Derecho a la vivienda
La lucha inquilina renace 80 años después

Las huelgas de inquilinos se hicieron tan habituales en las viejas grandes ciudades como la representación en el cine mudo de los malvados caseros, con chaleco y bombín, que tocaban la puerta con el bastón para cobrar el alquiler. Al fin y al cabo, alquilar era lo habitual hasta los años 50 y las protestas de inquilinos hasta la Guerra Civil eran una expresión más de una lucha de clases entre quienes lo tenían todo y quienes no tenían nada que perder.

En Barakaldo en 1905, una huelga de inquilinos acabó en Estado de guerra. En Sevilla en 1919, la Liga de Inquilinos decidió que cada uno de los 33.000 adherentes no pagara la renta hasta conseguir una rebaja del 50%; en Barcelona, en 1931, más de 100.000 hogares participaron en la huelga de inquilinos y 18 personas murieron por la represión; en Tenerife, en 1933, el Sindicato de Inquilinos organizó una de las mayores protestas del movimiento obrero en el archipiélago canario.

Hubo que esperar más de 80 años desde la última huelga de inquilinos en España, para ver, primero en Barcelona y muy poco después en Madrid, el resurgir de las organizaciones inquilinas

Hubo que esperar más de 80 años desde la última huelga de inquilinos en España, para ver, primero en Barcelona y muy poco después en Madrid, el resurgir de las organizaciones inquilinas. Y no era solo un tema de represión. A finales de los 50, se produjo “un cambio de guión impulsado por los tecnócratas franquistas” para promover un modelo basado en propiedad, cuenta a El Salto Marta Ill Raga, activista desde sus inicios del Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) de Catalunya, un colectivo que acaba de cumplir seis años.

Mucho tuvo que ver esta apuesta con lo que Pablo Carmona, investigador de la Fundación de los Comunes, llama la “construcción de un pueblo propietario”, un especie de candado para evitar futuras revoluciones. “Un pueblo que sea propietario tendrá más miedo a perder cosas, necesitará más estabilidad política que garantice su derecho a la propiedad”, explicaba Carmona a El Salto.

Pero este esquema que el franquismo dejó “atado y bien atado”, reforzado por todos los gobiernos democráticos que le siguieron, estalló en 2008 junto con la burbuja inmobiliaria. Vivir en tu propia casa sigue siendo la regla, pero la tendencia ha cambiado. Más de 700.000 familias perdieron sus hogares con la gran recesión y no les quedó otra opción que convertirse en arrendatarios. Nuevas generaciones de jóvenes y no tan jóvenes, migrantes y precarios, descubrieron que ya no había posibilidades de firmar una hipoteca y que alquilar era la única opción, aunque para ello hubiera que dedicar más del 40% del sueldo de media y en algunas ciudades, como Madrid o Barcelona, el 100% de los ingresos.

El desenlace de la gran crisis fue la creación de una “nueva desigualdad”, dice esta fundadora del Sindicat de Llogaters, marcada por el bando en el que cada familia se posiciona en el renacido conflicto entre caseros e inquilinos

El negocio inmobiliario se trasladó de las hipotecas al mercado del alquiler. Los grandes fondos de inversión aceptaron la invitación del Gobierno de Mariano Rajoy y se hicieron con medio millón de pisos. Una invitación que también recogieron las familias de clase alta y clase media-alta, que mejoraron su posición comprando viviendas cuando los precios estaban más bajos. Y se convirtieron en caseros. Su modelo de negocio —básicamente extraer recursos de los arrendatarios— era infalible: para un 20% creciente de la población —un 40% en Barcelona— no había alternativas a unos alquileres que doblaron su precio en unos pocos años.

El desenlace de la gran crisis fue la creación de una “nueva desigualdad”, dice esta fundadora del Sindicat de Llogaters, marcada por el bando en el que cada familia se posicionaba en el renacido conflicto entre caseros e inquilinos que empezaba a definir una época. Pero no fue hasta el lanzamiento de los sindicatos de inquilinos en 2017 cuando la identidad compartida en torno a la condición de persona inquilina se volvió tangible, explica Marta Ill.

No fue hasta el lanzamiento de los sindicatos de inquilinos en 2017 cuando la identidad compartida en torno a la condición de persona inquilina se volvió tangible, explica Marta Ill

La creación de estas organizaciones no se hizo sobre la base de una plataforma o una asociación, sino con el nombre y estructura de un sindicato. No se trata de una elección casual, explica esta activista, ya que la realidad inquilina no es un problema coyuntural y está intrincada en el mismo sistema económico capitalista: “De la misma forma que un trabajador siempre estará expuesto a la explotación laboral, entendemos que los inquilinos están en la misma situación, pero en el plano de las relaciones de propiedad inmobiliaria”. Y además, un sindicato de “inquilinos”, un sujeto político olvidado durante casi 80 años. Un sindicato de inquilinos que busca “generar un antagonismo entre las personas que simplemente quieren utilizar la vivienda para vivir y residir en ella, y las personas o los actores económicos que lo que quieren es lucrarse”.

