Catalunya
El juzgado de Figueres decreta el secreto de sumario en los cortes de la AP7 de Tsunami Democràtic

Solo saben qué delitos les imputa la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra: desórdenes públicos, daños y un delito contra la seguridad vial. Pero desconocen la descripción de los hechos. “En estas circunstancias, una defensa justa es imposible”, resume Norma Pedemonte, la abogada de once citados a declarar, de entre los más de 138 investigados por el juzgado de Figueres, que ha decretado la causa bajo secreto de sumario. Convocados por la plataforma Tsunami Democràtic, los investigados están acusados de cortar la carretera de la Jonquera el pasado mes de noviembre, como protesta a la sentencia condenatoria del Procés.

“Estamos hablando de una manifestación pública y notoria. Y, sin embargo, la causa se ha decretado bajo secreto de sumario. No encuentro otro motivo para ello que no sea la intención de querer generar intimidación entre los posibles manifestantes”, añade la letrada, que es miembro del colectivo Alerta Solidària.

Los cuerpos policiales empezaron a enviar notificaciones en enero y las declaraciones arrancaron el martes 18 de febrero en el cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca, un pueblo situado a 30 kilómetros de Barcelona. Continuarán esta semana y la próxima. El juzgado de instrucción número 4 de Figueres ha citado a 138 personas y es el encargado de llevar el caso en esta parte de la frontera, junto con el juzgado número 3 de Girona, que ha citado a otras 61 personas. En Francia, las diligencias se realizan en Perpiñán e investigan a doce manifestantes, explica Xavi Pellicer, miembro también de Alerta Solidària. En total y hasta la fecha, más de 200 personas han sido citadas. Solo el juzgado de Figueres ha decretado el secreto de sumario.

Las personas que han acudido a los cuarteles de la Guardia Civil se han acogido a su derecho a no declarar y al menos diez han expresado su voluntad de no comparecer, como una muestra de desobediencia civil, explican desde el colectivo antirrepresivo de la izquierda independentista catalana.

Las tres causas judiciales de Figueres, Girona y Perpiñán no están aparentemente vinculadas, aunque no ha tenido acceso a las otras dos en las que no existe secreto de sumario, explica Pedemonte. La letrada insiste en que sin conocer las pruebas de las que dispone el juzgado y dónde ubican los agentes policiales a los investigados, no puede ejercer la defensa de sus clientes. “Intentan criminalizar la protesta y transmitir a la ciudadanía que por manifestarte puedes terminar citado por la Guardia Civil”, asegura.

La plataforma Tsunami Democràtic convocó a través de su app una movilización en la AP7 a la altura de la Jonquera, el paso fronterizo entre el Estado español y francés. Entre el 11 y el 13 de noviembre, la carretera quedó cortada 31 horas, con la participación de centenares de personas y de coches. La identidad de los integrantes de la plataforma es desconocida y, en octubre, tras la convocatoria de protesta en el aeropuerto del Prat de Llobregat, el juez de la Audiencia Nacional que investigó los Comités de Defensa de la República, el magistrado Manuel García Castelló, abrió una investigación de la plataforma por “indicios de terrorismo”, en una causa también declarada secreta.