País Vasco
Osakidetza adjudica el “Canal Ciudadano” de atención primaria a tres consultoras que manipularon contratos

Consultoras, algunas sancionadas por manipular contratos, otras bajo sospecha por prácticas colusorias contra la Administración pública vasca, siguen recibiendo contratos de Osakidetza en el marco de proyectos del Euskadi Next, la iniciativa diseñada para hacer traccionar los fondos europeos. En este caso se trata de PwC, Deloitte, Idom e Ibermática, que hasta el momento acumulan más de 11 millones de euros en servicios externalizados.

Al margen de las dudas de los organismos de competencia sobre la pertinencia de contratar a firmas de un cártel “especialmente dañino para la sociedad al impactar adicionalmente en los fondos públicos” por “estas prácticas fraudulentas”, se suma la preocupación por los dos servicios externalizados a estas consultoras: el plan para crear un “Canal Ciudadano” y “la gestión de activos” del Servicio Vasco de Salud, pilares cruciales de la transformación digital que está llevando a cabo el PNV. 

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Detrás de esta retórica que ofrece soluciones técnicas a problemas políticos, como la privatización, se encuentra el intento de la “Oficina Técnica para la gestión de los proyectos de Atención Primaria” por poner en marcha el programa “Canal del Ciudadano”. Tras décadas de recortes, esta estrategia promovida por el Ministerio de Sanidad y coliderada por Galicia, Canarias y Euskadi, considera que basta con crear una plataforma digital e inteligencia artificial para solucionar el enclenque estado de la atención primaria vasca.

La magnitud de esta iniciativa, principalmente del Estado español, no es baladí. Tiene presupuestados 38.859.663 euros para los años 2022 y 2023 procedentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con fondos del “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la transformación digital y modernización de las comunidades autónomas”.

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El servicio “Canal Ciudadano” se ha incluido en el contrato de “oficina técnica de gestión de proyectos TIC en Osakidetza”, adjudicado a Deloitte por 2,8 millones de euros y cuya duración se prolongará hasta agosto del 2025.

Según reza el contrato, cuenta con financiación de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, “con objeto de cumplir los compromisos adquiridos para llevar a término los proyectos de transformación digital aprobados en programas e iniciativas de Next Generation EU”.

Mientras, Idom ha resultado ser la adjudicataria del “servicio de consultoría y asistencia técnica para la licitación de proyecto de Canal Ciudadano”, un servicio por el que cobró 18.000 euros.

Concretamente, la “transformación digital de la prestación sanitaria en Euskadi” en lo que denominan “un modelo de salud conectada multicanal” aspira a una financiación europea de 88,1 millones. Como afirman los críticos, conseguir dinero público europeo implica de facto la “privatización de la gestión digital” de las infraestructuras sanitarias. Así se explicaría, junto a una visión de “lo público como garante del capital corporativo”, que la oficina técnica para el “Canal Ciudadano” dirigida por Deloitte pretenda operar como “observatorio del mercado tecnológico y de iniciativas de negocio aplicables en Osakidetza”. 

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Dos de las Big Four que forman el cártel norte de consultoras, multadas por la CNMC con 5,6 millones, han sido adjudicatarias de tres contratos por valor de 2 millones para la gestión de activos de Osakidetza, uno de los proyectos europeos de Euskadi Next que cuenta con un presupuesto total de 3,7 millones.

También que, en el marco del “Canal Ciudadano”, haya procedido a externalizar la “contratación de la solución para la atención omnicanal de la demanda ciudadana”. El servicio para aligerar las colas de espera mediante tecnologías digitales, valorado en seis millones de euros, no está adjudicado definitivamente todavía, pero sí hay una propuesta de adjudicación a favor de Ibermática.

Presidida hasta 2013 por José Luis Larrea, exconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco, en la actualidad Ibermática es objeto de investigación por la Autoridad Vasca de la Competencia debido a su presunta participación en un cártel de consultoras que se habría repartido contratos del Gobierno Vasco.

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Aunque en lo que va de año, el sindicato LAB ha logrado paralizar varios expedientes de externalización de Osakidetza por un valor superior a los 160 millones de euros, el Gobierno Vasco no ha dado marcha atrás en su política de privatización de la salud pública.

Hasta ahora, Osakidetza ha adjudicado por 968.000 euros a PwC, dirigida por el exburukide Asier Atutxa con la ayuda de dos exaltos cargos de la Hacienda de Bizkaia, Javier Urizarbarrena y Aitor Soloeta, el “desarrollo de la implantación del Sistema de Información para la Gestión del Mantenimiento de Activos de Osakidetza”. Se trata de otro de los proyectos de Euskadi Next que aspiran recibir 3,7 millones de los fondos públicos europeos. 

Meses antes, tal y como desveló Hordago-El Salto, Osakidetza externalizó el servicio para la implantación del citado sistema, en este caso a Deloitte por 892.980 euros

Meses antes, tal y como desveló Hordago-El Salto, Osakidetza externalizó el servicio para la implantación del citado sistema, en este caso a Deloitte por 892.980 euros. En 2021, Osakidetza también había contratado a PwC con el objetivo de poner en marcha la “oficina técnica para la implantación de la gestión de activos en Osakidetza”, la cual tuvo un coste de 544.500 euros. 

PwC y Deloitte, dos de las Big Four, fueron sancionadas en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con una multa de 5,6 millones debido a una práctica colusoria con la administración pública de Euskadi basada en manipular contratos públicos. La propia Deloitte, al mando de la estrategia vasca para recibir los fondos europeos, alegó entonces que hubo connivencia de la administración con el cártel de consultoras, en el cual también participaba Idom, que fue la firma vasca que recibió una sanción más fuerte, 640.000 euros.

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En las alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el expediente de la CNMC, Deloitte apuntó a la connivencia institucional y culpó a las administraciones públicas de la existencia de un cártel de consultoras. Estas últimas reconocen que no tienen medios necesarios para cubrir con la complejidad de los fondos de Recuperación y Resiliencia.