Sanidad pública
Las emigrantes que se quedan fuera de la nueva ley sanitaria

“He tenido 87 contratos de trabajo en España en siete años, hasta que me fui a Inglaterra y supe lo que es un contrato de trabajo indefinido y unas vacaciones pagadas”. Faustina González Borrallo es enfermera integrante del colectivo Marea Granate. Empujada por la precariedad decidió emigrar a Inglaterra y vivió en propias carnes lo que significa la exclusión sanitaria cuando regresó a España de visita. En la era Rajoy, el Real Decreto 16/2012 acabó con la universalidad en la atención sanitaria y los españoles emigrados fueron uno de los colectivos afectados. Hoy, diez años después de esta norma, hay un nuevo proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión para el Sistema Nacional de Salud sobre la mesa. Pero este colectivo denuncia que el derecho a la sanidad universal no se devolverá de manera plena.

La nueva norma, que entraba en el Congreso el pasado 24 de junio y que debe ser debatida en esta cámara, en un nuevo artículo 3.2. d) incluye a las personas con nacionalidad española residentes en el exterior desplazadas temporalmente del territorio, así como a los familiares que les acompañen, como beneficiarios con derecho. Sin embargo, añade un párrafo “ambiguo” que se puede prestar a diferentes interpretaciones en el seno de las comunidades autónomas.  “Para que las personas contempladas en esta letra reciban atención sanitaria con cargo a fondos públicos, esta atención no podrá constituir el motivo de su desplazamiento”, se puede leer. 

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Sara Plaza Casares

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Buenas noticias para los colectivos en lucha contra la exclusión sanitaria, aunque señalan que el contenido, que acaba de aprobar el Consejo Ministerial, aún se puede mejorar.

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La integrante de Marea Granate, que hoy vive en España pero está pensando en volver a emigrar, explica que el cambio en la redacción implica que las urgencias estarán cubiertas pero, ¿qué pasa con el resto de atenciones? “Yo tengo una enfermedad crónica diagnosticada desde el año pasado, necesito revisiones cada tres meses en un servicio especializado. Ahora estoy planteándome volverme a vivir a Inglaterra. Haría coincidir mis viajes a España para ver a mi familia con mis revisiones médicas. Acorde a esta ley yo me quedaría sin asistencia médica. ¿Me van a facturar?”, se pregunta.

“Con el decreto de Rajoy se cambió el modelo sanitario. Pasamos de tener un modelo sanitario centrado en la ciudadanía a tener un modelo de aseguramiento vinculado a tu situación laboral”

El inicio de la exclusión

Pero, antes de llegar a esta situación, González Borrallo repasa como se ha llegado a este callejón del que nunca ven salida. Cuenta que se enteraron de la desactivación de sus tarjetas sanitarias un año después del recorte sanitario del PP, cuando comenzaron a volver a España para visitar a la familia. “Acudí a urgencias y mi tarjeta estaba desactivada”, relata. Como ella, cientos de españoles más cuyos casos recogieron en un informe. “Con el decreto de Rajoy se cambió el modelo sanitario. Pasamos de tener un modelo sanitario centrado en la ciudadanía a tener un modelo de aseguramiento vinculado a tu situación laboral”, explica González Borrallo. Así, la norma incluía como asegurados a los menores de 26 años con cargo a sus progenitores. A partir de esa edad, las personas sin trabajo se quedaban sin tarjeta sanitaria.

Tras observar la cascada de desactivación de tarjetas sanitarias, tener constancia de la firma de compromisos de pago previa asistencia y de la llegada de facturaciones, todo ello mezclado con un sentimiento de desamparo por parte del país de origen, desde Marea Granate comenzaron diversas campañas junto al colectivo Yo Sí Sanidad Universal. El objetivo: volver a la casilla de salida, donde todo el mundo, por el hecho de ser ciudadano o ciudadana, tenía derecho a atención sanitaria.

