Derecho a la vivienda
Colectivos vecinales denuncian que el 95% de los pisos turísticos en Madrid son ilegales

Prácticamente todas las viviendas de uso turístico en Madrid son ilegales. Al menos eso señalan desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, el Sindicato de Inquilinos, la Asamblea de Bloques en Lucha del Centro Histórico, así como desde diversas asociaciones vecinales del centro de la capital: Lavapiés ¿Dónde vas?, la Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras y la Asociación de Vecinos La Corrala. 

Según estas organizaciones, hasta un 95% de los pisos turísticos carecen de la “preceptiva licencia de actividad y cambio de uso que exige la normativa municipal” por lo que “además de ser cerradas deberían ser multadas”, señalan en un comunicado.

Estos colectivos y asociaciones han lanzado este jueves 14 de noviembre una campaña de denuncia contra 503 de estas viviendas de uso turístico situadas en el centro de Madrid. Según defienden, estas viviendas de uso turístico deberían ser “cerradas” y pagar multas que van de 30.001 a 600.000 euros cada una, sumando entre todas ellas sanciones de entre 30 y 452 millones de euros.

Colectivos y asociaciones han lanzado este jueves 14 de noviembre una campaña de denuncia contra 503 de estas viviendas de uso turístico situadas en el centro de Madrid

“Estas nuevas denuncias responden a la necesidad de volver a poner la discusión en la arena política, ante la aceleración del proceso de expulsión de las vecinas y vecinos del centro, para que las administraciones cumplan con sus propias normativas”, comenta a El Salto Marisa Pérez Colina, integrante de Lavapiés ¿Dónde vas?

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, recuerdan estas organizaciones, establece que “la implantación y desarrollo de una actividad sin licencia es incompatible con la ordenación urbanística” y supone un “infracción grave” que debe ser tramitada por el Ayuntamiento de Madrid,.

Entre las razones que motivan esta campaña, las organizaciones destacan “la inacción de las administraciones madrileñas con los pisos turísticos ilegales, que no paran de aumentar a pesar de las regulaciones existentes” y el “enorme impacto” que supone este uso de las viviendas en la convivencia, en la subida de los precios, en el vaciamiento de los barrios, en la eliminación de servicios básicos y en “su evidente conexión con el proceso especulativo que está sufriendo el Centro Histórico y la ciudad de Madrid”.

“Aquí la Comunidad de Madrid está incumpliendo tanto la Ley del suelo como la ordenación del turismo. Y el Ayuntamiento, que es el que tiene la competencia sobre la ordenación urbanística, podría ahora mismo cerrar el 95% de estos pisos por las infracciones que están cometiendo”, comenta Marisa Pérez de Lavapiés dónde vas.

Los pisos turísticos denunciados se dividen en tres bloques. Los primeros se sitúan en dos edificios, uno en la calle Santa Ana, 6 y otro en la calle Toledo, 77. Según denuncian las organizaciones vecinales y por el derecho a la vivienda, todas las viviendas de uso turístico que poseen los cuatro hermanos que regentan estos edificios son ilegales. Ambos bloques están integrados en la Asamblea de Bloques en Lucha del Centro Histórico, que cuenta en la actualidad con 28 bloques organizados.

Otras 237 viviendas de uso turístico denunciadas pertenecen al mayor operador de pisos turísticos de Madrid, la empresa Friendly Rentals, perteneciente al grupo Awaze, propiedad a su vez del fondo buitre estadounidense Platinum Equity, señalan en el comunicado.

Otros 170 pisos que habían sido denunciadas previamente por las organizaciones vecinales —y que siguen funcionando “sin mayor inconveniente”— se suman a la lista.

“En lugar de perder el tiempo con nuevas regulaciones que no eran necesarias, tenían que haber invertido ese tiempo y ese dinero en ampliar el número de inspectores en Madrid

Pérez Colina es crítica con la administración anterior, considerando que más allá de que la nueva regulación del Ayuntamiento de Carmena “llegó muy tarde”, lo que se hizo fue “marear la perdiz, porque con el ordenamiento urbanístico en la mano podían de facto cerrar estos 95% de pisos turísticos y no lo hicieron. En lugar de perder el tiempo con nuevas regulaciones que no eran necesarias, tenían que haber invertido ese tiempo y ese dinero en ampliar el número de inspectores en Madrid —que ahora es irrisorio— y que se pusieran a visitar las viviendas y cerrarlas. Era tan sencillo como eso, solo hacía falta intención política”.

Para la activista de Lavapiés ¿Dónde vas? también es fundamental señalar a los fondos de inversión que a través de las Socimis están detrás de estos procesos de especulación. “Una jungla de nombres en los cuales te pierdes para empezar a tirar del hilo, y se complica ver bien quién está detrás beneficiándose. Es muy difícil encontrar contra quiénes peleas. Nosotros lo vamos sacando y vamos buscando quién está detrás. Ahora mismo es muy importante denunciar a la Fundación Fusara, a Muflina y al fondo de inversión Azora”, plantea Pérez Colina.