Monarquía
El Gobierno traza con opacidad la ley de transparencia de la Casa Real

“En nombre de la transparencia se oculta la negociación”, advierte el diputado Jon Inarritu (EH Bildu). Reivindica que el debate sobre la futura ley de la Corona tenga lugar en el Congreso, “el espacio propio donde se debaten las leyes”. Sabe que su reivindicación caerá en saco roto. La socialista Carmen Calvo lidera una negociación que se produce a tres bandas: como parte interesada y afectada, la Casa Real, y para obtener mayoría parlamentaria, el PSOE y el PP. El partido republicano Unidas Podemos está excluido de la conversación.

Pedro Sánchez anunció en diciembre que el Gobierno pretende renovar la imagen de la monarquía española tras las investigaciones judiciales en curso sobre Juan Carlos de Borbón por casos de corrupción. Sin embargo, el Gobierno dista mucho de ejecutar algún cambio, ni aunque sea por probar. 

El rey emérito cumple hoy 280 días fugado a Arabia Saudí, mientras que su esposa pasa gran parte del tiempo en el amable exilio de Reino Unido, lejos de paparazzis. “Ambos siguen gozando de un nivel de protección inaudito por parte de todos los poderes del Estado”, añade Inarritu. El diputado vasco es el político que más interpela a la monarquía en el Congreso de los Diputados con preguntas parlamentarias. El senador valenciano Carles Mulet también ha interpuesto varias, que recientemente han sido contestadas —el 22 y 23 de abril—. 

El Gobierno justifica el pago público de los tres asistentes de Juan Carlos de Borbón en Abu Dabi por la decrepitud del rey emérito y según la normativa que regula Patrimonio Nacional, un reglamento que solo regula bienes, no personas

Hay dos respuestas relevantes. El Gobierno confirmó una vez más que el rey jubilado sigue disponiendo de tres asistentes que sufraga el Estado, tras la información publicada en enero por el eldiario.es.  “Esto se justifica por su estado de salud y avanzada edad, que hacen necesario el apoyo de este personal”, indica la respuesta parlamentaria. Concretamente, los gastos los paga la institución pública Patrimonio Nacional, encargada del mantenimiento y explotación de palacios, jardines y demás bienes considerados nacionales. 

En la otra respuesta, el Gobierno aduce que este personal eventual de confianza trabaja de conformidad a lo establecido en el párrafo 1 del artículo 2 de la Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional. Este párrafo dice así: “Tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen”.

¿Un asistente real es un bien, como un museo, un palacio o un cuadro? “Si esa respuesta es correcta o la que querían dar, el Gobierno viene a decir que los que trabajan para la familia real son propiedad de la familia real”, explica el abogado Daniel Amelang, quien no encuentra relación alguna entre pregunta y respuesta parlamentaria. Puede que porque no haya acomodo legal para dotar económicamente de una asistencia pública a un rey emérito según el actual marco jurídico.

¿Un asistente real es un bien, como un museo, un palacio o un cuadro? “Si esa respuesta es correcta o la que querían dar, el Gobierno viene a decir que los que trabajan para la familia real son propiedad de la familia real”, explica el abogado Daniel Amelang

Su hijo, Felipe VI, le quitó la asignación en marzo de 2020, tras hacerse cargo el Tribunal Supremo de la investigación de las cuentas opacas del rey emérito en el extranjero que reveló su amante, Corinna Larsen, quien ha explicado que recibió del rey emérito 100 millones de dólares (65 millones de euros), la misma cantidad existente en dichas cuentas.

Así que la Casa Real contó que Juan Carlos de Borbón se quedaba sin la remuneración de casi 200.000 euros anuales y que los reyes actuales se congelaban el sueldo. Y fue publicado en muchos medios de comunicación, olvidando transmitir cuál es la fortuna estimada de Juan Carlos de Borbón —The New York Times la valoró en 2.300 millones de dólares en 2012 y Forbes en 2.000 anteriormente debido a sus múltiples trabajos de comisionista, así como el papel que jugó en el abandono de España del Sahara Occidental, un episodio que sigue amparado bajo la ley de secretos oficiales—. 

El exrey sigue envuelto de un manto de opacidad que protege aún sus acciones incluso desde su abdicación en 2014, a pesar de que sobre él ya no pesa el artículo 56.3 de la Constitución Española —“la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”—, y el Gobierno del PSOE —partido monárquico de facto— sigue amparando cualquier estropicio legal en aras de la Corona. 

“Debemos preguntarnos sobre la magnanimidad del Gobierno, pagada por la ciudadanía, claro”, indica el médico Toni Barbarà

La Ley de Dependencia y Juan Carlos de Borbón

Una persona con fortuna económica y el grado de dependencia de Juan Carlos Borbón recibiría cero euros de la Ley de Dependencia, que es la que se encarga de determinar la asistencia domiciliaria que recibe una persona debido a su estado de salud.

Frente a los tres asistentes que el Estado paga al rey para atender su decrepitud sin aparente acomodo legal, dado que los asistentes son seres humanos y no patrimonio, el médico internista jubilado Toni Barbarà, miembro del colectivo por la defensa de los servicios públicos Marea Blanca de Catalunya, interpreta tres problemas: “La evaluación médica de la incapacidad es lo que da acceso a los servicios públicos de dependencia, por lo que nos hemos de preguntar si la ha habido. ¿Este señor ha hecho ese via crucis? En segundo lugar, debemos conocer si se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica. Por último, debemos preguntarnos sobre la magnanimidad del Gobierno, pagada por la ciudadanía, claro. En este acto de desproporción no es que haya trato de favor, sino una complacencia que superar los límites de la amabilidad y resulta ampliamente discriminatoria para la gente que tiene un grado de dependencia 1 y 2 y solo tienen dos horas de dependencia”. 

Fina Salazar, jubilada del Servicio de Atención al Domicilio de Barcelona y activista por la sanidad y los recursos públicos en la Plataforma Servicios Atención Domiciliaria, expone el caso que más le perturbó durante su vida laboral en relación a la ley de Dependencia: “Tuve una persona tetrapléjica que vivía sola y es a la persona que más horas de servicio le han dado, y le dieron tres horas al día. Dos horas por la mañana para levantarla, asearla, recoger los útiles del aseo, hacerle la cama, vestirla, ponerle el pañal, levantarla y dejarla sentada en un sillón en el comedor viendo la tele hasta las 13.30h, cuando venía una compañera que le cambiaba los cojines de la espalda para aliviar la presión y que no se llagara y darle la comida del catering. Esa persona, que solo podía mover la cabeza, pudo pagarse otra hora a la noche para que la acostaran”. 

El rey emérito Juan Carlos de Borbón recibe una asistencia domiciliaria que paga toda la ciudadanía y que jamás obtendría ningún súbdito, ni aunque sus ingresos mensuales ascendieran a cero euros y la dependencia fuera extrema. Mientras, la ley que establecerá el nuevo código ético de la Casa Real sigue una hoja de ruta al margen de la visibilidad.