En sus primeros meses de vida, cuenta Marta Ill, el Sindicat se dedicó a montar la estructura de la organización en una fase, sobre todo, “teórica y discursiva”. Un “gran punto de inflexión”, recuerda, fue la apertura de puntos de atención al público, donde la realidad de las familias que se iban acercando permitió identificar los dos grandes problemas que se convertirían en los ejes de lucha del sindicato. El primero: los desahucios invisibles, “toda aquella gente que tenía que irse a la fuerza de su piso porque le subían al alquiler o finalizaba su contrato sin opciones a renovar”. El segundo: la indefensión de los vecinos que vivían en bloques enteros comprados por fondos de inversión y otros grandes tenedores.

Ante los desahucios invisibles, el Sindicat lanzó en febrero de 2018, la campaña #EnsQuedem! (¡Nos Quedamos!), en una recuperación de la histórica tradición de huelgas de inquilinos de principios de siglo

La búsqueda de herramientas para hacer frente a estos dos problemas terminó con la creación de una auténtica estrategia de acción sindical. Ante los desahucios invisibles, el Sindicat lanzó en febrero de 2018, la campaña #EnsQuedem! (¡Nos Quedamos!), en una recuperación de la histórica tradición de huelgas de inquilinos de principios de siglo. La campaña se convirtió en el “Stop Desahucios del movimiento inquilino”, tal como lo definía el propio Sindicat en el segundo aniversario del colectivo.

“Nos habíamos decidido a cambiar de vida y a dejarlo todo atrás pero finalmente deshicimos las cajas de la mudanza. Decidimos plantarnos. Queremos quedarnos en nuestra casa, donde hemos vivido siempre, y queremos pagar un precio justo para vivir”, decía una inquilina en el vídeo de lanzamiento de la campaña. Los vecinos que se suman a esta estrategia se quedan en sus casas pagando el mismo precio que venían pagando, sin aceptar las subidas abusivas del alquiler en una adaptación de la histórica huelga de inquilinos que sacudió la ciudad hace 90 años. Tanto en Barcelona, como Madrid y otras ciudades, esta estrategia que pasa por decir “me quedo en mi casa”, explica Marta Ill, ha servido para abrir procesos de negociación individual y colectiva, muchas veces con final feliz.

“Debatimos mucho sobre cómo debíamos articular la resistencia, porque vimos que no era posible simplemente dar servicios, limitarnos al asistencialismo. No tenía ningún sentido. Cuando tú tienes una ley que juega en tu contra, un abogado no va a solucionar el problema. No, el problema lo vamos a solucionar encontrando estrategias de desobediencia civil y de movilización que nos permitan seguir avanzando”, dice esta activista.

"Cuando tú tienes una ley que juega en tu contra, un abogado no va a solucionar el problema. No, el problema lo vamos a solucionar encontrando estrategias de desobediencia civil y de movilización que nos permitan seguir avanzando”

La otra forma de lucha del Sindicat de Llogaters es la organización de los inquilinos en los bloques verticales de un solo gran tenedor, los conocidos como bloques en lucha. “Empezamos a sacar información de los catastros y a organizar el problema de los alquileres de forma más proactiva, yendo a buscar problemáticas existentes en bloques de propiedad vertical que sabíamos que tarde o temprano serían el objetivo de compras especulativas”, cuenta.

Un búsqueda “proactiva de conflicto” que tiene efectos no solo en el empoderamiento de la comunidad de vecinos para una negociación colectiva sino en todo el entorno urbano, como ha ocurrido en la Casa Orsola, uno de los conflictos de bloques verticales más importantes de Barcelona, donde “no hay solo una comunidad dentro del edificio en lucha, sino que en el barrio se está generando una solidaridad donde más y más vecinos se están uniendo al movimiento”.

En esta estrategia, la desobediencia es central: “La única forma de contrarrestar este poder es juntarnos, desobedecer las propias leyes y protegernos las unas a las otras a través del apoyo mutuo y de los recursos compartidos”.

Los sindicatos de inquilinos no se han limitado a desobedecer leyes sino que también han conseguido transformarlas

Pero los sindicatos de inquilinos, que han compartido buena parte de estas herramientas en diferentes ciudades españolas, no se han limitado a desobedecer leyes sino que también han conseguido transformarlas. En la reforma de la ley estatal de alquileres de 2019, en la ley catalana de 2020 que regulaba por primera vez el precio de los alquileres y en la Ley de Vivienda de 2023 —leyes que incluían mejoras para los inquilinos—, la influencia de estos colectivos fue determinante. Y no solo a la hora de posicionar los temas —estos sindicatos fueron los primeros en hablar de regulación de los precios del alquiler—, sino también de negociar con los partidos políticos la letra de las leyes, especialmente en la ley catalana de alquileres.

La influencia de los sindicatos de inquilinos en la legislación en materia de vivienda de los últimos años contrasta con una limitada base de afiliados, que no supera unos cuantos miles de inquilinos en todo el territorio español. No es una lucha de masas como las huelgas de inquilinos de principios de siglo XX, pero el análisis de la realidad y la identificación de los problemas de ese renovado sujeto político —el inquilino, la inquilina— y ese conflicto en ascenso con los propietarios es el reflejo de una nueva realidad. Los sindicatos de inquilinos han conseguido explicarla y ponerle nombre, el primer paso para transformarla.