Crisis energética
Cuatro ONG llevarán a los tribunales el apoyo de la UE a las infraestructuras gasísticas

La guerra que las organizaciones ecologistas han declarado contra la ampliación de infraestructuras gasísticas acaba de subir un escalón más. Amigos de la Tierra, ClientEarth, Food & Water Action Europe y CEE Bankwatch Network han decidido emprender acciones legales contra el apoyo que la Unión Europea está dando a 30 proyectos de gas natural.

Mientras en la última Cumbre del Clima de Glasgow tenía lugar el pasado noviembre, la Comisión Europea publicaba la Quinta lista de proyectos de interés común (PIC) en el ámbito de la energía. Estos son infraestructuras consideradas clave para el conjunto de la UE y tienen como objetivo, según señala la propia Comisión, “completar la realización del mercado interior europeo de la energía con el fin de ayudar a la UE a alcanzar los objetivos de sus políticas energética y climática”.

Las infraestructuras integradas en la lista consiguen ventajas como procedimientos acelerados en la concesión de autorizaciones, acceso a la financiación del Mecanismo Conectar Europa  o evaluaciones ambientales “más adecuadas, más rápidas y más racionalizadas”, según señala la propia Comisión.

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El conflicto ha recrudecido una crisis energética que ya venía de antes con el estancamiento de la producción de combustibles fósiles. Aunque la industria gasística parece haberse reforzado a corto plazo, la guerra podría suponer un espaldarazo global para la aceleración de las energías renovables. Aun así, voces del sector alertan: sin decrecimiento no habrá estabilidad ni una verdadera lucha contra la crisis climática.

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Sin embargo, de los 98 proyectos presentados, 30 están relacionados con el gas y su extracción, con un coste global de 13.000 millones de euros. “Buena parte de los proyectos elegidos son propuestas para extraer más gas, una gran negligencia teniendo en cuenta la crisis ecosocial que vivimos y que además le da la espalda al Pacto Verde Europeo”, denuncian desde Amigos de la Tierra.

Gas vs leyes climáticas

La responsable de Justicia climática de esta organización, Cristina Alonso Saavedra, indica que “se trata de una decisión ilegal que atenta de forma directa contra las leyes climáticas de la UE y las obligaciones legales contempladas en el Acuerdo de París”, recordando además que el Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la comunidad científica ya ha dejado claro que para conseguir evitar un calentamiento global superior a 1,5ºC es necesario vetar la construcción de cualquier infraestructura fósil nueva.

Para las cuatro organizaciones, las arcas públicas europeas van a malgastar miles de millones de euros en estos proyectos de gas. Como ejemplo ponen el gasoducto EastMed, que con un coste de 7.000 millones de euros y una longitud de 1.900 km, conectará los yacimientos de gas del Mediterráneo Oriental, desde Israel y Chipre, hasta Italia y Grecia.

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El secuestro de la UE por parte de las grandes empresas significa que la política energética de la Unión se está haciendo con y para la industria del gas, amenazando con décadas de bloqueo de los combustibles fósiles.

Así, si la Comisión se niega a modificar su decisión en un plazo de 22 semanas, las organizaciones anuncian que recurrirán la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “para clarificar su responsabilidad ante los impactos climáticos de estas infraestructuras contaminantes”.

Pase VIP

Para las cuatro ONG el listado de Proyectos de Interés Común otorga al gas “un pase VIP a Europa, cuando se debería plantear su eliminación gradual por tratarse de un combustible fósil”.  También recuerdan que el gas natural es una mezcla de gases fósiles entre los que se encuentra en mayor proporción el metano, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento 85 veces superior al dióxido de carbono. 

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Frente a la búsqueda de la seguridad energética de la UE y la eliminación de los combustibles rusos del cóctel energético de la Unión, desde Amigos de la Tierra recuerdan que existen estudios —como el presentado por el think tank Ember en colaboración con E3G, Regulatory Assistance Project y  Bellona— que afirman que la UE podría dejar de importar gas de Rusia en 2025 sin construir nuevas infraestructuras de gas ni retrasar el fin de las centrales de carbón.