Catalunya
Si Leopoldo López es un preso político, los Jordis ni te digo

“Presos polítics, llibertat” fue uno de los lemas más repetidos en la concentración del pasado martes 17 de octubre en Barcelona. Y no se referían a los presos políticos venezolanos, sino a la entrada en prisión de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, dirigentes de dos de las principales organizaciones de la sociedad civil catalana, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana.

El delito: sedición. En concreto, la jueza Carmen Lamela —la misma que lleva el proceso en el que la Fiscalía ha solicitado más de 300 años de prisión a los jóvenes de Alsasua por una pelea de bar y un tobillo lesionado— les acusa de dirigir y alentar las concentraciones del 20 y 21 de septiembre que intentaron impedir, sin éxito, la detención de 14 altos cargos de la Generalitat por su participación en los previos del referéndum del 1 de octubre.

El diario El País se apresuró —excusatio non petita, accusatio manifesta— a publicar un artículo editorial titulado “Por qué los ‘jordis’ no son presos políticos”. El principal argumento de este periódico es que “no han sido enviados a prisión por sus ideas, sino por un delito de sedición previsto en el Código Penal”.

Según Amnistía Internacional, el hecho de que el Gobierno responsable niegue que se traten de presos políticos es lo habitual: “Los gobiernos suelen afirmar que en su país no hay presos políticos”

Pero, ¿qué es exactamente un preso político? Según Amnistía Internacional, es “todo preso cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades”. Según afirma esta ONG, máxima autoridad mundial en el tema, el hecho de que el Gobierno responsable niegue que se traten de presos políticos es lo habitual: “Los gobiernos suelen afirmar que en su país no hay presos políticos”.

Presos políticos, entonces, son siempre los de otros países. Pero ¿hasta dónde se pueden utilizar los mismos argumentos para acusar a otros países de tener presos políticos y negar que los hay en el propio territorio?

El caso del opositor venezolano Leopoldo López es sintomático. En 2013, días después de la muerte de Hugo Chávez, el partido de Nicolás Maduro ganó las elecciones con un 50,61% de los votos. Entre los líderes de la oposición, destacó rápidamente Leopoldo López, que llamaba a “derrocar al presidente a través de manifestaciones” y “con métodos no pacíficos” que permitan “expresar la frustración” de los jóvenes. Una de esas marchas convocadas por Leopoldo López terminó con la muerte de 43 personas.

¿Es entonces Leopoldo López un preso político? ¿Lo sería según la legislación española? Para resolver el enigma volvemos al artículo de El País en referencia a los 'Jordis': “Su actuación, según el auto judicial, se ajusta al delito de sedición (...) a quienes ‘se alcen pública y tumultuariamente’ para ‘impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes’, o para ‘impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales’”.

Según los criterios del propio medio de Prisa, Leopoldo López no sería un preso político. O en todo caso tan preso político como los ‘Jordis’. En ambos casos, el desencadenante es una manifestación que amenaza el orden establecido y, en ambos casos, las movilizaciones terminaron con distintos tipos de "desórdenes públicos".

En Venezuela murieron decenas de personas; en el caso de Catalunya, algunas patrullas fueron dañadas y varios agentes permanecieron atrapados durante la noche en el interior de uno de los edificios. En el caso de Venezuela, las movilizaciones estaban motivadas, según la oposición al chavismo, por la violación de los derechos humanos, especialmente los democráticos. Con distintos contextos y palabras, las mismas motivaciones invocadas por los defensores del Procés.

Y ahora las diferencias: los responsables de Òmnium Cultural y la ANC llamaban a la desobediencia civil pacífica, mientras que Leopoldo López apelaba a una respuesta “no pacífica”. En otros discursos, como el realizado justo antes de entregarse a la policía, el opositor hacía un llamamiento a la no violencia y al respeto de la Constitución.

Leopoldo, sé fuerte

Distintas figuras de la política española no dudaron en calificar de “preso político” a Leopoldo López y mostrarle públicamente su apoyo, mientras justificaban el arresto de los 'Jordis'.

Hay que felicitarse porque Leopoldo pueda estar en casa con su familia, es un paso adelante. Aún quedan muchos presos políticos en Venezuela

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 8 de julio de 2017

Leopoldo está hoy con su familia, pero bajo arresto domiciliario. Exigimos su libertad, y la de todos los presos políticos venezolanos. https://t.co/c4zDb7VKG4

— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 8 de julio de 2017

📸 Con @liliantintori, en defensa de la democracia y la libertad. #LibertadYa #Venezuela pic.twitter.com/VgmY6Zh9TQ

— Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 15 de marzo de 2016

De fondo, el debate sobre la resistencia y sobre cómo se producen los cambios sociales. El filósofo Fernando Savater daba la clave en una columna en El País, entroncando Venezuela con la lucha contra el Franquismo: “Hace cuatro décadas algunos fuimos delincuentes como Leopoldo López, y creamos discordia hasta que conseguimos una democracia constitucional”. Si cambiamos ligeramente la frase de Savater, poniendo los nombres de los 'Jordis' y lo de "democracia constitucional" lo dejamos en "república catalana", sería perfectamente aplicable a la situación actual.

Y, por supuesto, también sería aplicable a lo que ocurrió la noche del 14 al 15 de junio de 2011, en el 15M barcelonés, cuando miles de personas rodearon el Parlament de Catalunya para intentar impedir la votación de nuevos recortes en los presupuestos de Catalunya. La Generalitat y el Parlament —entre ellos muchos de los que claman hoy por el carácter político de las detenciones y el derecho a la desobediencia antes leyes injustas— apoyaron una demanda que terminó casi dos años después, en mayo de 2013, con una condena de cinco años y medio de cárcel y 7.500 euros de multa para cada uno de los 20 acusados de “delitos contra las instituciones del Estado y atentado”.

Una definición aplicable a decenas y decenas de presos por razones políticas en el Estado español, como Alfon, Andrés Bódalo y, hasta hace unos meses, Arnaldo Otegi.