Medio ambiente
El Defensor del Pueblo admite a trámite un recurso contra el último decreto andaluz de desregulación ambiental

El Decreto-ley 3/2021 de la Junta de Andalucía, promulgado en el Boletín Oficial de la Junta el 22 de febrero con los votos de PP, C’s y Vox, tiene un título que suena bastante lógico: de “agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia”. La letra pequeña, sin embargo, podría no serlo tanto. 

El decreto modifica una serie de leyes, entre ellas la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA). Dos disposiciones terceras del texto son la clave que, según denuncian desde posiciones ecologistas, ha utilizado el Gobierno conservador andaluz para eximir a los proyectos de la preceptiva evaluación de impacto ambiental, un paso habitualmente ineludible para el desarrollo o modificación de un proyecto urbanístico o industrial.

Es la misma senda que el Ejecutivo andaluz siguió con el conocido como ‘decretazo’, el Decreto-ley 2/2020 “de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva” aprobado en abril de 2020, una reforma legal que modificaba una treintena de normas y permitía, entre otros desmanes, la construcción de infraestructuras turísticas en suelos no urbanizables.

Apenas cinco meses después de su publicación, el Defensor del Pueblo de Andalucía ha admitido a trámite una queja sobre el RD 3/2021, interpuesta por Ecologistas en Acción, organización que acusa al Ejecutivo andaluz de favorecer la desregulación ambiental y urbanística “al igual que con el Decreto Ley 2/2020, aprobado también bajo el subterfugio del fomento de la actividad productiva”.

Información clara

“El Defensor del Pueblo va a pedir información a la Junta de Andalucía sobre qué es lo que quiere conseguir con esto, que nosotros lo vemos claro: evitar algunos permisos medioambientales en proyectos concretos”, advierte Eduardo Gutiérrez, portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía. 

El objetivo de la queja es “tumbar todos los proyectos que se aprueben bajo esa ley y que vayan en contra de la legislación estatal y europea”, explica el portavoz. En concreto, denuncian que el DL 3/2021 no recoge las condiciones establecidas en la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Tampoco se atiene a las condiciones establecidas en la legislación básica estatal, de la Ley 9/2018.

Con el contexto de los Fondos de Recuperación de la UE Next Generation, desde Ecologistas denuncian que con el DL 3/2021 se van a evitar algunas autorizaciones medioambientales, “y eso es justo lo que queremos evitar”, señala Guitérrez.

Una de las claves que aportará la información solicitada por el Defensor del Pueblo a raíz de la queja será a qué tipo de proyectos se va a aplicar el nuevo ordenamiento jurídico. “Hay que ver si quieren evitarse, por ejemplo, periodos de alegaciones”, indica Gutiérrez, “lo que sería ilegal según las leyes europea y estatal, con lo que podríamos tumbar la aprobación del proyecto”.

De cara a los proyectos planteados dentro del paraguas de los Fondos Next Generation EU, las organizaciones ambientales llevan meses denunciando la inexistencia de un listado de proyectos a realizar.

Desde Ecologistas en Acción consideran que, con este nuevo decreto del Ejecutivo andaluz, estamos ante “graves e invalidantes vulneraciones en materia de evaluación ambiental tanto del derecho estatal básico como del Derecho de la Unión Europea, que podrían contribuir a generar una indeseable inseguridad jurídica en la tramitación y posterior ejecución de los proyectos subvencionables y dar lugar a un indeterminado número de litigios de consecuencias imprevisibles que podrían dañar seriamente la imagen de Andalucía como región receptora de fondos europeos como Next Generation, en un momento tan crítico como el que vivimos y seguiremos viviendo los próximos años”.