En este sentido, en 2015 consiguieron la ley de Segunda Oportunidad, la 25/2015. Esta norma intentó enmendar la situación pero de manera parcial. “Solo devolvía el derecho a la atención sanitaria a algunos supuestos. Básicamente era la gente que tenía trabajo. Pero si tú vienes de visita estás trabajando fuera, no en España”, se queja González Borrallo.

Y así es como llegamos a 2018, cuando PSOE intentó arreglar la situación a través del Real Decreto 7/ 2018. Nada más lejos de la realidad. Este decreto establece que las personas que se encuentran de manera “temporal” en nuestro país necesitan un informe de servicios sociales para recibir atención sanitaria. Los emigrantes, por tanto, volvían a quedarse fuera. Aún más, el Real Decreto de Rajoy incluía como excepciones la atención en urgencias, la atención de menores de 18 años y la de embarazadas. Con el Real Decreto del PSOE estas excepciones desaparecían.

Menores sin asistencia

María Almena vive en Francia desde febrero de 2013. Es investigadora y llegó con un contrato para hacer el post doctorado, con los recortes en ciencia de España como telón de fondo. En Francia ha tenido dos hijos que cuentan con nacionalidad española. Cuando retornó a España para disfrutar de parte de su baja maternal fue testigo de la exclusión sanitaria pero no sobre ella, sino sobre uno de sus hijos. “Me fui a España buscando red para maternar y para vacunar a mi hijo tuve muchos problemas y muchas trabas. Tuve que andar de ventanilla en ventanilla hasta que conseguí que le pusiera las vacunas”, explica esta integrante de Marea Granate. Entre el año 2015 y 2016 desde su colectivo documentaron una veintena de casos entre niños y niñas, hijos e hijas de emigrantes.

“La mayor parte de la migración es forzada por la precariedad laboral del panorama español y, luego, nos sentimos expulsadas del sistema de protección social en nuestro propio país”

“La atención sanitaria es un derecho universal de las personas y debería estar cubierta en todo caso sin poner ninguna traba. Me parece que se están vulnerando derechos básicos, en muchos casos de menores”, expresa Almena. Esta investigadora asegura que en su situación sienten una “doble expulsión del sistema”: “La mayor parte de la migración es forzada por la precariedad laboral del panorama español y, luego, nos sentimos expulsadas del sistema de protección social en nuestro propio país”, explica.

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Maikol, las hijas de Desirée, los padres de Alejandra o Valentina representan solo cuatro de las miles de historias de exclusión sanitaria que se reproducen en el país. Los colectivos sociales piden que vuelva la atención universal previa a 2012.

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Hoy por hoy, y con el último decreto del PSOE vigente, la mayoría de Comunidades Autónomas interpretaron la estancia “temporal”, en un mínimo de 90 días en el país. “Actualmente solo tenemos derecho cuando residimos más de 90 días, pero hay una aleatoriedad de casos en función de la comunidad que hace sentir mucha inseguridad al emigrante”, se queja Almena.

Cuando Rajoy presentaba el Real Decreto, conocido posteriormente como el del apartheid sanitario, la amenaza se cernía sobre la población migrante en situación irregular, colectivo que quedaba excluido de toda norma y que ha atravesado y atraviesa una carrera de obstáculos para conseguir asistencia sanitaria. Desde Marea Granate quieren hacer piña en la lucha por la vuelta a la universalidad. “Las personas inmigrantes residentes en España que están a la espera de regularizar su situación administrativa y sus familiares también están excluidas de la sanidad. De igual forma que nosotras cruzamos fronteras en busca de un futuro digno, esas personas también cruzaron las fronteras de sus países de origen en busca de lo mismo, pero desde España les negamos de forma reiterada esa dignidad que se merecen. La ley también debe incluir a estas personas, sin distinción de ningún tipo y sin tener la obligación de pasar ningún tipo de pruebas y obstáculos para ello”, inciden. Porque, a fin de cuentas, en el modelo sanitario deseado todo el mundo debe de ir en el mismo barco.