trabajadoras en la balanza de la provisión del servicio, ya sea garantizando sus condiciones a través de la internalización de la limpieza o a través de establecer mecanismos para asegurarnos de que existen condiciones dignas en la externalización”, indica el estudio. 

Para ello reiteran la necesidad de limitar obligatoriamente, en vez de voluntariamente, el número de lotes a los que puede licitar una empresa para evitar la concentración de un gran volumen de contratos en pocos actores, así como establecer la obligatoriedad de incluir cláusulas particulares de ejecución, sociales y/o medioambientales, particularmente donde se da un nivel alto de externalización y precariedad laboral. 

Asimismo, el informe destaca el posible conflicto de intereses en las adjudicaciones de Aena: el tercer contratista es Ferrovial, con 15 millones. El fondo de inversiones estadounidense Blackrock controla el 3,4% del capital flotante de Aena, y también el 3% del capital de Ferrovial. “¿Hasta qué punto la presencia de accionistas privados con ciertos intereses condiciona la contratación dentro de empresas mayoritariamente públicas?”, se pregunta el Observatori Desc.